Escrito Por: Juan Ariel Jiménez
En menos de una semana, el Gobierno dominicano presentó una reforma fiscal y logró que fuera aprobada por el Congreso en tiempo récord. El argumento principal era claro: necesitaba recursos urgentes para evitar un aumento brusco en los precios de los combustibles, en un momento en que el petróleo rondaba los 100 dólares por barril debido a la crisis en Medio Oriente.
Pero ahora el escenario ha cambiado.
Con el anuncio de paz entre Estados Unidos e Irán, la crisis parece haberse detenido, o al menos entrado en una pausa. El precio del petróleo ha bajado por debajo de los 80 dólares por barril. Y eso obliga a hacer una pregunta legítima: si la reforma se justificó por un petróleo cercano a los 100 dólares, ¿sigue siendo necesaria con un petróleo por debajo de 80?
La pregunta es todavía más válida porque la propia presentación del Ministerio de Hacienda y Economía reconocía que, con un crudo alrededor de 80 dólares, ya no sería necesario continuar “subsidiando” los combustibles. Todavía más grave es el anuncio del Gobierno de mantener congelados los precios por tres meses, aun cuando el petróleo ha diminuido de manera importante. En otras palabras: cuando el petróleo sube, la gasolina sube; pero cuando el petróleo baja, la gasolina se queda cara.
En pocas palabras, el ajuste parece funcionar en una sola dirección: hacia arriba.
Esto no es nuevo. Durante la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno prometió bajar los combustibles si el hidrocarburo caía por debajo de 85 dólares. Esa promesa nunca se cumplió, aunque el crudo permaneció durante casi cuatro años por debajo de ese nivel. Y, para ser justos, este problema no comenzó en esta administración. En República Dominicana, por mucho tiempo, los combustibles han tendido a subir más rápido de lo que bajan.
Por eso, mucha gente se pregunta si no ha llegado el momento de reducir los precios de la gasolina y el gasoil, al menos a los niveles de inicio de año, y pausar la aplicación de la reforma fiscal mientras los precios internacionales se mantengan bajos. Esa sería una medida justa en el corto plazo.
Ahora bien, el Gobierno también podría decir algo técnicamente razonable: nadie garantiza que la paz se mantenga ni que el petróleo siga bajo, y bien pudiera volver a 100 dólares en unas semanas. En un mundo tan inestable, con guerras, tensiones geopolíticas y mercados volátiles, actuar con prudencia y prepararse para escenarios difíciles es lo correcto. Ahora bien, el problema no es la prudencia. El problema es la falta de reglas claras. Para decir la verdad, lo que por décadas hemos tenido es una especie de “rejuego” con el precio de los combustibles. Cuando el crudo aumenta se sube “un poco” la gasolina y se argumenta que se está subsidiando. Pero cuando los precios bajan, no se explica con suficiente claridad por qué esa reducción no llega al precio de los combustibles en igual proporción. En la práctica, este manejo informal funciona como una forma improvisada de estabilizar los combustibles: la gasolina no refleja todo el aumento del petróleo cuando sube, pero tampoco refleja toda la reducción cuando baja.
El gran problema es que los recursos adicionales que recibe el Gobierno cuando el crudo baja no necesariamente se guardan para proteger a la población en el futuro. Muchas veces terminan financiando gasto corriente improductivo: más nómina, pensiones políticas, publicidad, entre otros.
Por eso, en vez de seguir administrando los combustibles con discrecionalidad, la República Dominicana debería crear un verdadero fondo de estabilización de precios de los combustibles.
Mediante este fondo, el país establecería un precio de referencia del petróleo de mediano plazo. Cuando el petróleo suba por encima de ese precio, el fondo usaría sus recursos para evitar aumentos en los combustibles. Pero cuando el petróleo baje por debajo de ese precio, el ahorro se utilizaría para alimentar el fondo.
En pocas palabras, en los momentos buenos se ahorra, y en los momentos difíciles se protege a la población.
Pero para que funcione, este fondo debe tener reglas claras, cálculos transparentes y supervisión ciudadana. Cada dominicano debería poder saber cuánto dinero tiene el fondo, cuánto se está usando, cuánto se está acumulando y bajo qué fórmula se calculan los precios.
Un fondo de estabilización bien diseñado ayudaría a suavizar los precios de los combustibles y, con ello, los precios de muchos bienes y servicios. Porque cuando sube la gasolina y el gasoil, aumenta el costo de producir y transportar bienes y servicios, y el impacto termina llegando al colmado, al mercado, al pasaje, a las MIPYMEs y al presupuesto familiar.
Por eso, estabilizar los combustibles no es un tema técnico alejado de la gente. Es una política para proteger el bolsillo de las familias y la supervivencia de miles de pequeños negocios.
Esquemas similares se han utilizado en países como Colombia, Perú, Chile, Tailandia, Kenia y Ghana. En algunos casos se utilizan fondos administrados por fideicomisos; en otros fórmulas de impuestos variables. Pero todos parten de una misma idea: evitar que cada movimiento del petróleo golpee directamente a la población y, al mismo tiempo, impedir que el Gobierno use los recursos sin transparencia.
Nuestro país puede y debe avanzar hacia ese tipo de institucionalidad. No podemos seguir manejando un tema tan sensible con discrecionalidad y anuncios semanales que nadie termina de entender. El país necesita reglas modernas, previsibles y fáciles de monitorear. Necesita una gobernanza robusta que impida que el dinero de los combustibles termine financiando gasto corriente improductivo. Y necesita un Estado que proteja a la gente sin utilizar cada crisis como excusa para cobrar más y explicar menos. La discusión no debe ser simplemente si se baja o no se baja la gasolina esta semana. La verdadera discusión es si vamos a seguir administrando los recursos públicos con parches, o si vamos a construir esquemas institucionales capaces de darle estabilidad al país.
La República Dominicana ya está más que preparada para una modernización profunda del manejo de los fondos públicos. Ese es el tipo de Estado que debemos construir: uno que ahorre cuando puede, proteja cuando debe y rinda cuentas siempre.
Fuente: Listín Diario