A veinticinco años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el país cuenta con uno de los sistemas institucionales más complejos y ambiciosos en materia de protección social.
Escrito Por: JEFREY LIZARDO
A veinticinco años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el país cuenta con uno de los sistemas institucionales más complejos y ambiciosos en materia de protección social. El 97% de la población dominicana depende del nuevo diseño institucional para acceder a servicios de salud, protegerse frente a riesgos laborales y aspirar a una pensión digna en la vejez. Sin embargo, el sistema sigue enfrentando tensiones recurrentes entre los distintos actores que lo componen, reflejando los desafíos aún pendientes de resolver.
La seguridad social es, por naturaleza, un espacio donde confluyen intereses diversos y en ocasiones contrapuestos. En el SDSS interactúan prestadores de servicios de salud públicos y privados, aseguradoras de riesgos de salud (ARS), administradoras de fondos de pensiones (AFP), empresas aseguradoras, actores del sistema financiero, empleadores, trabajadores, organismos reguladores y distintas instituciones del Estado, entre otros actores. Pero el actor más importante del sistema son los afiliados quienes esperan que la seguridad social garantice los derechos de protección frente a los riesgos que afectan su bienestar y su estabilidad económica.
La ley 87-01 estableció una arquitectura institucional orientada a equilibrar los intereses de los distintos actores; con la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), concebido como el órgano rector del sistema e integrado por 16 miembros titulares y sus suplentes de diversos sectores. Bajo el principio del tripartismo, tres sectores (gobierno, trabajadores y empleadores) tienen poder de veto. Este modelo buscaba evitar que un solo actor pudiera dominar el sistema.
A esta estructura se suman otros elementos institucionales relevantes: entidades reguladoras y de defensa de los afiliados y un sistema centralizado de recaudo que ha permitido mejorar la transparencia financiera. En términos formales, el SDSS cuenta hoy con una institucionalidad madura que ha permitido expandir la cobertura y avanzar gradualmente en la implementación del SDSS. Sin embargo, la persistencia de conflictos dentro del sistema demuestra que la institucionalidad actual por sí sola no basta para garantizar su buen funcionamiento.
Una primera fuente de tensión proviene de los propios afiliados. En distintos momentos se ha manifestado una creciente insatisfacción con los beneficios que reciben del sistema. Negaciones de cobertura, entrega tardías o dificultades en el acceso a ciertos servicios generan frustración entre los usuarios y alimentan la percepción de que son otros los actores quienes se lucran de la seguridad social.
Cuando estas demandas no encuentran canales eficaces de resolución dentro del sistema, el conflicto tiende a trasladarse a otros espacios institucionales, particularmente al Poder Judicial. La creciente judicialización de conflictos relacionados con la seguridad social, incluyendo decisiones del Tribunal Constitucional, evidencia las limitaciones que todavía existen para resolver disputas dentro del propio sistema.
Una segunda fuente de tensión surge de las relaciones entre los actores que operan en el SDSS. Las disputas entre prestadores de servicios de salud y aseguradoras de riesgos de salud han sido uno de los focos más recurrentes de conflicto. Las tarifas y los honorarios médicos representan uno de los puntos donde se concentran estas fricciones. O el actual conflicto generado por las decisiones del CNSS para ajustar los plazos y límites de edad para el reclamo de las pensiones por discapacidad.
Estas disputas no son simplemente desacuerdos administrativos. En un sistema donde los incentivos financieros influyen fuertemente en el comportamiento de los actores, los conflictos pueden terminar afectando la calidad, la continuidad o la oportunidad de los servicios que reciben los afiliados.
Una tercera fuente de tensión está vinculada al papel de las instituciones responsables de la regulación y supervisión del sistema. Cuando estas entidades no ejercen plenamente sus funciones o reaccionan con lentitud frente a los conflictos, el sistema pierde capacidad de anticipación y termina operando de manera reactiva. La debilidad regulatoria genera incertidumbre y puede abrir espacio a prácticas que afectan la equidad y la eficiencia del sistema.
Reducir las tensiones dentro del SDSS requiere fortalecer su gobernanza. Esto implica revisar la composición del Consejo Nacional de Seguridad Social para asegurar una representación más equilibrada de los intereses en juego, en particular, de los afiliados. También es necesario revisar el uso del poder de veto dentro del CNSS pues con el tiempo se ha demostrado que dificulta la adopción de decisiones necesarias para la evolución del sistema.
Asimismo, resulta imprescindible fortalecer la capacidad regulatoria del sistema, dotando a las entidades supervisoras de mayores herramientas técnicas y sancionadoras para garantizar el cumplimiento de las normas por parte de todos los actores.
Pero más allá de las reformas institucionales, hay un principio que debe guiar cualquier debate sobre la seguridad social: el sistema no existe para servir a los intereses de quienes lo administran o participan en él, sino para proteger a quienes dependen de su funcionamiento. A veinticinco años de su creación, el verdadero desafío del SDSS no es evitar las tensiones (porque estas son inevitables) sino desarrollar la capacidad institucional para gestionarlas con transparencia, equilibrio y sentido de justicia social.
Fuente: Hoy