Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que los países ricos, junto con grandes empresas, han ahondado la desigualdad global.
“En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19 en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era”. El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo denuncia que estos Estados, junto con grandes empresas, han ahondado la desigualdad global. El informe detalla las causas fundamentales, como la «perniciosa codicia de las empresas y el brutal egoísmo nacional», además del abandono de la infraestructura sanitaria y pública por gobiernos de todo el mundo.
“El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación.?En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años”, aoatiene Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Un dirigente tras otro prometieron ‘reconstruir mejor’ con miras a abordar las desigualdades arraigadas que exacerbaron el impacto de la pandemia. En cambio, lo que hicieron fue representar una trágica fábula de traición y codicia en connivencia con los gigantes empresariales. Aunque el mundo entero se vio afectado, quienes soportaron sus peores consecuencias fueron las comunidades más marginadas, incluidas las de primera línea de la pobreza endémica”.
El rápido despliegue vacunal contra la COVID-19 se interpretó como una panacea científica que ofrecía la esperanza del final de la pandemia para todo el mundo.Sin embargo, insiste el informe, pese a que había producción suficiente para vacunar totalmente a la población mundial en 2021, menos del 4% de quienes vivían en países de ingresos bajos habían recibido la pauta completa al finalizar el año.
«Países ricos como los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos acumularon más dosis de las que necesitaban, mientras miraban para otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas. En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos exorbitantes beneficios de hasta 54.000 millones de dólares y, sin embargo, suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos, añade Amnistía Internacional.
Y no solo farmacéuticas. El informe incide también en empresas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, que, según denuncia, «proporcionaron un terreno fértil para la desinformación sobre la COVID-19, lo que permitió que floreciera la reticencia a la vacunación». Algunos dirigentes políticos también actuaron como superdifusores de desinformación, alimentando la desconfianza y el miedo en su propio beneficio político.
“Las empresas de redes sociales permitieron que sus lucrativos algoritmos difundieran desinformación perjudicial sobre la pandemia, dando prioridad al sensacionalismo y la discriminación frente a la verdad”, asegura Agnès Callamard. “La magnitud de las ganancias que obtuvieron gracias a la desinformación y el impacto que eso tuvo en la vida de millones de personas obliga a esas empresas a rendir cuentas”, añade.
Las personas más perjudicadas
En Sudáfrica, alrededor de 750.000 niños y niñas habían abandonado las escuelas en mayo, más de tres veces la cifra anterior a la pandemia. En Vietnam, las trabajadoras migrantes sufrieron un impacto particular que provocó inseguridad alimentaria y les impidió satisfacer otras necesidades básicas. En Venezuela, la pandemia empeoró una emergencia humanitaria preexistente: el 94,5% de la población vivía en la pobreza de ingresos y el 76,6%, en la pobreza extrema.
“En muchos países del mundo, poblaciones ya marginadas pagaron el precio más alto por las decisiones políticas deliberadas de una minoría privilegiada. El derecho a la salud y a la vida se violaron a una escala masiva; millones de personas tenían dificultades para llegar a fin de mes; muchas perdieron su casa; niños y niñas fueron excluidos de la educación, y la pobreza aumentó”, prosigue Agnès Callamard.
“El fracaso mundial a la hora de ofrecer una respuesta global a la pandemia también creó un caldo de cultivo para mayores conflictos e injusticias. La pobreza creciente, la inseguridad alimentaria y la instrumentalización de la pandemia por los gobiernos a fin de reprimir la disidencia y las protestas quedaron firmemente arraigadas en 2021, favorecidas por el nacionalismo de las vacunas y la codicia de los países más ricos”, continúa.
Por otra parte, el informe destaca los conflictos que estallaron en 2021 y los que persistieron no resueltos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Myanmar y Yemen: «La inacción global a la hora de abordar estos conflictos que se multiplicaban aumentó la inestabilidad y la devastación. La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó patente con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo en Myanmar, ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria. Esta vergonzosa inacción, la parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de Estados poderosos contribuyeron a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, que ha violado de forma flagrante el derecho internacional«.
Amordazar la disidencia
La tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas cobró fuerza en 2021, denuncia el informe: al menos 67 países introdujeron ese año nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión. En Estados Unidos, al menos 36 estados presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión, mientras el Gobierno de Reino Unido proponía el Proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales, que reduciría drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, entre otros medios, con la ampliación de las facultades policiales.
En Rusia, señala el documento, el Gobierno recurrió al reconocimiento facial para practicar detenciones masivas de quienes se manifestaban pacíficamente. En China, las autoridades ordenaron a los proveedores de servicios de Internet que cortasen el acceso a sitios web que “ponían en peligro la seguridad nacional” y bloquearon aplicaciones en las que se hablaba de temas polémicos como Xinjiang y Hong Kong. En Cuba, Esuatini, Irán, Myanmar, Níger, Senegal, Sudán y Sudán del Sur, las autoridades recurrieron a cierres e interrupciones de Internet para impedir que la ciudadanía compartiera información sobre la represión y se organizara en respuesta a ella.
En España
En España, Amnistía Internacional se centra en la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias. “El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. A eso se suma lo que la organización ha denominado como “la otra pandemia”: la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores y personas con problemas de salud mental, que ha puesto en riesgo su salud física y mental y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primaria.
Además, con respecto a la situación de las personas refugiadas, la organización lamenta la doble vara de medir: por un lado, denuncia el informe, el Gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución. “No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla, señala Beltrán. Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2021 hubo denuncias creíbles sobre personas refugiadas y migrantes devueltas ilegalmente a sus países o expulsadas sumariamente en las fronteras de al menos 48 de los 154 países examinados en este informe anual.
Por último, Amnistía Internacional denuncia que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en España por la falta de reforma de la denominada Ley Mordaza; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión de Pablo Hasel por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la corona y a las instituciones del Estado”; o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones, en las que se incluye el uso de pelotas de goma o bolas de foam de forma inadecuada, que provocaron que una mujer perdiera el ojo durante las protestas en Cataluña.
Fuente: LaMarea
