La iniciativa de Sheinbaum de enfrentar a Washington con una respuesta de Estado deriva en una batalla interna, con acusaciones al Gobierno de usar una tragedia humanitaria para proteger a las figuras del oficialismo investigadas
Ni la muerte de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha conseguido una tregua a la polarización en la política mexicana. La apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de cerrar filas y llamar a la unidad nacional frente al Gobierno de Donald Trump, cuando la soberanía y la vida de los connacionales están en juego, ha naufragado. La respuesta de las fuerzas políticas contrarias al oficialismo llegó con rapidez, pero no como se esperaba desde Palacio Nacional. La oposición ha convertido el llamado presidencial en otro frente político de una crisis internacional que apenas comienza.
La conversación en torno a los migrantes mexicanos asesinados en Estados Unidos se ha trasladado a un escenario de disputa doméstica. La presidenta mexicana intentó construir una narrativa de unidad nacional frente a un hecho que su Gobierno considera una violación grave a los derechos humanos. La estrategia busca elevar el caso a una causa de Estado: exigir investigaciones internacionales, promover denuncias ante tribunales estadounidenses y convocar a todos los partidos a cerrar filas en defensa de los connacionales. Desde esta perspectiva, el mensaje parecía simple: frente a una agresión externa, las polémicas en política interna quedan en pausa. Pero esa pausa no llegó.
El primer golpe llegó desde el PRI. Alejandro Moreno, dirigente del partido tricolor, desechó el llamado presidencial con una frase que ha roto cualquier posibilidad de consenso. La convocatoria, dijo, es “una manzana envenenada”. Completó diciendo que “no hay patriotismo detrás de la invitación a la unidad, sino un intento del oficialismo por utilizar la tragedia como una cortina política”. El dirigente priista reprochó al Gobierno que el objetivo detrás de la convocatoria es proteger a “los narcopolíticos de Morena”.
La respuesta del PAN fue menos estridente, aunque igualmente incómoda para Sheinbaum. Jorge Romero, el líder del partido de derecha, respaldó las acciones para proteger a los connacionales e incluso anunció que impulsará un punto de acuerdo para exigir el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Pero recordó que el Gobierno pasó los últimos dos años cancelando cualquier interlocución con la oposición. La unidad, de acuerdo con el panismo, no puede convocarse únicamente cuando resulta políticamente conveniente. Una contestación que dio por cerrada la posibilidad de que los panistas se unan al cierre de filas.
Desde la trinchera de Movimiento Ciudadano han optado por la mesura. Jorge Álvarez Máynez, el dirigente de la agrupación naranja, ha respaldado la exigencia de una investigación exhaustiva. “Las motivaciones no las compartimos, tienen que ver con la defensa de un caso muy específico de impunidad en torno al gobernador Rubén Rocha Moya, pero debemos separar las cosas. La violación de los derechos humanos de agencias de Estados Unidos, que no solo han atentado contra mexicanos, sino contra ciudadanos norteamericanos, es una medida que se debe acompañar”, lanzó el dirigente.
La mandataria y el partido gobernante han decidido responder con el mismo tono de confrontación. Sheinbaum ha condenado la respuesta de la oposición. Lamentó que, aunque la situación ameritaba unidad para condenar y exigir justicia por la muerte de 17 mexicanos en las redadas migratorias, los líderes de oposición se limitaran a descalificarla. “Los presidentes del PAN y del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos”, ha dicho este martes en su conferencia matutina.
Con el mismo tono, la dirigente de la agrupación guinda, Ariadna Montiel, acusó a la oposición de “regatearle” a México la unidad en un momento que, sostuvo, trasciende las diferencias ideológicas. Calificó de “mezquino” el rechazo del PRI y las reservas del PAN al llamado presidencial. De paso sostuvo que, frente a la muerte de connacionales bajo custodia del ICE, la patria debería colocarse por encima de cualquier cálculo partidista.
Aunque las posiciones fueron distintas, el resultado político fue el mismo. El intento presidencial por construir un consenso nacional ha naufragado en la lógica de la confrontación permanente. Morena insiste en presentar la unidad como una obligación nacionalista. Ricardo Monreal, el líder del oficialismo en el Congreso mexicano, llamó a construir una postura común desde la Cámara de Diputados. Mientras, en el Senado, la mayoría oficialista ha anunciado que recurrirá a todas las herramientas del derecho internacional para exigir justicia.
Para el PRI, aceptar esa convocatoria implicaría concederle al Gobierno un liderazgo moral que considera inexistente. La tragedia migratoria no puede, sostiene, borrar las acusaciones que pesan sobre figuras del oficialismo ni convertirse en un paréntesis que ponga en pausa el escrutinio político. Bajo esa lógica, el llamado presidencial dejaría de ser una invitación al consenso para convertirse en una operación para reposicionar al Gobierno como el defensor legítimo de la soberanía nacional.
La oposición que representan PAN y PRI pretende impedir que esa narrativa prospere y mantener el foco sobre los casos de presuntos vínculos con el narcotráfico que enfrenta Morena. Con todo, la situación no deja de ser incómoda para la mandataria mexicana. Su llamado a la unidad nacional frente al conflicto con EEUU ha terminado exponiendo los límites de su capacidad para construir consensos y deja al país en uno de los momentos más delicados de su relación con EEUU sin una narrativa compartida.
Fuente: EL PAIS