Escrito por: Margarita Cedeño
En América Latina celebramos elecciones con frecuencia, renovamos autoridades, discutimos reformas, abrimos procesos constituyentes, judiciales o legislativos, pero amplios sectores de la población siguen sintiendo que la política les pasa por encima. En una región que cumple con sus procesos políticos; pero con una aparente carencia para convertir esos procesos en igualdad real, representación efectiva y bienestar cotidiano.
Es una gran contradicción, porque vivimos en la región más democrática del mundo en desarrollo, con más de cuatro de cada cinco ciudadanos viviendo bajo regímenes electos. Pero esa fortaleza formal convive con la presión de la desigualdad, la desinformación, la crisis de partidos, la polarización y desconfianza institucional. En otras palabras, hay ciudadanía electoral, pero no siempre ciudadanía social.
La política regional se ha vuelto un espejo de la frustración social, donde se aspira a la mano dura, donde se busca el outsider y se persigue la tentación autoritaria. No es casual que la polarización avance con tanta fuerza. Cuando una sociedad se siente abandonada, la política deja de organizarse alrededor de soluciones y empieza a organizarse alrededor de enemigos. El adversario ya no es alguien con quien se disputa una visión de país, sino alguien a quien se debe derrotar moralmente. Es una lógica que puede ganar elecciones, pero rara vez aporta al desarrollo.
La región, de igual manera, arrastra una desigualdad estructural que convierte muchos procesos políticos en competencias desbalanceadas. La CEPAL ha advertido una y otra vez, que América Latina y el Caribe permanece atrapada en una dinámica de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. En 2025 señaló, además, que el 10% más rico concentra el 34.2% del ingreso total, mientras el 10% más pobre apenas recibe el 1.7%. Con esa estructura social, cualquier proceso político nace condicionado a que unos defiendan sus privilegios, mientras otros, apenas, buscan sobrevivir.
En ese contexto, la desigualdad política no consiste únicamente en que unos tengan más dinero que otros. También consiste en que unos tienen más información, más protección, más redes, más tiempo, más acceso y más capacidad de presión, generando que una democracia abierta, en los hechos, esté materialmente restringida, es decir, todos pueden entrar, pero no todos tienen llave.
La alternativa no puede ser renunciar a la democracia. Por el contrario, hay que aspirar a una mejor democracia. América Latina necesita mejor política, procesos electorales más equitativos, financiamiento más transparente, partidos más democráticos, instituciones electorales más protegidas, medios más responsables, educación cívica más robusta y Estados capaces de entregar resultados. Pero, sobre todo, necesita entender que la democracia no puede reducirse al día de la votación.
La democracia empieza desde la escuela, en el hospital, en el barrio, en el empleo digno, en la justicia accesible, en el transporte, en la conectividad, en la posibilidad real de que una persona pobre pueda organizarse, reclamar y ser escuchada sin depender de un padrino político.
Solo así se podrá zanjar la distancia entre la democracia y los ciudadanos, para evitar que cada elección sea un juicio contra el sistema. La gran tarea democrática de América Latina es lograr que, después de contar los votos, el poder se use para cerrar las brechas que hicieron que millones votaran desde la rabia, el miedo o la desesperanza.
Porque una democracia que solo permite votar termina siendo una promesa incompleta, una promesa que ya no aguanta más aplazamientos en una región tan desigual como la nuestra.
Fuente: Listín Diario