El presidente electo anuncia el cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de tres dependencias creadas para sostener el Acuerdo con las FARC
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, le ha declarado la guerra a las entidades creadas para buscar y sostener la paz. El mandatario ultraderechista ha anunciado que, justo en el año en que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, cerrará varias oficinas dedicadas a buscar y sostener las salidas negociadas al conflicto y que, en su lugar, creará un comisionado nacional para la Seguridad. A tres semanas de asumir el poder, marca así como prioridad del próximo Gobierno el recorte del Estado.
Este martes, mientras Rodrigo Londoño -el último jefe de la guerrilla y cabeza del logro que llevó a la desmovilización de 13.000 exguerrilleros— habla en el Congreso Internacional de la Paz, organizado por la Contraloría, el equipo de De la Espriella reproducía un comunicado de prensa que rechazaba el corazón del pacto de 2016. “Ese bandido merece estar preso de por vida”. El antiguo líder del Secretariado de esa guerrilla se refirió en ese foro a las duras amenazas del nuevo Gobierno. “La vida de todos los firmantes está en peligro con esos discursos de odio”.
Según la JEP, son cerca de 460 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016; las investigaciones independientes señalan que en la mayoría de los casos los sospechosos son las disidencias de esa misma guerrilla. La mayoría de esos crímenes ocurrió mientras cumplían su proceso de reincorporación, sin haber vuelto a delinquir, y la ARN tiene registrado que solo el 15% de los desmovilizados han retomado las armas. Por eso, Londoño advirtió este martes que los discursos del nuevo Gobierno ponen en riesgo a quienes hace diez años abandonaron los fusiles.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, creada en 1994 como evolución de una consejería de paz que ya cumplía una década, ha sido desde entonces el canal formal del Estado para negociar el fin del conflicto. A su lado opera la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, encargada del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en 2016, desde la reincorporación de excombatientes hasta las garantías de seguridad. Completan el engranaje la Consejería para la Reconciliación Nacional, que impulsa espacios de encuentro entre víctimas y responsables del conflicto, y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que vigila el respeto a los derechos de la población civil en medio de las hostilidades y también tiene más de tres décadas.
Estas cuatro dependencias, el corazón de la institucionalidad de paz y derechos humanos del Ejecutivo, construida a lo largo de varios gobiernos, desaparecerán o quedarán atadas a una lógica de securitización. De la Espriella adelantó que el Comisionado Nacional de Seguridad se sumará a los ya designados ministros de Justicia e Interior para “desmontar de manera inmediata” los que, dice, son “mecanismos de impunidad amparados en el actual modelo de paz”.
El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó e impulsó el Acuerdo, ha pedido a De la Espriella que “retome el camino de la implementación, no como un legado del gobierno, sino como una política del Estado que beneficia a todos los colombianos”. El mandatario electo no ha dado detalles sobre su plan y, hasta la publicación de este artículo, los dos voceros oficiales de su Gobierno tampoco se pronunciaron al respecto.
El golpe simbólico también ha llegado a otras entidades de las estructuras que ha creado Colombia para intentar superar décadas de conflicto armado. Una de ellas es la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que tiene a cargo el proceso de retorno a la vida civil de más de 11.000 exguerrilleros. Alejandra Miller, su directora, lo explica: “El presidente electo y su equipo de Gobierno han planteado una narrativa peligrosa, según la cual los y las firmantes del acuerdo de paz son lo mismo que las disidencias de las FARC. Eso los pone en un enorme riesgo porque es decir falsamente que han seguido delinquiendo”, señala. Miller habla también como excomisionada de la Verdad, la entidad que por tres años buscó esclarecer los episodios más crudos del conflicto. “Una de las grandes conclusiones que tuvimos es que la paz no era un proyecto de Nación. Nos preocupaba muchísimo encontrar un país que no se une alrededor del propósito de la paz”.
De la Espriella ha anunciado que las entidades desaparecerán el 7 de agosto, pero hay obstáculos legales en el camino. Emilio Archila, quien fue alto consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación del Gobierno de Iván Duque, advierte que la consejería presidencial para la Seguridad no reemplaza la oficina del alto comisionado de Paz. “Hablamos de dos cosas complementarias pero absolutamente distintas. Eso es lo que se necesita de fondo para que no se reproduzcan las violencias, pero tiene que ver lejanamente con un tema de seguridad”.
El abogado explica también que los compromisos no le pertenecen a un Gobierno ni tienen que ver con el Acuerdo de Paz. “Son de Estado”, advierte. “No contar con un centro de gravedad en la presidencia dejan temas altamente relevantes a la deriva, como la reincorporación, el cumplimiento a las víctimas, la implementación de los PDET [Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial]”.
Pero, además, porque muchos de los compromisos están protegidos. En 2017, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución para blindar el Acuerdo de Paz y obligar al Estado a cumplirlo durante tres periodos presidenciales seguidos, hasta 2030, precisamente para ello. Por eso, leyes, decretos o decisiones que vayan en contra del Acuerdo, pueden terminar anulados por la Justicia.
Otro de los tropiezos viene de las instituciones que no forman parte del Ejecutivo ni pueden ser eliminadas por un decreto. La más notoria es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que es la justicia transicional que procesa a excombatientes, exmilitares y algunos civiles por los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado. A diferencia de la Oficina del Alto Comisionado, ese tribunal no forma parte del Ejecutivo y no nació de una reestructuración administrativa, sino de una reforma a la Constitución.
En el pasado, el gobierno derechista de Iván Duque intentó frenar y redirigir la implementación, así como usar el presupuesto como forma de debilitar a las entidades encargadas de llevar a la práctica los compromisos del Acuerdo. Logró empantanar los procesos de reincorporación y ralentizar el inicio del tribunal transicional, pero la implementación superó esa prueba. En ese caso, sin embargo, la Alta Consejería para la Paz no desapareció. Esta vez, con el ultraderechista, el panorama es distinto.
Fuente: EL PAIS