Estados Unidos amenaza con activar más casos contra políticos mexicanos y cerrar consulados en su territorio en la antesala del Mundial y la renegociación del TMEC
La relación bilateral ha escalado a una nueva fase, más crítica y con cada vez con menos espacio de maniobra para México. Tras el golpe del Departamento de Justicia, hace justo una semana, imputando al gobernador de Sinaloa y otros nueve altos funcionarios, todo apunta a que se trata apenas del preludio de una campaña más agresiva de Estados Unidos contra los vínculos entre la política y el crimen organizado. Estos días se han sucedido la publicación de nuevos planes desde la Casa Blanca, declaraciones enfáticas del presidente y el fiscal general en funciones y hasta movimientos que buscan poner cerco al aparato diplomático mexicano al norte de la frontera. La presión es cada vez mayor, no solo por la envergadura de las acusaciones de narcopolítica. En apenas unas semanas arrancan dos citas claves para el triángulo norteamericano, al que hay que añadir a Canadá: el escaparate del Mundial y, sobre todo, las negociaciones para renovar el Tratado de Comercio (TMEC), el salvavidas económico de México.
Ante la avalancha, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum está siendo de momento defensiva, buscando algo de espacio al insistir en los deberes de su contraparte: el tráfico de armas, el mercado de drogas y hasta el desdén ante un puñado de solicitudes de extradición. Desde que inició este nuevo capítulo en la complicada relación bilateral, Donald Trump había mantenido un inusual silencio al respecto. El miércoles rompió su vigilia y, como es habitual, lo hizo con estruendo: “Si ellos (en referencia a México) no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos”. La amenaza cobra todavía más eco al ir acompañada de la hoja de ruta de su particular guerra contra las drogas. Tanto la Estrategia contra el Terrorismo comola Estrategia Nacional contra las Drogas, presentadas esta semana, son el corolario de la campaña de intromisión militar iniciada por la Casa Blanca en países de la región como parte de su resucitada política de “patio trasero”.
En una de sus primeras medidas al llegar al poder, Trump designó a las mafias del narcotráfico como organizaciones terroristas, un salto mucho más que retórico al abrir la puerta a intervenciones militares en terceros países, como ya ha sucedido por ejemplo en las aguas del Caribe con el bombardeo a supuestas narcolanchas. Los documentos publicados esta semana confirman y profundizan esa senda injerencista: “Continuaremos nuestras campañas militares y judiciales contra los carteles designados como organizaciones terroristas. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales si están dispuestos y preparados para trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, haremos todo lo que sea necesario para proteger a nuestro país”.
Para México, la amenaza en el plano judicial ya se ha consumado con la imputación de un juzgado de Nueva York sobre el gobernador -ahora con licencia- Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios de Sinaloa. El Departamento de Justicia ha pedido su captura y extradición bajo la acusación de trabajar a sueldo del Cartel de Sinaloa. Y todo apunta a que no serán los únicos. Este miércoles, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró ―sin dar detalles— que tienen preparadas más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico. Sheinbaum ha vuelto a insistir en “que envíen pruebas”, mientras ha abierto la puerta a una investigación de la justicia mexicana sobre los acusados.
La escalada tiene además una precuela nada desdeñable. Un accidente hace tres semanas en la sierra de Chihuahua reveló que dos agentes de la CIA estaban realizando operaciones conjuntas con la fiscalía estatal. Para Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, esa polémica fue el detonante de todo lo que ha venido después. “La respuesta de la presidenta, envolviéndose en un nacionalismo muy marcado, no sentó bien en la Casa Blanca”, apunta el académico, que en todo caso no cree que haya novedades en el corto plazo: “El acuerdo de extradición con Estados Unidos da 60 días a México para que proceda con la solicitud. Ante la investigación de la FGR, los acusados casi seguro se van a amparar, lo que les va a dar más tiempo todavía”.
Los plazos, además, coinciden con el inicio del Mundial, que coorganizan ambos países junto con Canadá. El torneo de fútbol será, según el académico, “un amortiguador de tensión”. Una tregua para la que ya está casi todo preparado y que se convertirá en la prioridad. “El aparato de seguridad estadounidense ya está aquí, el FBI, la CIA, supervisando los protocolos de seguridad. Están preocupados, por ejemplo con la sede de Guadalajara”. Manaut apuesta a que, hasta después del Mundial, no va a haber ”ningún movimiento, ni detenciones ni destrucciones de laboratorios, por ejemplo”. Sobre lo que pueda suceder después, todo dependerá de la evolución del caso Rocha en Sinaloa. “Si no hay avances creíbles en la investigación mexicana, no es descartable una operación mini Maduro con algún gobernador de los Estados norteños”, apunta el experto sobre el secuestro quirúrgico del presidente venezolano en el propio Palacio de Gobierno en Caracas.
La presión tiene además otra variable crucial. La economía mexicana pasa una peligrosa etapa de anemia y, sumado a la guerra comercial de Trump, el TMEC resulta en este contexto más relevante que nunca. “Con que EE UU decida levantarse de la mesa de negociación, a México no le quedará otra alternativa que hacer alguna concesión en seguridad”, añade Manaut. El Gobierno mexicano ha acelerado la señales de eficacia en el combate el crimen, con un aumento considerable de las detenciones —o la muerte en un operativo de El Mencho, el narco más buscado—, las incautaciones de droga y el envío de casi 100 capos encarcelados a otro lado de la frontera.
El fiscal Blanche aludió a esas entregas durante sus últimas y polémicas declaraciones. “Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos carteles, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos probablemente querrán cooperar y eso podría derivar en cargos adicionales”. Para el analista David Pérez Esperanza, parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “EE UU está haciendo un uso político de las declaraciones de estos detenidos, elevando la presión y dejando muy pocas alternativas”.
Otra vuelta de tuerca a la presión se ha conocido este jueves. Según la cadena CBS, el secretario de Estado, Marco Rubio, está considerando el cierre de algunos consulados mexicanos, bajo la acusación de que la red diplomática busca influir en las elecciones intermedias de noviembre, el gran caballo de batalla de Trump en el corto plazo. Para el analista Esparza, Sheinbaum se enfrenta a un dilema cada vez más ineludible. “O mantener el discurso nacionalista defensivo como jefa del morenismo, o actuar con pragmatismo contra la corrupción, como ya ha hecho sacando del mañana al Fiscal Gertz o a Adán Augusto López”. El combate contra la corrupción, cierra el académico, “es la gran cuenta pendiente de 4T, que solo ha sido de momento una narrativa”.
Fuente: EL PAIS