No menu items!

Los legisladores permiten que les falten el respeto

Comparte esto:

A propósito del impasse de una comisión de diputados en el despacho del ministro de Educación donde este los acusó de irrespetar el protocolo pone sobre la mesa el tema de que con su comportamiento los legisladores le resta calidad a su investidura de primer poder del Estado.

Desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, son varias las resoluciones que senadores y diputados han sometido al Congreso Nacional para invitar a funcionarios del Gobierno a reuniones de comisiones y al pleno de las cámaras legislativas a explicarle a la ciudadanía cómo ha sido su desempeño en las instituciones que representan, las que terminan en controversias o en dimes y diretes.

También han presentado resoluciones de interpelaciones, sin que hasta el momento tengan éxitos, ya que se ven frenadas por maniobras que ellos mismos hacen, dejando clara evidencia de que las posiciones políticas están por encima del deber congresual y el clamor del pueblo que votó por ellos.

El caso más reciente y que cae “como anillo al dedo” a lo explicado recientemente, fue la resolución que sometieron tres diputados de oposición para interpelar al director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, a fin de que explique las razones por las que ciudadanos habían muerto luego de estar custodiados por agentes.

La iniciativa se vio frustrada en su aprobación porque los miembros perremeístas integrantes de la Comisión Permanente de Interior y Policía, aprovechando ser mayoría, votaron para que sea enviada “sin plazo fijo” a la Ofitrel. De eso se cumplieron cuatro meses el pasado viernes y la pieza aún no ha sido remitida a la comitiva, tal como se planeó. Se tomó esta decisión a sabiendas que el mayor general dejó plantado al grupo de diputados que componen dicha comitiva en una reunión que se le había hecho, acudiendo en su lugar el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez.

Otra evidencia palpable de que los representantes del primer Poder del Estado le importa poco el respeto de funcionarios, fue cuando el senador oficialista Antonio Taveras, en esa momento presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, dijo que todos los integrantes de la comitiva quedaron satisfechos con las declaraciones de Gloria Reyes, directora del programa Supérate, quien explicó sobre el fraude cometido en contra del programa en una reunión a puerta cerrada el pasado 11 de mayo.

Taveras aseguró que rendirán un informe desfavorable al requerimiento del senador Yván Lorenzo (PLD), quien sometió una resolución para que ésta acuda al pleno senatorial a ofrecer declaraciones sobre el mencionado caso.

“Como Estado, como Gobierno, cerramos este caso el día de hoy, ya dando las explicaciones al Congreso, como se nos ha solicitado”, aseguró Reyes al salir del encuentro.

El senador Yván Lorenzo sometió, además, dos resoluciones para invitar al pleno senatorial al ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, para explicar procesos de transferencias de capital a fideicomisos públicos, así como para dar detalles del proceso de contratación de página web para servicio de comida, contratación de asesoría “para su imagen” y sobre paraíso fiscal.

Ninguna de estas iniciativas contó con el apoyo de los legisladores oficialistas, quienes son mayoría. Más bien, luego que Lorenzo denunció en plena sesión que el funcionario tenía el 99.65 por ciento de su capital invertido en paraísos fiscales, en el país San Cristóbal y Virgen, los senadores Ginnette Bournigal y Alexis Victoria Yeb salieron en su defensa.

Denuncia comisión de diputados

Ante el inconveniente de Ángel Hernández con integrantes de la Comisión Permanente de Educación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a los comisionados invitar a éste a una reunión al órgano legislativo.

El legislador reaccionó a la denuncia de la diputada Ydenia Doñé Tiburcio, quien dijo que el Hernández “echó de su oficina” a integrantes de dicha comitiva el pasado martes 20 de septiembre. A su salida de la sesión, la congresista explicó que el funcionario se molestó porque los legisladores llevaban consigo grabadoras y fotógrafos.

Ministro desmiente acusación

La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación desmintió mediante una nota de prensa que Ángel Hernández haya desconsiderado y echado de su oficina a los legisladores.

Rafael Alonso, director de Comunicaciones, sostuvo que la denuncia “no se corresponde con la verdad”, ya que los legisladores salieron por su propia voluntad”. Alonso explicó que Hernández concedió recibir a un diputado que le solicitó una cita, y que éste se presentó con otros tres legisladores, tres funcionarios de la Cámara y equipos de prensa, pese a lo cual fueron recibidos por el ministro en su despacho.

Observó que el ministro pidió que las cámaras no fueran usadas y uno de los diputados alegó que son el primer poder del Estado y que tienen su propio protocolo. Ante el alegato, precisó que Ángel Hernández dijo que se trataba de una visita de cortesía y que el protocolo a seguir, sobre todo en su despacho, es el del Ministerio, a lo que los legisladores respondieron marchándose.

La Constitución da esta facultad a legisladores

En los artículos 93 y 94 la Constitución establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de legislar y “fiscalizar” en representación del pueblo, y puede invitar a las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como a cualquier persona física o jurídica. En el artículo 95, les autoriza a interpelar a los funcionarios de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores.

Fuente: El Caribe

Comparte esto:

A propósito del impasse de una comisión de diputados en el despacho del ministro de Educación donde este los acusó de irrespetar el protocolo pone sobre la mesa el tema de que con su comportamiento los legisladores le resta calidad a su investidura de primer poder del Estado.

Desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, son varias las resoluciones que senadores y diputados han sometido al Congreso Nacional para invitar a funcionarios del Gobierno a reuniones de comisiones y al pleno de las cámaras legislativas a explicarle a la ciudadanía cómo ha sido su desempeño en las instituciones que representan, las que terminan en controversias o en dimes y diretes.

También han presentado resoluciones de interpelaciones, sin que hasta el momento tengan éxitos, ya que se ven frenadas por maniobras que ellos mismos hacen, dejando clara evidencia de que las posiciones políticas están por encima del deber congresual y el clamor del pueblo que votó por ellos.

El caso más reciente y que cae “como anillo al dedo” a lo explicado recientemente, fue la resolución que sometieron tres diputados de oposición para interpelar al director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, a fin de que explique las razones por las que ciudadanos habían muerto luego de estar custodiados por agentes.

La iniciativa se vio frustrada en su aprobación porque los miembros perremeístas integrantes de la Comisión Permanente de Interior y Policía, aprovechando ser mayoría, votaron para que sea enviada “sin plazo fijo” a la Ofitrel. De eso se cumplieron cuatro meses el pasado viernes y la pieza aún no ha sido remitida a la comitiva, tal como se planeó. Se tomó esta decisión a sabiendas que el mayor general dejó plantado al grupo de diputados que componen dicha comitiva en una reunión que se le había hecho, acudiendo en su lugar el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez Martínez.

Otra evidencia palpable de que los representantes del primer Poder del Estado le importa poco el respeto de funcionarios, fue cuando el senador oficialista Antonio Taveras, en esa momento presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, dijo que todos los integrantes de la comitiva quedaron satisfechos con las declaraciones de Gloria Reyes, directora del programa Supérate, quien explicó sobre el fraude cometido en contra del programa en una reunión a puerta cerrada el pasado 11 de mayo.

Taveras aseguró que rendirán un informe desfavorable al requerimiento del senador Yván Lorenzo (PLD), quien sometió una resolución para que ésta acuda al pleno senatorial a ofrecer declaraciones sobre el mencionado caso.

“Como Estado, como Gobierno, cerramos este caso el día de hoy, ya dando las explicaciones al Congreso, como se nos ha solicitado”, aseguró Reyes al salir del encuentro.

El senador Yván Lorenzo sometió, además, dos resoluciones para invitar al pleno senatorial al ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, para explicar procesos de transferencias de capital a fideicomisos públicos, así como para dar detalles del proceso de contratación de página web para servicio de comida, contratación de asesoría “para su imagen” y sobre paraíso fiscal.

Ninguna de estas iniciativas contó con el apoyo de los legisladores oficialistas, quienes son mayoría. Más bien, luego que Lorenzo denunció en plena sesión que el funcionario tenía el 99.65 por ciento de su capital invertido en paraísos fiscales, en el país San Cristóbal y Virgen, los senadores Ginnette Bournigal y Alexis Victoria Yeb salieron en su defensa.

Denuncia comisión de diputados

Ante el inconveniente de Ángel Hernández con integrantes de la Comisión Permanente de Educación, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a los comisionados invitar a éste a una reunión al órgano legislativo.

El legislador reaccionó a la denuncia de la diputada Ydenia Doñé Tiburcio, quien dijo que el Hernández “echó de su oficina” a integrantes de dicha comitiva el pasado martes 20 de septiembre. A su salida de la sesión, la congresista explicó que el funcionario se molestó porque los legisladores llevaban consigo grabadoras y fotógrafos.

Ministro desmiente acusación

La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación desmintió mediante una nota de prensa que Ángel Hernández haya desconsiderado y echado de su oficina a los legisladores.

Rafael Alonso, director de Comunicaciones, sostuvo que la denuncia “no se corresponde con la verdad”, ya que los legisladores salieron por su propia voluntad”. Alonso explicó que Hernández concedió recibir a un diputado que le solicitó una cita, y que éste se presentó con otros tres legisladores, tres funcionarios de la Cámara y equipos de prensa, pese a lo cual fueron recibidos por el ministro en su despacho.

Observó que el ministro pidió que las cámaras no fueran usadas y uno de los diputados alegó que son el primer poder del Estado y que tienen su propio protocolo. Ante el alegato, precisó que Ángel Hernández dijo que se trataba de una visita de cortesía y que el protocolo a seguir, sobre todo en su despacho, es el del Ministerio, a lo que los legisladores respondieron marchándose.

La Constitución da esta facultad a legisladores

En los artículos 93 y 94 la Constitución establece que el Congreso Nacional tiene la facultad de legislar y “fiscalizar” en representación del pueblo, y puede invitar a las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como a cualquier persona física o jurídica. En el artículo 95, les autoriza a interpelar a los funcionarios de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores.

Fuente: El Caribe

-Publicidad-spot_img

Lo más leído