En su primer mes de Gobierno, De la Espriella ha resignificado palabras como terrorismo, familia y memoria. La idea de un estatuto antiterrorista y el cambio en el Centro Nacional de Memoria Histórica muestran que la disputa por el lenguaje busca reconfigurar cómo el país cuenta y recuerda la guerra
En su primer mes de Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha revivido un debate de años atrás: ha retomado la etiqueta de terrorismo para referirse a los criminales, y ha empezado a usar el relato oficial sobre el conflicto armado para ella. Ese ha sido uno de los timonazos más claros de la narrativa que el Gobierno ha buscado imponer desde su discurso oficial. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha anunciado que el Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de estatuto antiterrorista que, según su anuncio, pretende crear una lista de las organizaciones ilegales que tendrán etiqueta para llenar un “vacío normativo”. Los primeros en ganarla esa etiqueta serán, según el ministro, las disidencias de las FARC, los mismos grupos cuyos muertos el mandatario ha presentado en un video como prueba del éxito de una operación militar.
Detrás del lenguaje administrativo hay una decisión política de fondo, resumida por el propio De la Espriella cuando anunció que su Gobierno tratará a todas las organizaciones armadas ilegales, sin importar su actuación o funcionamiento, bajo una misma categoría: “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tales”. Esa frase borra de un plumazo distinciones que durante años han ocupado a investigadores, académicos, negociadores y víctimas. Álvaro Villarraga, hasta el año pasado el director técnico para la Construcción de la Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), explica que la entidad no debe tener ninguna adscripción gubernamental. “Es un gran error adscribirlo a una pretensión coyuntural, y más cuando se tiene interés en instrumentalizar la narrativa de un Gobierno”.
Aunque no es claro el contenido de la propuesta que anticipó Lara, su solo nombre evoca claros antecedentes legales y narrativos. En diciembre de 2003, bajo la primera administración de Álvaro Uribe Vélez, el Senado aprobó el Acto Legislativo 223 o Estatuto Antiterrorista, una reforma constitucional que, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, daba al Estado mayores facultades de interceptación de comunicaciones y detención sin control judicial previo. Al año siguiente, la Corte Constitucional lo tumbó al encontrar vicios en su trámite en el Congreso, y Uirbe desistió de la idea. Dos décadas después, la idea de otro estatuto antiterrorista puede no tener la misma carga jurídica, pero sí revive un lenguaje con connotaciones que reverberan también en gobiernos como el de Alberto Fujimori en Perú o el de George W. Bush en Estados Unidos.
Es un cambio narrativo que no se limita a esa propuesta, sino que ha llegado ya justamente al CNMH, una entidad creada para investigar, preservar y divulgar la memoria del conflicto armado y contribuir a la dignificación de las víctimas. Los mensajes en redes sociales de una entidad que tiene una misión pedagógica reflejan ese cambio significativo con el nuevo Gobierno. “Al menos 18.677 niños fueron reclutados por los terroristas de las FARC entre 1996 y 2016. Lo establece la JEP. No es una cifra, son 18.677 infancias arrebatadas”, se lee en un mensaje en X.
Más allá del dato, que es real y viene de los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra miembros de la otrora guerrilla de las FARC por el delito de reclutamiento forzado, sin embargo, el Estado firmó un Acuerdo de Paz con esa antigua guerrilla, en el que reconoció su estatus político y por el que se desmovilizaron más de 13.000 personas. Villarraga explica la consecuencia de retomar un lenguaje que se conoció en Colombia antes de ese acuerdo, y especialmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. “Es un desacierto llamarle a todo terroristas a secas. El Gobierno Uribe cometió el mismo error, pero el fenómeno del conflicto Hay un riesgo de formar una aproximación simplista a un fenómeno tan complejo como las guerrillas en Colombia“. Y señala, además, que hay un interés evidente en visibilizar solo a las víctimas de las FARC, pero no a víctimas de otros grupos armados.
Para la investigadora experta en memoria histórica María Emma Wills, la forma en que se narra el conflicto no es una cuestión neutral. “El campo de la memoria es un escenario de tensiones y luchas constantes. Estas representaciones, aunque se refieren a hechos ocurridos, se producen desde el presente” señala. Explica que la estrategia del nuevo Gobierno es una vieja estrategia de la derecha colombiana. “Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, el Gobierno impulsó una disciplina de lenguaje que reemplazó en los documentos e intervenciones oficiales la categoría de conflicto armado por la de terrorismo. Es exactamente lo que está pasando ahora”, advierte. Para Wills, lo que ocurre es parte de una lucha por imponer una determinada interpretación de lo ocurrido.
Wills, en su libro Memorias para la paz o memorias para la guerra, plantea que en la memoria histórica se define qué será lo oficial y qué será lo apócrifo. “O el Estado apela a los recuerdos de unos pocos, que trazan líneas divisorias entre héroes y villanos y sospechan de la diferencia, o acepta un relato plural de voces diversas en el que quepan todos los que vivieron el conflicto”, cuenta. Vista desde ese marco, la clasificación de las disidencias de las FARC como “terroristas” mientras la comandancia que firmó el Acuerdo sigue respondiendo ante la JEP bajo la lógica de la justicia transicional, no es solo el cambio de narrativa o vocabulario.
Fuente: EL PAIS