Bajo la sombra de posibles nuevos cargos de tortura, el juez escuchará los argumentos para decidir si Flores permanecerá en el penal de Brooklyn o si saldrá bajo fianza
Cilia Flores, esposa del depuesto gobernante Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, acudirá este jueves al tribunal federal de Nueva York que lleva su causa por narcoterrorismo y otros delitos para solicitar que se le conceda el beneficio de arresto domiciliario por razones de salud. También es posible que se les imputen a ambos nuevos cargos relacionados con la detención y supuesta tortura de más de una docena de ciudadanos estadounidenses mientras ellos estaban al mando del país, según reportó CNN este miércoles.
En su solicitud de arresto domiciliario, la defensa alega que Flores sufre de “palpitaciones cardíacas y dolor epigástrico ocasional” y que el pasado 29 de julio tuvo un episodio de intensos dolores en el pecho, que se alivió sin tomar ninguna medicación. En su solicitud también mencionan que ha perdido dos molares y ha perdido más de 25 libras de peso (poco más de 11 kilos).
El pasado 10 de septiembre, los abogados de Flores pidieron que se le permita salir bajo fianza del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra recluida desde su detención el 3 de enero, y esperar en libertad el juicio que comenzará el 1 de junio del año próximo. Ellos proponen que sea trasladada a una residencia privada de Nueva York, donde sería custodiada las 24 horas por guardias armados de una empresa privada y con un brazalete electrónico. El costo que implicaría el alquiler o la compra de esta residencia, dicen, sería pagado por los acusados, que a su vez utilizan fondos públicos de Venezuela para financiar su defensa.
Pero la Fiscalía de Estados Unidos se opone y ha pedido que se le niegue el beneficio porque existe “un riesgo extremo de fuga” y de que no se presente al juicio. En un memorando enviado al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York este 24 de septiembre, los fiscales dan cuatro razones: que Flores es ciudadana de un país que no extradita a sus propios ciudadanos, que no tiene vínculos ni estatus legal en Estados Unidos, que “parece tener acceso a una fortuna considerable” como resultado de actividades delictivas, y que ha participado por décadas en crímenes donde se empleaba la violencia y la intimidación como medios de protección y coerción.
El estado de salud de Flores ya había sido discutido durante la segunda audiencia de presentación que se realizó en Nueva York en marzo pasado. En ese momento, el juez Alvin K. Hellerstein autorizó que Flores fuese sometida a chequeos médicos.
Un mes después, el 23 de abril, Flores fue sometida a una prueba de esfuerzo en el Brooklyn Hospital Center, donde la atendieron tres cardiólogos y recomendaron que se practicara un cateterismo para llegar a un diagnóstico definitivo. Desde entonces, Flores se ha negado a practicarse el examen. Sus abogados dicen que no aceptará el procedimiento hasta que pueda salir bajo fianza y recuperarse bajo arresto domiciliario.
Mientras, la Fiscalía argumenta que si su salud ha empeorado, es precisamente porque no ha querido recibir tratamiento y llevar a cabo un procedimiento que permitiría conocer con certeza en qué estado se encuentra su salud.
“En esencia, ha provocado una situación de dificultad médica que ahora utiliza como argumento para solicitar su liberación”, dicen los fiscales en los documentos judiciales. “La acusada se ha negado durante meses, en contra de las recomendaciones médicas, a someterse a un procedimiento diagnóstico rutinario que permitiría a los profesionales de la salud determinar mejor cualquier tratamiento adicional necesario para su afección cardíaca”, agrega la Fiscalía.
Por solicitud de la defensa, la historia médica de Cilia Flores permanece resguardada bajo sello y lo poco que conoce sobre el tema proviene de los documentos judiciales que se han hecho públicos. A través de estos escritos, la defensa y los fiscales han descrito brevemente cómo es la vida de Flores en el centro de detención de Brooklyn; por ejemplo, que comparte reclusión con otras 40 mujeres y que al menos una vez le tocó ser testigo de un amotinamiento.
Los abogados de Cilia Flores y Nicolás Maduro también han pedido al tribunal federal que reconozca la “inmunidad” de ambos como jefes de Estado, tal y como la administración de Donald Trump reconoce ahora a la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como gobernante interina de Venezuela. Los fiscales alegan que ni la Casa Blanca ni Miraflores han reconocido a Maduro como presidente, de modo que tampoco debe hacerlo la corte federal.
En este sentido, la Fiscalía ha señalado que la administración de Rodríguez nunca demandó por vías diplomáticas la liberación de la pareja ni pidió su inmunidad para que no fuesen juzgados en Estados Unidos. Esta solicitud de inmunidad será tratada en una próxima audiencia, pautada para el 17 de noviembre.
Fuente: EL PAIS