Firmado en el año 2023, el pacto consta que cuatro pilares: relaciones exteriores, política migratoria, seguridad fronteriza y una agenda económica.
El presidente Luis Abinader ha vuelto a reiterar el pasado lunes su llamado para que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se sumen al “Pacto de Nación por la crisis de Haití”, una iniciativa país que continúa incompleta ante la falta de consenso con los principales líderes de oposición y sus alegatos de que se pretendía usar con fines meramente políticos.
Esa ausencia, que persiste hasta hoy, ha limitado el carácter verdaderamente nacional del acuerdo y amenaza su continuidad tras cualquier cambio de gobierno. El propio Abinader volvió a invitarlos a sumarse advirtiendo que “la situación nunca había estado tan grave”.
Firmado en el año 2023, el pacto consta que cuatro “pilares”: relaciones exteriores, buscando recabar apoyo internacional para crear un grupo de trabajo bilateral y ofertar la construcción de tres hospitales en Haití; política migratoria, con el objetivo de asegurar controles más estrictos, programa biométrico, cuotas de mercado laboral y continuidad de las deportaciones; seguridad fronteriza, a los fines de culminar la “valla perimetral inteligente” implementar vigilancia satelital y el refuerzo militar y una agenda económica con la intención de incentivar exportaciones, replicar el modelo Codevi y equilibrar la balanza comercial.
Este medio realizó un análisis del avance de lo estipulado en estos cuatro pilares, destacando procesos logrados, algunos a mitad de camino y otros a la espera de que sean implementados.
Avances visibles
El terreno donde el pacto muestra mayores resultados es la frontera. Para abril de 2025 el Gobierno reporta 32,5 kilómetros terminados en Dajabón y anuncia una ampliación inmediata de 12 14 kilómetros, con la meta de proteger 174 de los 391 km limítrofes. Además, 1,500 soldados se sumaron a los 9,500 ya desplegados, apoyados por unidades móviles donadas por la Dirección General de Aduanas.
En migración, el gran salto llegó el 6 de abril con las “15 medidas” de Abinader: más escáneres y retenes, sanciones más altas a empleadores, controles en hospitales y el compromiso de “dominicanizar” empleos en turismo y zonas francas. Los deportados sumaron 276,000 en 2024 y la tendencia continúa
Poca obra
La Cancillería ha convertido la crisis haitiana en tema fijo de sus alocuciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros. El país respalda el despliegue de la fuerza multinacional liderada por Kenia y cataloga a las bandas haitianas como “grupos terroristas”. Con todo, dos promesas clave, el grupo de trabajo dominico haitiano y la construcción de tres hospitales, siguen sin cronograma público ni presupuesto asignado.
Por otro lado, dentro de la propia agenda dominicana persisten pendientes tecnológicos. El sistema de control biométrico en los puntos de entrada todavía está en fase piloto, y la vigilancia satelital enlazada al centro C5I no ha sido anunciada oficialmente. Además, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia han denunciado operativos “indiscriminados” y expulsiones de mujeres embarazadas o menores de edad, tensionando la imagen del país en foros internacionales.
Sin novedades y escepticismo
La idea de replicar Codevi para generar empleo en territorio haitiano luce hoy lejana. No hay anuncios concretos de zonas francas binacionales ni de financiamiento blando para proyectos agrícolas o de construcción al otro lado de la línea. Tampoco se ha presentado el esperado acuerdo de facilitación comercial que corrija la balanza, hoy favorable a República Dominicana. La inestabilidad y la violencia en Haití, junto con riesgos para la inversión privada, explican gran parte del atraso.
Empresarios y gremios aduaneros saludan el blindaje de la frontera y piden “despolitizar” el debate. En cambio, PLD y FP insisten en que el Gobierno usa la crisis para distraer de otros problemas y exigen mayor transparencia sobre costos del muro y redadas. ONG como Amnistía Internacional se han expresado también llamando a que urge “poner fin a políticas migratorias racistas”.
A la espera de conocer si ambas entidades de la oposición deciden aceptar la propuesta presidencial, el Gobierno planea conectar 50 nuevos kilómetros del muro antes de diciembre y abrir el Observatorio Ciudadano sobre Política Migratoria, que deberá publicar datos trimestrales de deportaciones y permisos, así como otras medidas buscando hacer frente a la crisis haitiana.
Fuente: Listin Diario