Juan Manuel Martínez Chas, nieto de gallegos emigrados a Argentina durante la Guerra Civil, presenta una queja ante el Defensor del Pueblo y ahora intenta llegar a tiempo para personarse ante el Supremo
Juan Manuel Martínez Chas sabe que quizá no pueda votar en las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Aun así, está dispuesto a hacer todo lo posible para que la Justicia revise la decisión que ha dejado sin sufragio a cerca de 163.000 ciudadanos residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos, entre ellos él. “Aunque no llegue a votar, quiero que esto quede planteado y que algún día, en algún momento, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determine que esto fue una grave violación de un derecho fundamental”, dice desde Buenos Aires.
El tiempo le juega en contra. El Tribunal Supremo ha dado un plazo para personarse en el procedimiento y presentar alegaciones que vence el jueves que viene.
En septiembre, cuando salió la primera resolución judicial del Supremo, este abogado ya presentó una queja ante el Defensor del Pueblo. El martes, con la segunda, amplió su reclamo. Considera que lo que era un riesgo potencial de exclusión, tras la convocatoria de elecciones pasa a ser una vulneración efectiva del derecho de sufragio. “Una vez que pasen las elecciones o que me excluyan del censo, voy a perder la posibilidad de ejercer mi derecho de participación electoral, y eso después no puede ser compensado de ninguna manera”, sostiene. Hasta el momento, asegura, no ha recibido respuesta del Defensor del Pueblo.
Ahora intenta reunir la documentación necesaria para personarse ante el Supremo, con abogado y procurador en Madrid. La distancia y la burocracia complican el proceso. Este jueves intentó sin éxito que lo recibieran en el Consulado de Buenos Aires: le respondieron que no disponen de citas hasta de aquí una semana. Cerrada esa vía, hizo un poder a su letrado a través de una notaria y ahora busca apostillar el documento a término.
La Apostilla de la Haya es obligatoria para dar validez internacional en España a cualquier documento público de otro país. Por regla general, el trámite tarda como mínimo una semana y se ha convertido en el obstáculo más grande para aquellos que, como Martínez Chas, intentan revertir el veto del Supremo. Han chocado también con ese muro otras personas, como algunas que se han acercado en los últimos días al Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) en Buenos Aires. “Cada persona que quiere recurrir tiene que venir con un poder apostillado para poder personarse”, explica el presidente de Cedeu, Juan Manuel de Hoz.
Cedeu había previsto de antemano la situación y este jueves se personaron ante el Supremo. Eduardo Ranz, el letrado de la asociación, alega que prohibir el voto a españoles que se nacionalizaron por la ley de nietos “es discriminatorio” respecto a otros colectivos que se nacionalizaron, como los sefardíes (a quienes entre 2015 y 2019 se les reconoció por ley su derecho a la nacionalidad con la intención de compensar a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV), los brigadistas internacionales que participaron en la Guerra Civil y los propios nacionalizados por la ley de nietos pero que tienen residencia en España.
Algunos ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad a principios de 2023 pudieron votar en las elecciones generales de ese año, pero esta vez no podrán hacerlo. Roberto Cano Pereira, residente en Argentina, es uno de ellos; su hermano, que vive en la Comunidad Valenciana, en cambio, sí que podrá votar. La situación se repite en otras familias con integrantes a ambos lados del Atlántico.
Martínez Chas lamenta la mezcla de decepción y rabia que cunde estos días entre muchos descendientes de españoles. “No me nacionalicé español para conseguir la nacionalidad y un pasaporte. Lo hice por una convicción profunda, por lazos familiares, porque me siento parte de la cultura gallega”, dice. En su opinión, la decisión judicial supone “un nuevo exilio, en este caso de los derechos políticos” para los españoles que viven en el exterior.
Los magistrados del máximo tribunal han suspendido el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión de la demanda iniciada por Vox y Iustitia Europa. El cuestionamiento no es a la ley de nietos sino a una instrucción posterior del Ministerio de Justicia. La ley establece que tienen derecho a adquirir la nacionalidad los hijos y nietos de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual. La instrucción ministerial presuponía la condición de exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
El Supremo ha cuestionado ese criterio y ahora pide acreditar el exilio a aquellos que quieran votar el 29-N. Para Martínez Chas, se trata de una exigencia que ignora las dificultades para documentar una huida ocurrida hace 90 años. “Quien huyó no pensó en armar una carpeta con documentación, se fue con lo puesto”, dice, al detallar que su abuelo salió de Galicia en septiembre de 1936, al inicio de la Guerra Civil.
A este abogado le preocupa que las restricciones a la participación política se normalicen y que los procedimientos judiciales terminen convirtiéndose en un obstáculo insalvable para quienes pretenden defender sus derechos. “Recurrir es también una forma de no aceptar este tipo de políticas, este tipo de manoseos, y de poner coto a algunas pretensiones de politizar la justicia o el ejercicio de los derechos”, afirma.
“Los derechos se defienden en todos los lugares. Hay que luchar hasta la última instancia”, concluye. Sus abuelos huyeron por separado de Galicia y fueron recibidos en Argentina, donde construyeron una vida en común. Él quiere que esa historia familiar mantenga un lugar en España, también cuando se abran las urnas.
Fuente: EL PAIS