El sumario arroja nuevos detalles sobre supuestos entramados que incluyen referencias a la compra de oro y petróleo más allá del rescate de Plus Ultra
A José Luis Rodríguez Zapatero le queda ahora un complejo camino por delante en la Audiencia Nacional. El expresidente del Gobierno y antiguo líder del PSOE, cuya imputación ha provocado una enorme conmoción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en buena parte de la izquierda española, se enfrenta a una laberíntica e ingente investigación judicial (con conexiones internacionales), que ha escalado finalmente hasta su figura. Su defensa ya pudo acceder este lunes a las miles de páginas que componen el sumario —que se desarrolló en varias fases y en varios tribunales con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción— y que se nutrirá en las próximas semanas de nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que trabajará en el análisis de todo el material intervenido en el registro de su oficina, como documentación en papel, agendas y aparatos electrónicos (discos duros, pendrives, teléfonos…). El juez instructor también ha pedido recabar el contenido de un correo electrónico vinculado a Zapatero desde 2020 a la actualidad.
El acceso al sumario del bautizado como caso Plus Ultra supone un punto y aparte en la causa. Tras imputar a Zapatero la pasada semana, el juez instructor José Luis Calama ordenó levantar el secreto de las pesquisas. Este lunes, tras varios días de espera, las partes pudieron navegar por fin por los detalles de la investigación que sustentó la resolución del magistrado, que puso el foco sobre el expresidente al señalarlo como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para obtener “beneficios económicos” con “la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
Zapatero se tendrá que sentar a las 9.00 del próximo 2 de junio ante el juez Calama, que concluyó que la UDEF y el ministerio público han recabado suficientes indicios contra él como para llamarlo a declarar. Fuentes de su entorno inciden en que el socialista ya se está preparando para ese interrogatorio, aunque siempre tendrá la posibilidad de acogerse a su derecho a no contestar o a responder solo a las preguntas que considere oportunas. La documentación conocida este lunes, a la que tuvo acceso EL PAÍS, desvela que la Policía pidió al magistrado ir mucho más allá la pasada semana: solicitó registrar también la casa del expresidente por considerarla un “centro de dirección operativo” de la presunta red de tráfico de influencias (que derivaría, a su vez, en una supuesta trama de blanqueo). Según los agentes, su domicilio era un “espacio idóneo” para “la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones” que conllevaban “mayor sensibilidad”.
El juez Calama negó el registro de la vivienda del exdirigente del PSOE al declararlo innecesario, pero sí dio luz verde a entrar en su oficina y en la sede de la empresa de sus hijas, What The Fav. En todo ello, el magistrado contó con el respaldo de la fiscal Elena Lorente (conocida por impulsar en su día las pesquisas del caso Rato). “Nos encontramos ante la investigación de una actividad delictiva pluriofensiva, que además de reputarse grave en términos jurídico-penales, genera un amplio y generalizado rechazo por su gran trascendencia económica y social. Esa proporcionalidad encuentra su sostén en los indicios que se han concretado, no tratándose de meras suposiciones o conjeturas”, argumentó el ministerio público.
Fue así como la pasada semana, tras años de pesquisas, se dieron los primeros pasos contra Zapatero. La iniciativa se tradujo en el acceso a la oficina del exjefe del Ejecutivo, donde los agentes localizaron una caja fuerte con múltiples relojes y joyas (collares, pulseras, pendientes, sortijas, broches…), según consta en el acta firmada por los investigadores. La propia secretaria del socialista, María Gertrudis Alcázar, indicó en ese momento que esos bienes provenían de la vivienda del expresidente y su esposa, y que las joyas eran de una “herencia de doña Sonsoles” y “regalos de viajes”. A este respecto, fuentes del entorno del exlíder del PSOE han explicado este lunes que el matrimonio no tiene caja fuerte en su casa desde que se mudó (viven actualmente de alquiler) y usan la de la oficina. Según ahondan estas mismas fuentes, las joyas provienen de viajes, de la familia de la esposa de Zapatero y de la madre del expresidente del Gobierno.
Sin embargo, los agentes se llevaron más material de allí. Según la documentación del sumario, se intervinieron más de una docena de agendas, una veintena de carpetas con documentación, dos hojas manuscritas, al menos dos pendrives, tres discos duros y un teléfono móvil. Los agentes se descargaron igualmente ficheros y correos electrónicos de dos ordenadores, uno usado por cada una de las secretarias. La UDEF tendrá ahora que analizar todo ese material.
Aunque el instructor Calama quiere conseguir aún más información. El sumario incluye otra resolución del magistrado donde ordena recabar todo el contenido desde 2020 del correo electrónico vinculado a la oficina de Zapatero —que gestiona su secretaria Gertrudis Alcázar, según la Policía—. El magistrado también reclama el contenido completo del correo que usaban sus hijas en What The Fav.
Zapatero está “sorprendido” por el contenido de los informes de la UDEF y dice que se siente “ajeno” a todas las acusaciones que se hacen en él. El expresidente se defiende, a través del periodista Luis Arroyo como portavoz autorizado, asegurando que él “no es responsable de los negocios que tenga Julio”. Según el entorno del expresidente, además, el valor de las joyas encontradas en la caja fuerte oscila de los 30.000 a los 50.000 euros.
Las transferencias de dinero
Cuando el expresidente se siente el 2 de junio ante el magistrado tendrá sobre la mesa muchas preguntas. El sumario recoge conversaciones de terceros que le señalan como la vía de entrada en la Administración o como intermediario —“¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”; “Busco cómo llegarle a ZP”; “Acaba de hacerse el puente con ZP”; “Mañana Zapatero interviene directamente”…—. Pero también movimientos de dinero sospechosos, en opinión de los agentes.
Las UDEF ha analizado las cantidades que Zapatero movió en sus cuentas desde 2020 a 2025, que es el periodo temporal que abarca la causa. La Policía detalla 174 transferencias de sociedades investigadas y de otras mercantiles que no están bajo sospecha, que suman un importe total de 2,6 millones de euros. El dinero que, de momento, está seguro bajo el foco son los 490.780 euros que la consultora Análisis Relevante pagó a Zapatero durante cinco años. Esa es, precisamente, la cantidad que el juez ha bloqueado de su cuenta. Pero, además, la UDEF incluye en sus informes otras transferencias por charlas, conferencias o servicios de consultoría (tanto en España como a través de empresas de capital chino); que, en principio, no forman parte de la investigación. Análisis Relevante pagó también 239.755 euros a la empresa de sus hijas —ingresos que sí están bajo la lupa—.
La diana se coloca igualmente en todo el entramado empresarial de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, que los investigadores creen que se pudo usar para mover dinero de forma irregular y que terminaran en la órbita familiar del expresidente. Por ejemplo, unos 760.971 euros que fueron de Plus Ultra a la empresa Caletón Consultores y que terminaron en sociedades de Julio Martínez. También se analizan 380.208 euros que Inteligencia Prospectiva (propiedad de dos hermanos venezolanos) pagó a Martínez Martínez, a pesar de que era una empresa deficitaria con continuas ampliaciones de capital del extranjero. Esa mercantil pagó igualmente 551.760 euros a What The Fav.
La conexión venezolana
Julio Martínez Martínez se ha revelado como uno de los personajes más complejos de esta red. Y con más aristas. Martínez no solo compartía negocios con el expresidente, a través de la consultora que él administraba y con la que le pagaba (Análisis Relevante), sino también viajes y gestiones en Venezuela, que el empresario alicantino dejó anotados en una agenda. Según el sumario, la Policía incautó varias libretas manuscritas por él donde dejaba constancia de “acuerdos, decisiones, compromisos, responsabilidad, plazos y acontecimientos del más alto nivel” en el país. La UDEF considera que esas notas “revelan una posible intervención [de Martínez] en decisiones estratégicas de carácter público” en el Estado americano, como la “repatriación de Edmundo González” o la “liberación de presos”.
Los agentes encontraron “otro grupo documental” con apuntes en una hoja denominada “Temas de interés”, en la que “refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados”. En color rojo aparece la expresión “(10%)” y “anotaciones sobre la compraventa de oro”, junto a la frase “Bandes debe estar disimulado”. “Bandes”, según los agentes, hace referencia al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.
En el registro de la casa de Martínez, los agentes encontraron 286.070 euros repartidos en una bolsa de golf (10.000 euros), en un radiador (50.000 euros), en una cajonera (30.000 euros), en una caja de vasos (25.000 euros) o en el baño, entre otros lugares. Los agentes utilizaron perros que señalaron todos los puntos de la vivienda donde había billetes. Además, fueron incautados 10.000 euros en una serie de sobres con caracteres chinos. Y se requisaron cuatro ordenadores y 12 teléfonos móviles, así como nueve relojes de lujo y documentación.
Martínez Martínez tiene una cuenta bancaria en Miami con un saldo de 653.874 euros que se abrió en 2014. Según un escrito aportado por su defensa en el sumario, esta cuenta “no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se investigan por parte de este juzgado instructor, motivo por el cual no ha entendido que tuviera obligación de informar o advertir a este órgano judicial”. La cuenta está a nombre de una sociedad que primero se llamó Landside Holdings, LTD y luego pasó a llamarse Boreal Capital Management.
El magistrado no dice que Martínez fuera el testaferro del expresidente. Si bien, de alguna manera y según los indicios aportados por la UDEF, describe su papel como la persona superpuesta en todos los negocios y que canalizaba los pagos de la presunta red de influencias que terminaban en él. Fuentes del entorno del político explicaron este lunes que Zapatero no tiene por qué hacerse responsable de los negocios que Martínez tuviera.
Oro y petróleo
Una de las novedades que aporta el sumario es la supuesta capacidad de influencia de la presunta trama más allá del rescate a Plus Ultra. La investigación apunta a la existencia de negocios entre Julio Martínez y un empresario venezolano, Domingo Amaro Chacón, para la compraventa de petróleo venezolano, con la intervención de una empresa del Partido Comunista Chino y un agente suizo. Con este mismo empresario venezolano, estarían tratando posibles negocios para la exportación de oro y la venta de divisas.
El auto del juez Calama mencionaba de forma somera otros negocios, como el oro y el petróleo, pero el resto del sumario conocido este lunes incluye conversaciones sobre una supuesta exportación de oro, la transformación de euros en metálico en Caracas o la implementación de una ruta para el producto físico “por importe de varios millones”. El rol de Zapatero no está definido en este punto, ni siquiera su supuesta implicación, si bien se transcriben conversaciones de mandos de la aerolínea Plus Ultra como Julio Martínez Sola y Rodolfo Reyes donde se afirma “Zapatero aquí manda”, en referencia a Venezuela.
Amaro Chacón es administrador, junto a su hermano, de Inteligencia Prospectiva. Esta compañía, según fuentes de la investigación, es una de las claves de la causa para saber si el caso escala a una red de influencias mucho mayor. La UDEF sospecha que, a través de esta empresa, entraba dinero venezolano que se buscaba blanquear en el circuito legal. El esquema que presentan los agentes es que Amaro Chacón le hacía llegar mensajes a Zapatero a través de su amigo Julio Martínez Martínez.
Las pesquisas ahondan en otros personajes de la trama y en la coordinación que existió con las fiscalías francesas y suizas que también están indagando en un blanqueo de capitales en esos territorios. El juez Calama, de hecho, ha emitido una orden de búsqueda y captura contra Rodolfo Reyes, el dueño de Plus Ultra durante el rescate. Ya hizo lo mismo con un empresario de origen peruano, Felipe Baca, a quien hallaron de vacaciones en Aruba y fue extraditado. La Audiencia Nacional le tomó declaración y luego lo dejó en libertad.
Fuente: EL PAIS