A poco menos de un mes que debe aplicarse la restricción autoridades no han informado de solicitud de posposición de la medida aprobada el pasado año
El próximo 15 de diciembre entra en vigor la prohibición de que los comercios entreguen a los consumidores fundas plásticas de un solo uso de manera gratuita, según la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una medida que sectores comerciales e industriales buscan su posposición mientras que ambientalistas piden no prorrogarla porque impactará positivamente al medio ambiente.
La citada ley fue en promulgada el 15 diciembre del pasado año y en su artículo 27 modifica el numeral 2 del artículo 172 de la Ley 225-20, estableciendo un nuevo plazo de 12 meses para prohibir totalmente la entrega gratuita de bolsas o fundas plásticas de un solo uso en los comercios.
El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido solicitudes del sector comercial para la posibilidad de posponer el tema de las fundas plásticas, pero aún no dado respuesta.
Controversias
Aunque la ley supone un triunfo ambiental, hay aspectos de comercialización, inventario, educación, y de certificaciones que se mantienen como parte de la controversia.
Por ejemplo, que la normativa no prohíbe los plásticos, sino su entrega gratuita, por lo que los comercios podrán venderlos aún cuando lo tenían como parte del costo del producto. También la certificación de biodegradabilidad que deben tener los plásticos a comercializar, proceso pendiente a cargo del Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal) y el Ministerio de Medio Ambiente.
Además, el choque cultural para el consumidor dominicano que exige la funda como parte esencial de la compra. No se ha observado campaña masiva para orientar y edificar a los clientes para que puedan llevar sus bolsas reutilizables o para adquirir las alternativas que le ofrezcan los comercios.
El período navideño y el gran flujo de compras y ventas que representa, es otro de los argumentos para que se posponga la implementación.
Obligación de Estado
Al respecto, el reconocido ambientalista Luis Carvajal afirmó que esta es una medida que el Estado está obligado a implementar, ya que en el país se generan más de 400 mil toneladas de residuos de plásticos al año, casi 38 kilógramos por persona, de los cuales entre el 60 a 80 por ciento termina en los cuerpos de agua, basureros o imbornales.
“Esta medida va a ser un alivio al drenaje urbano y quitaría presión a las cuencas hidrográficas, además que es una protección activa a la actividad principal del país que es el turismo y claro que impulsará un tipo alternativo de economía”, expresó Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Indicó que se busca una medida que no sea cosmética, tardía o insuficiente y que la solución no sea privatizar este esquema. No obstante, critica el hecho de prohibir la entrega gratuita y permitir la venta de bolsas en los supermercados no limita el plástico.
“La idea es que se prohíba el plástico, lo de la entrega gratuita es un elemento innecesario en la ley: hay que prohibir que se fabrique, se importe no que se entregue”, destacó Carvajal.
Deploró que el país lleve seis años de “complicidad” y retardando la medida, ya que cuando se aprobó la primera vez en 2020 había un plazo que se venció y luego hubo otro.
Un elemento que dijo que hay que “desconfiar” es del plástico biodegradable, porque eso no existe y que la única salida real es la reutilización estricta, la reducción del consumo y no cambiar un tipo de desechable por otro.
Explicó que la reutilización tiene mucho que ver con el material y la resistencia además que los estándares de biodegradabilidad no están claramente señalados en el país.
Carvajal considera que hay una especie de contra reforma y se está tratando de ganar tiempo para permitir nuevas revisiones de la Ley 98-25.
Alegatos
Algunos industriales que fabrican plásticos argumentan que la transición hacia productos biodegradables, encarece la materia prima y requiere una serie de reconversiones tecnológicas muy costosas y que además no existen laboratorios para certificar la biodegradabilidad de los productos.
Otro argumento es que se perderán empleos en la manufactura y que el país estará en desventaja frente a productos importados.
Mientras que los comercios piden más reglas claras para hacer sus adaptaciones. En ese sentido, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reiteró la necesidad de contar con la disposición que regulará en detalle la prohibición de entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso, para que los establecimientos conozcan las condiciones de su implementación y puedan completar los ajustes necesarios.
La directora ejecutiva de la ONEC, Jennifer Troncoso, aseguró que, en el marco de las conversaciones sostenidas, el propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido la necesidad de disponer de tiempo para sensibilizar a los consumidores y facilitar la adaptación de los comercios, así como evitar que la ejecución coincida con la temporada de mayor actividad comercial en Navidad.

“Sin embargo, a la fecha no contamos con información oficial que confirme una prórroga. Estamos a la espera de que las autoridades nos comuniquen si la medida será prorrogada y cuál sería la nueva fecha de ejecución”, apuntó Troncoso.
Asimismo, aseguró que la entidad respalda el objetivo ambiental de la medida, la cual insiste en que su entrada en vigencia debe ser ordenada.
“Desde ONEC respaldamos el objetivo ambiental de esta disposición y reiteramos nuestra voluntad de colaborar para lograr una implementación ordenada, con reglas claras e información oportuna para todos los involucrados”, concluyó.
Comercio
Más prohibiciones en ley de residuos
Otros productos
La Ley 98-25 igualmente, prohibe la comercialización de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas de plástico, que carezcan de certificación de biodegradabilidad, pero esta prohibición será para mediados de diciembre 2026. Se desconocen públicamente los avances hasta el momento para este proceso.
Fuente: HOY

