La presidenta electa recibe las credenciales del cargo que jurará el 28 de julio
Como logro no parece gran cosa, pero agotar el mandato de cinco años en la presidencia de Perú es algo que, en la última década, ha quedado fuera del alcance de los ocho que han precedido en el cargo a la derechista Keiko Fujimori, de 51 años. Ese será uno de los principales retos de la primera mujer que llega al poder ejecutivo en las urnas, tras vencer por un estrecho margen de 49.000 votos, menos del 1% del censo, a su rival de izquierdas, Roberto Sánchez. Gobernará al cuarto intento, después de tres derrotas consecutivas, también por la mínima, en un país sumido en la inestabilidad política y fracturado por la desigualdad, las diferencias ideológicas y las tensiones territoriales –el sur del país, empobrecido y de mayoría indígena, es un foco de desafío a su poder–.
Fujimori tendrá que aplicar toda la perseverancia que ha demostrado para llegar a presidenta en convencer a la mitad del electorado que no votó por ella –de hecho, Sánchez fue quien ganó dentro del territorio nacional, y el voto de los peruanos en el exterior inclinó a favor de Fujimori el resultado– de la nueva imagen que empieza a construir.
En el terreno internacional, gobernará rodeada de aliados ideológicos en toda Latinoamérica y de Estados Unidos, que considera la región su ámbito de influencia hegemónico. Con efusivas felicitaciones a la nueva presidenta en redes sociales, el Departamento de Estado puso el acento en un comunicado en la seguridad: “La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”.
La respuesta de Fujimori al embajador estadounidense en Perú fue también entusiasta, ofreciendo “la mejor disposición” ya que, dijo, “estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”. Desde Bukele, en El Salvador, a Milei en Argentina y De la Espriella en Colombia, los presidentes de derecha y ultraderecha latinoamericanos felicitaron a Fujimori.
Desde el cierre de campaña hasta ahora, ha hablado poco y ha medido el tono, que quiere ser conciliador: “iniciar un camino de orden y esperanza”, “buscar la reconciliación y la unidad”, “gobernar para todos los peruanos”. En qué se traducirá todo eso es todavía una incógnita. Pero por ahora ya ha anunciado un plan de preparación frente al fenómeno del Niño, que puede ser más intenso por el cambio climático y ocasionar inundaciones.
Atraer inversión privada e incentivar las pequeñas empresas es otro de sus ejes, por eso una de sus primeras acciones como presidenta electa fue acudir al Banco Central de Reserva. Allí sostuvo una reunión con su presidente, Julio Velarde, y le pidió permanecer cinco años más al frente de la institución. Velarde aceptó la propuesta de inmediato. La decisión busca enviar una señal de continuidad en la política monetaria y de estabilidad a los mercados. No es un detalle menor. Velarde preside el BCR desde el 2006 y, en casi dos décadas, ha visto pasar a diez presidentes de la República. En un país donde se suceden las crisis políticas, Velarde es el rostro más reconocible de la estabilidad económica.
Pero el principal reto de Fujimori conecta con la mayor preocupación de los peruanos, la inseguridad ciudadana. En el último informe de la Fiscalía, se ve la magnitud de la criminalidad en Lima con 152 asesinados en atentados vinculados a extorsiones a conductores, un delito muy extendido que afecta a los transportistas, pero también a pequeños comerciantes entre 2024 y lo que va de año. Fujimori prometió en campaña contundencia contra este delito, y usó el legado de su padre de acabar con el terrorismo en los noventa para luchar contra el crimen organizado de hoy. Planteó, entre otras cosas, atacar la estructura financiera de estas bandas, patrullas con militares en el transporte y que los presos trabajen por su comida.
Desde que los resultados de las elecciones fueron oficiales, el pasado 3 de julio, ha lanzado una cuenta en redes sociales para escenificar el traspaso de poderes, en los que muestra un perfil ejecutivo y expeditivo. Se trata de vídeos cortos en los que ella sale hablando por videollamada o por teléfono con figuras políticas ―conversa, por ejemplo, con el líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, y con de la oposición venezolana, Maria Corina Machado―, presidentes como Milei ―a quien se queja de la burocracia que encuentra en el Estado peruano y a quien le dice que aplicará medidas “parecidas” a las que él ha llevado a cabo en Argentina― y embajadores como el de China.
El partido de Fujimori, Fuerza Popular, es el más disciplinado y con más representantes en ambas cámaras, pero aún así se encontrará con una oposición de izquierda que no ha aceptado su derrota y denuncia fraude electoral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha convocado para este miércoles una marcha. La presidenta electa sabe bien qué terreno pisa. Sabe, por ejemplo, que una parte de la sociedad se ha unido en el pasado en el antifujimorismo, un movimiento heterogéneo y amplio cuyo principal pegamento consistió durante años en cerrarle el paso a la presidencia. La movilización de este grupo no ha sido suficiente en esta ocasión, pero está ahí y agrupa no solo a la izquierda, sino también a colectivos sociales, de derechos humanos y al feminismo.
Es consciente de que parte de la población la considera una de las instigadoras de la inestabilidad política del país a través de la acción de su partido en el Congreso, que acaba de aprobar una ley, impulsada por el fujimorismo, que traslada a la jurisdicción castrense los delitos cometidos por policías y militares, con el potencial de impunidad que eso supone. “Lo que viene es un endurecimiento del poder ejecutivo, amenazar la independencia del resto de instituciones. [El fujimorismo] ya controla el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los militares, la fiscalía…”, indica la politóloga Paula Távara. “Lo más cercano a una oposición institucional es el poder judicial”.
Y sabe, por último, que su apellido, y el controvertido legado de su padre, encienden la polarización y despiertan temores. Sobre todo en dos terrenos, la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. No se trata únicamente de la historia familiar de la presidenta electa —su padre, el autócrata Alberto Fujimori, fue condenado por delitos de lesa humanidad—, sino también del camino que ha seguido su partido Fuerza Popular desde el Congreso, donde ha impulsado leyes para beneficiar a militares y policías investigados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia que azotó al Perú entre los años ochenta y el 2000.
El peso de la historia
El historiador Manuel Burga, que dirigió el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, un edificio levantado frente al océano Pacífico donde fotografías, testimonios y objetos reconstruyen una de las etapas más dolorosas del Perú, cree que es necesario mantener el recuerdo de los abusos cometidos por el terrorismo y las Fuerzas Armadas. Sobre el futuro gobierno de la hija del autócrata, asegura: “No creo que estén interesados en la memoria. Están interesados en la memoria de lo que ellos llaman vencedores del terrorismo y reinstaladores de la democracia”, dice.
Para Burga, los lugares de memoria no deben responder a la voluntad de un gobierno, sino a la de una sociedad que todavía intenta comprender su propia historia. “La riqueza de la memoria está en su diversidad y en la aceptación que tenga en la sociedad civil. Lo que no debe hacer el Estado es fomentar un direccionamiento, porque se convertiría en manipulación de las memorias”. Lo dice mientras subraya que el país todavía tiene cerca de 20.000 personas desaparecidas. Para él, la memoria sigue siendo una tarea inconclusa.
Teresa Carpio, quien dirigió Amnistía Internacional entre el 2000 y el 2004, los años en que cayó el régimen de Alberto Fujimori y el país volvió a la democracia, encuentra muchos paralelismos entre aquel tiempo y el discurso de abrazarse al legado del padre que ha usado la campaña de Keiko Fujimori. “Fue un periodo de nuestra historia en el que no se respetó la independencia de poderes ni los derechos humanos. Al contrario, la idea de orden era controlar a la sociedad, la información y a todas las instituciones”.
Para Carpio, algunas de las leyes promovidas por Fuerza Popular, como la que evita que los policías y militares sean juzgados por el fuero civil, anticipan la orientación que podría asumir el nuevo gobierno. “Son leyes que están en consonancia con todo lo que hizo el padre. Pasamos años haciendo campaña contra la tortura, y la no persecución de periodistas. Pero todo indica que estamos frente a una vuelta al pasado, que ya ha empezado antes de que ella tome el poder”. A unas semanas del cambio de mando, el futuro gobierno aún no comienza a gobernar, pero ya enfrenta una sospecha: que antes de mirar hacia adelante pretenda reescribir el pasado.
Fuente: EL PAIS