Periodistas y familiares de las víctimas del hito que marcó el inicio de la represión chavista declaran en Costa Rica ante el olvido y la cooptación de la justicia en Caracas
La periodista Delvalle Canelón vio desde una azotea en Caracas cómo un grupo de hombres armados y vestidos de civil disparaba contra una multitud que subía por la avenida Baralt. Era el 11 de abril de 2002, una fecha crucial en la convulsión política que inauguró el chavismo. Hugo Chávez acababa de aprobar un paquete de leyes habilitantes para acumular más poder. Parte del país se opuso y un grupo de pistoleros afines al Gobierno defendió a balazos las inmediaciones del Palacio de Miraflores desde el puente Llaguno. Aquel día, 19 muertos y decenas de heridos de bala se convirtieron en el preámbulo del golpe de Estado contra Chávez, quien recuperó la presidencia dos días después. El reclamo de justicia por aquellas muertes ha llegado esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Canelón cubría la manifestación, una de las más multitudinarias de las últimas décadas en Venezuela. La protesta, convocada en el este de la ciudad, marchó por la autopista hasta llegar al centro. La labor de la reportera no terminó con la crónica de esa jornada: años más tarde compareció como testigo en el juicio por el caso. Los hombres que dispararon fueron absueltos y nunca se esclareció lo ocurrido. En su lugar, terminaron en prisión los primeros presos políticos del chavismo: los oficiales de la Policía Metropolitana —liberados este año— y el comisario Iván Simonovis, quien se fugó de su arresto domiciliario en 2019 y hoy vive en el exilio.
Durante la primera audiencia pública de la Corte IDH, que asumió el caso hace dos años, Canelón volvió a relatar lo que vio y vivió. “En una de las audiencias fui al baño. Fue la primera vez que vi cara a cara a las personas que disparaban. Ya sabía sus nombres. Uno de ellos entró y me amenazó, mientras otro esperaba fuera”, declaró ante el tribunal. “Henry Atencio se metió conmigo y afuera se quedó Richard Peñalver. Me amenazó para que tuviera cuidado con lo que iba a decir. Al salir se lo conté a la abogada, que le pidió al fiscal Danilo Anderson que controlara a su gente porque acababan de acosar a la testigo”, agregó.
Atencio y Peñalver figuran entre los cuatro pistoleros identificados en los vídeos y fotografías de aquel día entre la multitud de simpatizantes chavistas congregados cerca de Miraflores. Fueron imputados por intimidación y uso indebido de arma de fuego, pero finalmente resultaron absueltos. Su defensor fue Maickel Moreno, quien más tarde presidiría el Tribunal Supremo de Justicia. Peñalver hizo carrera en la política con el oficialismo y recibió condecoraciones por “defender la revolución”. En 2018 solicitó asilo en España, pero le fue denegado; falleció el pasado junio durante el terremoto de Caracas. Canelón declaró que se volvió a cruzar con ellos en la capital venezolana. La última vez fue hace año y medio, cuando uno de ellos le hizo con la mano el gesto de apuntarle con una pistola para mantener vigente la amenaza.
El 11 de abril marcó varios hitos en la historia reciente de Venezuela. Fue la primera vez que se documentó la actuación de civiles armados como grupos de choque del movimiento chavista. En sus inicios se llamaban círculos bolivarianos; hoy se conocen como colectivos y participan junto a las fuerzas de seguridad en la represión contra la oposición, según han documentado los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. Aquel día, el país presenció también los primeros síntomas de la cooptación del Poder Judicial y la pérdida de su independencia.
Ese mismo año, los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, llevaron el caso al sistema interamericano. Ambos iniciaron su carrera en la defensa de los derechos humanos acompañando a las víctimas del 11 de abril de 2002 y desde entonces han asistido a millares de presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024 tras concluir que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. El tribunal señaló además que el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal fuera legítimo, necesario ni proporcionado, y que las investigaciones no sirvieron para esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables.
Impunidad total
Durante la audiencia celebrada en San José, en Costa Rica, preguntaron a Canelón —actualmente directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela— si sentía miedo al declarar: “Sí, claro. En Venezuela las cosas no han mejorado y quienes están en el Gobierno son los mismos desde hace 27 años con Hugo Chávez”. Ante los magistrados, los letrados denunciaron que la mayoría de los procesos de la justicia venezolana no derivaron en la identificación de responsabilidades ni en sanciones. “No ha habido investigación en Venezuela en relación con estos hechos. Existe una impunidad total que se mantiene hasta hoy”, afirmó Romero. “El 11 de abril de 2002 marcó el comienzo de una estrategia de represión política para controlar el poder. Fue el primer aviso de lo que advertíamos que se convertiría en crímenes de lesa humanidad y en una estrategia estructural, aunque entonces pocos nos creían”.
Junto a Canelón, un grupo de víctimas cuyos familiares han acabado exiliándose de Venezuela ha podido relatar por primera vez ante el organismo internacional lo sucedido. Mohamed Merhi, padre de Jesús Mohamad Capote Espinoza —de 18 años, asesinado aquel día de un disparo en la cabeza—, intervino en los alegatos finales y sostuvo que la impunidad en este caso no es un “accidente”. “Es el resultado de un sistema que ha protegido a los responsables, ha desestimado investigaciones, ha perseguido a las víctimas y a sus familias, y ha dejado a familias enteras sin respuesta durante más de dos décadas”, declaró ante los jueces, tras describir el devastador impacto de la muerte de su hijo.
Los representantes de las víctimas tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 —plazo improrrogable— para remitir por escrito los argumentos finales y sus observaciones en el caso conocido como Trujillo y otros Vs. Venezuela. La Corte precisó que en esta entrega se podrá incluir a las presuntas víctimas que quedaron excluidas del primer expediente, así como la solicitud para el fondo de reparaciones y costas.
Fuente: EL PAIS