España negocia con 22 países cómo repatriar a sus nacionales. Quedan incertidumbres sobre los traslados, el fondeo del buque ‘MV Hondius’, su desinfección o las cuarentenas
A dos días de que el MV Hondius llegue a Granadilla de Abona, en Tenerife, quedan todavía varias incógnitas sobre cómo y cuándo acabará cada pasajero en su casa. Está claro que los 14 españoles serán trasladados por un avión militar a Madrid para hacer cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla de Madrid, pero no tanto cuánto durará, ni qué pasará si alguno se negara a aislarse en el centro. Para los otros 133, de 22 nacionalidades, dependerá de las conversaciones con sus gobiernos para recogerlos. Los europeos, Estados Unidos y Reino Unido ya están llegando a acuerdos, pero queda mucho en el aire sobre qué sucederá con los ciudadanos de terceros países. “No va a salir nadie [del barco] que no vaya a salir directamente al aeropuerto para su país de origen”, ha dicho este jueves Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, que ha indicado que Países Bajos será el responsable último en caso de no alcanzar consensos. Tampoco se sabe exactamente cómo ni quién se encargará de la desinfección del navío.
El Ministerio de Exteriores, el de Transportes, el de Interior y el de Sanidad, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas, están ultimando cada paso desde que el crucero alcance la costa canaria, previsiblemente el domingo al mediodía. Lo primero será una revisión médica para comprobar que todos los tripulantes siguen sin síntomas de hantavirus, que hasta el momento ha causado ocho contagios y tres muertes a causa del brote del crucero.
Una exigencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, es que no exista contacto con la población local. Para minimizarla, llegó a un acuerdo con el Gobierno central para que el barco no atracase en el puerto de Granadilla de Abona. Pero esto supone que tendrán que ser recogidos en lanchas, que irán recogiendo a los tripulantes y pasajeros de cinco en cinco. Pedro Gullón, director general de Salud Pública, ha reconocido que esto supone una dificultad logística añadida, aunque sin alterar el riesgo en términos de salud pública. “Serán rondas más lentas, pero tampoco iban a bajar las 140 personas a la vez. Es otra pantalla que tendremos que pasar”, ha dicho.
El sindicato de Trabajadores por los Puertos de Tenerife mantiene protestas y movilizaciones contra la llegada del crucero. Su portavoz, Elena Ruiz, ha mostrado este jueves su desconfianza acerca de la posibilidad de que un barco fondee en las aguas exteriores del Puerto de Granadilla: “En Granadilla no ha habido nunca fondeo debido a sus características. Todos los expertos que hemos consultado, desde los prácticos a los trabajadores, todos seguimos sin saber cómo lo van a hacer”, afirma.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario en los puertos de posible afectación, sin embargo, celebró la decisión de fondear el barco: “Entendemos que esta es la medida más prudente desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y de la protección de las personas que desarrollan su trabajo en los recintos portuarios y de la población en general”, informa Guillermo Vega.
Allí estarán esperándole vehículos puestos a disposición por la naviera, pero “supervisados y custodiados por el Gobierno”, en palabras de Barcones, que los trasladarán al aeropuerto del sur de Tenerife, a apenas 10 minutos. El personal que los traslade tendrá todas las medidas de seguridad para no infectarse, teniendo en cuenta el tipo de transmisión del virus, ha matizado Gullón.
“Tenemos tendencia a pensar que todo lo tenemos que hacer vestidos de astronautas y evocar imágenes de otro tipo de situaciones. La transmisión de persona a persona es bastante infrecuente y se tomarán medidas de acuerdo al tipo de transmisión”, ha aclarado Gullón, que ha añadido que, al ser personas sanas, no requieren vehículos medicalizados ni situaciones “extremas”.
Los pasajeros de los países que ya tengan preparados sus transportes serán repatriados, pero los que no, tendrán que esperar. España negocia a varios niveles. Con los de la Unión Europea o los que están adheridos al mecanismo europeo de protección civil, las autoridades están en una “fase final de negociación para los traslados” de 41 personas, según ha dicho Barcones.
Estos incluyen a ocho países de la UE: Francia (cinco pasajeros), Alemania (siete y un tripulante) Grecia (uno), Bélgica (dos), Países Bajos (seis pasajeros y cinco tripulantes), Irlanda (dos pasajeros), Polonia (un tripulante) y Portugal (un tripulante). Además, tres países están adheridos al mecanismo: Turquía (tres pasajeros), Ucrania (cinco tripulantes) y Montenegro (uno).
Más complicadas son las negociaciones con terceros países. La directora de Protección Civil ha asegurado que están muy avanzadas con Estados Unidos (17 pasajeros) y Gran Bretaña (19 pasajeros y cuatro tripulantes), que ya han mostrado su disposición de mandar aviones. Y en conversaciones con todos los demás: Japón (un pasajero), Nueva Zelanda (uno), Argentina (uno), Rusia (un tripulante), Filipinas (38), India (dos) y Guatemala (uno).
En el caso de los filipinos, la tripulación más numerosa, un portavoz de sus autoridades sanitarias ha asegurado que será el operador del buque el responsable de la repatriación, según publica el diario Iniquirer.net.
Barcones ha dejado claro que, en caso de no llegar a acuerdos con estos países, la responsabilidad recaerá en Países Bajos, el país de bandera del barco, tal y como establece el Derecho Marítimo. “Holanda desde el primer momento y de manera absolutamente responsable ha asumido el papel que tiene y que le corresponde. Podría darse la situación de que el país de origen de alguien, especialmente en la tripulación, no hiciera el envío de aeronave y sería [Países Bajos] el que se responsabilizaría”, ha asegurado.
La siguiente pantalla y también la siguiente incógnita es la desinfección del buque y su traslado a Países Bajos, para lo que requerirá de tripulación a bordo. “Estamos [estudiando] los protocolos de desinfección para ver cómo sería de mejor manera, también colaborando con las Canarias, hablando con nuestros servicios de sanidad exterior y con organismos internacionales, incluidos los que tienen que ver con el barco”, ha asegurado Gullón.
Una vez que tanto los viajeros como los tripulantes y el propio navío estén en sus países, queda por determinar cómo serán las cuarentenas. El director de Salud Pública ha explicado que se está estudiando el tiempo en el que los pasajeros españoles deberán permanecer sin contacto con otras personas. “Tenemos que valorarlo según el periodo de incubación del virus, cuando es más probable que se produzcan síntomas para no alargar el tiempo que desde el punto de vista de la salud pública pueda ser necesario”, ha explicado.
El hantavirus puede estar incubándose hasta 45 días aunque, por lo que se sabe de la variante de los Andes, la única que se contagia entre humanos y la que se ha registrado en el crucero, el periodo de contagio suele estar en torno a 48 horas antes y después de presentar los síntomas, que se suelen parecer a los de cualquier infección respiratoria.
La idea es que los 14 españoles sigan el protocolo de forma voluntaria. En caso de que no fuera así, el Ministerio de Sanidad prepara un informe jurídico para articular estos confinamientos. Sostiene el departamento que España cuenta con base legal suficiente para actuar ante un buque internacional con personas infectadas o potencialmente infectadas por un virus, al tratarse de una cuestión de sanidad exterior y de riesgo para la salud pública.
El ministerio menciona la Ley Orgánica 3/1986 permite “adoptar medidas urgentes de reconocimiento, tratamiento, hospitalización, control o cuarentena de enfermos y contactos”. También argumenta que la Ley General de Sanidad atribuye al Estado la competencia exclusiva en sanidad exterior y le faculta para coordinar a las Administraciones ante riesgos nacionales o internacionales.
Sanidad reconoce que estas medidas deben ser proporcionales, motivadas y mantenerse solo el tiempo imprescindible y que, cuando haya restricciones de derechos fundamentales, como una cuarentena obligatoria, será necesaria autorización o ratificación judicial. “Los órganos competentes suelen considerar elemento determinante que las medidas adoptadas se realicen en cumplimiento y con ajuste a los protocolos de actuación existentes, tanto los establecidos por la OMS como los del Ministerio de Sanidad”, subraya este departamento.
Fuente: EL PAIS