El chavismo reconoce la muerte de Víctor Quero: la historia de una desaparición forzada dentro del sistema carcelario de Venezuela
La peregrinación de Carmen Navas, una madre venezolana de 82 años que llevaba nueve meses buscando a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, parece haber llegado a su fin este jueves. La respuesta, después de tanta incertidumbre, la ha dado el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que en un comunicado ha asegurado que el hijo de doña Carmen falleció nueve meses atrás. Quero llevaba desaparecido desde el 1 de enero de 2025, cuando funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a Quero sin orden judicial en Caracas.
Con él suman 22 los presos políticos muertos bajo custodia del Estado en los últimos años. Pero este caso ha sacudido a Venezuela en un momento de aparente distensión del chavismo, y ha generado la condena de activistas y políticos. La historia de lo que le ocurrió a Quero —y a su madre— expone el oscuro laberinto del sistema de justicia venezolano.
Hace meses que Navas, que siempre va perfectamente peinada, con aretes, carga un cartel con la foto de su hijo. Durante ese tiempo se la vio recorrer cárceles y denunciar su desaparición sin recibir una respuesta clara. Ahora la muerte es un hecho, pero las inconsistencias en fechas y en lo dicho —y lo no dicho— en documentos oficiales siembran dudas sobre la actuación de funcionarios, policías, autoridades y jueces que, uno tras otro, le negaron información o le mintieron.
Los detalles de su muerte los conoció Carmen Navas este jueves por la tarde, nueve meses después de que ocurriera y 16 después de que su hijo desapareciera. La información le llegó desde la oficina de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, quien se estrenó en el cargo bajo la promesa gubernamental de la reinstitucionalización del país. González Lobato recibió a Navas el domingo pasado, días después de que la madre hiciera una última protesta en la plaza caraqueña de Altamira exigiendo saber dónde estaba su hijo.
Según el comunicado, Quero, de 51 años, fue trasladado el 15 de julio de 2025 desde la cárcel del Rodeo al Hospital Militar de Caracas con una hemorragia digestiva y fiebre. Murió nueve días después, a las 11.25 de la noche, por una “infección respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Sin notificar a su familia, lo enterraron el 30 de julio. Su lápida es una hoja de papel, y consigna una fecha de muerte distinta a la oficial —tres días después—, según comprobó la periodista Mayorin Méndez, quien ha seguido el caso de cerca y acompañó a Navas al lugar de la tumba.
El Gobierno alega que cuando Quero ingresó al Rodeo, el 3 de enero, no proporcionó datos de familiares y que ninguno se presentó a solicitar visita. La afirmación resulta llamativa: el Estado venezolano dispone de los datos filiatorios de todos sus ciudadanos. El comunicado concluye con condolencias y la promesa de entregar los restos.
La detención que reconoce el Gobierno está fechada el 3 de enero, pero Navas asegura que los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar se llevaron a su hijo sin orden judicial dos días antes, el 1 de enero. Desde entonces recogió sola las pistas sobre su paradero. Entre enero y octubre de 2025 no hubo rastro. Ese mes, la Defensoría del Pueblo le informó, tras consulta formal al Ministerio Público, que Quero permanecía recluido en el Rodeo I —cuando en realidad llevaba tres meses muerto. Navas preguntó 12 veces en ese penal si su hijo estaba allí. Y 12 veces le dijeron que no. Lo buscó de cárcel en cárcel, pero siempre terminaba volviendo al mismo lugar. A cada periodista que se cruzó en el camino le denunció la desaparición.
La pista más clara llegó en enero de este año, de otros presos. El anuncio gubernamental de excarcelaciones masivas —tras la intervención militar de Estados Unidos— llenó las cárceles de familiares en vigilia. A través de ellos, Navas hizo circular una foto de su hijo. Los reclusos que habían compartido celda con él lo reconocieron y le mandaron un mensaje: sí había estado en el Rodeo, lo llamaban El Ruso, y entre julio y agosto estaba muy mal. Le estaba destrozando una enfermedad estomacal. En el penal lo alimentaban únicamente con grano.
La noticia acaparó la conversación pública en Venezuela. La ONG Justicia Encuentro y Perdón solicitó una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La líder opositora María Corina Machado calificó lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta y publicó en redes sociales que se trata del “horror sistemático contra una nación que exige justicia”. La Fiscalía anunció ahora una investigación penal.
La línea de tiempo de las diligencias que hizo Navas ante distintos organismos oficiales revela las grietas del sistema. Según el comunicado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas abrió una investigación el 10 de marzo por la desaparición que ella no había dejado de denunciar durante meses. El 26 de marzo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios dice haber recibido la solicitud de información e iniciado la búsqueda del expediente para determinar el paradero de Quero. Es decir: mientras el Gobierno buscaba como desaparecido a un hombre que ya llevaba meses muerto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgaba medidas cautelares para proteger a Navas y a su hijo. En su incesante búsqueda, también fue hostigada por funcionarios para que dejara de reclamar.
Víctor Quero vendía blue jeans en un mercado informal de Caracas. También vitaminas y productos Herbalife. Con eso sostenía a su madre. Era karateka. Su única hija, de 17 años, vive en Argentina. Ni su familia ni su defensa tuvieron acceso al expediente, pero yendo de oficina en oficina supieron que lo habían imputado por terrorismo y que ya había comparecido ante el Tribunal Segundo de Control en Terrorismo. Según Foro Penal, que asumió su defensa tardíamente, su detención estaría relacionada con su paso por el servicio militar en 2023. Su abogada, Stefanía Migliorini, denunció la opacidad total de las autoridades pese a haber acudido a la Fiscalía y a la Defensoría, y a haber introducido un recurso de habeas corpus que nunca fue admitido.
Dos días antes de conocer la muerte de su hijo, Navas y su defensa agotaron una última carta: solicitaron la amnistía. Se la negaron. Al parecer, el tribunal aún no sabía que Quero estaba muerto. En el documento que les entregaron figuran cargos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Sus abogados añaden que también fue señalado como traidor a la patria y conspirador con gobiernos extranjeros, por supuestos vínculos con la CIA y el Centro Nacional de Inteligencia de España. Además, lo vincularon al excomisario exiliado Iván Simonovis, preso político durante el gobierno de Hugo Chávez que escapó hace años de la prisión domiciliaria.
Con el reconocimiento oficial de su muerte no ha terminado el camino de Navas. Este jueves, con un ramillete de flores en la mano y frente a la lápida de papel, pidió una prueba de ADN para confirmar que el cuerpo que el Gobierno dice que es el de su hijo es realmente él.
Fuente: EL PAIS