Las autoridades del Estado fronterizo autorizan a la Guardia Nacional de Texas el acceso a estas porciones de tierra para mantener la “seguridad operativa” de la frontera sur. La Cancillería mexicana dice que es un asunto federal
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la seguridad en la frontera y detener la inmigración ilegal se han convertido en dos de los principales ejes de su Gobierno. Basado en estos preceptos y de forma unilateral, el Gobierno de Texas ha dado a conocer que se ha apoderado de nueve islas ubicadas en la frontera acuática entre México y Estados Unidos, a la altura de su territorio entre Laredo y McAllen. A través de un comunicado este martes, Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de ese Estado, ha dado la autorización para que el Ejército de esa demarcación pueda acceder a estos pequeños territorios acuáticos “con el fin de mantener la seguridad operativa” de la frontera sur. El Gobierno mexicano ha respondido y ha pedido que se respete el Tratado de Límites entre ambos países, que data de 1970, y afirma que la determinación del límite internacional corresponde solo a la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Buckingham se dirigió en un oficio, el pasado 26 de octubre, al general Thomas Suelzer, comandante y jefe ejecutivo del Departamento Militar de Texas, y al coronel Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de ese Estado. En el documento afirma que, tras recibir una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU con respecto a 28 islas dentro del Río Bravo que anteriormente se consideraban “no reclamadas o cuya propiedad no se había establecido”, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) ha determinado que podrán acceder a las islas, limpiarlas y patrullarlas.
Un portavoz le ha dicho a este diario que la GLO utilizó diversas fuentes para determinar la titularidad de estas islas, entre ellas mapas históricos, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y otros registros geográficos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México le ha señalado a EL PAÍS que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río. Por ello, la pertenencia de las islas puede variar debido a los movimientos naturales del cauce, y corresponde únicamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) determinar el límite internacional. “En ese sentido, cualquier obra o acción que se pretenda realizar en estas islas requiere la consideración y aprobación de ambas secciones de dicha Comisión de conformidad con lo establecido en el Artículo IV del Tratado”, apunta la Cancillería mexicana.
Este diario intentó contactar a la CILA, tanto a la sección de México como a la de EE UU, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta. El Tratado de Límites fue suscrito el 23 de noviembre de 1970 para resolver diferendos limítrofes, restituir al Río Bravo su carácter fronterizo y regular futuros cambios en los cauces de la cuenca.
El argumento de la titular de la GLO, según el oficio enviado, es que “este esfuerzo” da continuidad a su labor para determinar la titularidad de las islas en el Río Bravo y garantizar que las fuerzas del orden puedan acceder a los terrenos propiedad de Texas. “Si bien no hemos confirmado la existencia de actividades delictivas en estas islas adicionales, la experiencia previa ha demostrado que las islas fronterizas pueden ser aprovechadas por cárteles y contrabandistas”, explica un fragmento del documento.
Según el mismo portavoz de la GLO, los acuerdos establecen la forma en que se determina la frontera, incluida su relación con el cauce del río. “Durante años, la titularidad de estas islas no había quedado establecida de manera definitiva, lo que generaba incertidumbre sobre si pertenecían al estado de Texas, al gobierno federal o a México, y dificultaba el acceso a las fuerzas del orden estatales y a las operaciones de seguridad fronteriza”, detalla la respuesta de la dependencia a la solicitud enviada por EL PAÍS.
Rosario Sánchez, directora de la organización sin fines de lucro Aguas Binacionales —una institución de científicos y expertos en agua dedicados a mejorar la resiliencia de este elemento a lo largo de la región fronteriza entre México y Estados Unidos—, explica que las decisiones sobre límites y aguas federales “no es un tema ni una decisión estatal”. Reafirma que la CILA es la única que puede decidir si las islas o el canal del río se mueven dadas las condiciones naturales por erosión, sedimentación o por una inundación, y si constituye o no un cambio a la frontera.
Gabriel Eckstein, académico experto en derecho del agua de la Universidad de Texas A&M, dice que la verdadera pregunta no es si se están apropiando de islas que pertenecen a México, sino más bien: “¿Están reclamando islas estadounidenses? Es decir, ¿pertenecen al gobierno federal o al Estado de Texas?”.
Eckstein, quien también es presidente de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, explica que si una isla formaba parte de Texas cuando este se convirtió en Estado en 1845 y permaneció como territorio estadounidense según el tratado de 1970, podría argumentarse que es propiedad de la demarcación. Pero si una isla fue adquirida por EE UU a México en virtud del tratado de 1970, entonces pertenece al gobierno federal al norte del Río Bravo.
Sin embargo, el académico aclara que afirmar, como lo ha hecho Texas, que “no tenían dueño” es incorrecto, ya que los límites y la titularidad ya estaban establecidos mediante tratados internacionales. “Texas sostiene que estas islas están siendo utilizadas por cárteles, lo que complica la situación, porque intentan ejercer su autoridad debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración ilegal y el narcotráfico”, elabora Eckstein a través de videollamada.
Ya en 2023, la Oficina General de Tierras de Texas declaró la isla Fronton —de 170 acres ubicada en el condado de Starr— como terreno estatal. Tras dicha declaración, el Departamento de Seguridad Pública y el Ejército eliminaron la vegetación mediante la operación Flat Top, lo que contribuyó a desarticular actividades delictivas en el lugar. Por el momento, la decisión se encuentra en el tablero de la CILA.
Fuente: EL PAIS