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Sánchez designa al exministro Campo como magistrado para el Tribunal Constitucional

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El Consejo de ministros aprueba sus dos nombramientos para el TC sin esperar al CGPJ, que sigue bloqueado

Por JUAN CARLOS MERINO.

“El Gobierno va a cumplir con la Constitución y nombrará a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional”, anunció Pedro Sánchez la semana pasada. Después de cinco meses de retraso, en la Moncloa llevaban ya largas semanas esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomara la iniciativa y consensuara los otros dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde designar. Pero la constatación de que el sector conservador del CGPJ iba a seguir bloqueando estos nombramientos, quizá indefinidamente pese a la presión del ala progresista de órgano de gobierno de los jueces y del propio Ejecutivo, ha llevado a Sánchez a dar un golpe encima de la mesa: el Consejo de ministros ha aprobado este martes, según confirman a La Vanguardia en la Moncloa, el nombramiento de sus dos magistrados para el TC, sin esperar más al CGPJ.

Sánchez, además, ha optado por lanzar un órdago, al designar como magistrado del TC a quien fuera su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hasta julio del año pasado. Es la misma estrategia que el jefe del Ejecutivo ya acometió cuando designó a la predecesora de Campo en el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en febrero del 2020. Aquella decisión ya fue entendida como una “declaración de guerra” por parte del Partido Popular, entonces liderado por Pablo Casado, y por el sector conservador de la judicatura. Campo, titular de la cartera de Justicia cuando el Gobierno concedió los indultos a los líderes independentistas del procés, fue vocal del Poder Judicial entre el 2001 y el 2008, y después secretario de Estado de Justicia entre el 2009 y el 2011, en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el 2016 y el 2020, fue diputado del PSOE en el Congreso.

La crisis institucional provocada por el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años –el acuerdo que estaba ultimado con el Gobierno fue dinamitado por Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de octubre, por la decisión de Sánchez de reformar el delito de sedición del Código Penal-, se trasladó también al Tribunal Constitucional, ante la demora del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces de designar a sus dos magistrados para el tribunal de garantías constitucionales. Y, a seis meses ya de unas elecciones municipales y autonómicas en mayo que serán determinantes para las próximas elecciones generales, no se atisba más que el agravamiento de esta crisis institucional y constitucional.

Bolaños defiende la idoneidad del exministro Campo para el TC y no ve trabas para su nombramiento

“El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión”, ha justificado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la designación de sus dos magistrados para el TC. Y ha responsabilizado específicamente a los ocho vocales conservadores del CGPJ del “bloqueo” para designar a los otros dos magistrados que le compete proponer al órgano de gobierno de los jueces. Bolaños, en todo caso, ha advertido que tanto el de Juan Carlos Campo como el de Laura Díez Bueso son “dos perfiles absolutamente idóneos” para el TC.

El ministro de la Presidencia ha dado por hecho que el TC no vetará ahora estos nombramientos del Gobierno, ya que ha advertido que el máximo intérprete de la Constitución solo tiene que acreditar la idoneidad de estas propuestas para el cargo. Y los únicos requisitos para el mismo, ha subrayado, es que los designados sean españoles, tengan 15 años de experiencia como juristas y una competencia reconocida. Bolaños también ha descartado que Bruselas pueda poner trabas al respecto. La Comisión Europea está “espantada” por el bloqueo en la renovación del CGPJ o del TC. “Nada dirá sobre el cumplimiento estricto de la Constitución”, ha zanjado. “Desde el Gobierno no tenemos duda, Campo y Díez serán magistrados del TC en breve”, ha asegurado el ministro.

El Gobierno aprueba también el nombramiento para el TC de la catalana Laura Díez Bueso, que fue directora general en el Ministerio de la Presidencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento para el Tribunal Constitucional del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y también el de la catalana Laura Díez Bueso, hasta hace unos meses directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, y ahora vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. 

De este modo, el Ejecutivo hace efectiva su amenaza de designar a sus dos miembros que le corresponde nombrar, sin esperar, como prescribe la Constitución, a hacerlo en bloque con el Consejo General del Poder General (CGPJ), donde el sector conservador está bloqueando desde hace casi tres meses la designación de los otros dos. La renovación de los cuatro magistrados que terminaron su mandato el pasado mes de junio propiciaría un cambio de mayorías en el TC, donde el sector conservador dejaría de ser mayoritario. 

Desde el PP ya se han puesto objeciones a estos dos nombramientos al considerar que «no son idóneos» al considerar a los candidatos  «enviados del Gobierno» para «colonizar» el TC y «salvaguardar la legislación del propio Gobierno». 

Una situación insólita que lleva a que el propio tribunal decida si permite su entrada

En esta ocasión se genera una situación que no es habitual, puesto que el propio Constitucional, con mayoría conservadora, tendrá que decidir si permite que Campo y Díez tomen posesión sin que haya decisión alguna sobre los dos magistrados que elige el órgano de gobierno de los jueces, trámite que está bloqueado porque, si bien el sector progresista del Poder Judicial ya se ha decantado por José Manuel Bandrés, un grupo de ocho vocales conservadores elegidos por el PP rechaza dar un nombre. Al menos hasta el pleno del 22 de diciembre no habrá acuerdo en este sentido. 

La Constitución establece que la renovación se hace por tercios, por lo que los cuatro que eligen el Gobierno y el CGPJ deberían de tomar posesión a la vez, aunque hay interpretaciones jurídicas dispares sobre este asunto. De los ocho magistrados restantes -en total son 12- cuatro los nombra el Congreso y otros cuatro el Senado.

Ante el bloqueo ejercido por el sector conservador del CGPJ, el Ejecutivo ya había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el CGPJ designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.

Ahora que Sánchez ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el pleno del TC, ya que es quien debe dar el plácet a los seleccionados. En principio se trataría de un trámite para certificar la idoneidad de los candidatos pero podría plantear la inconstitucionalidad de un nombramiento que no sería completo al faltar el de los magistrados designados por el CGPJ. 

En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del pleno sin los dos del CGPJ, porque, explicaban, el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo del 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Juan Carlos Campo y Laura Díez sustituirían al actual presidente, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y que agotaron su mandato de nueve años el pasado junio.

Campo tramitó los indultos a los presos del ‘procés’

Campo, nacido en la localidad sevillana de Osuna el 17 de octubre de 1961, fue nombrado por Sánchez ministro de Justicia en enero del 2020, una vez se formó gobierno tras las últimas elecciones generales sustituyendo a Dolores Delgado. Desde el departamento le tocó tramitar los indultos parciales de los condenados por el procés concedidos finalmente a finales de junio del 2021, y poco después fue sustituido por Pilar Llop y volvió a su plaza en la Audiencia Nacional que nunca había ocupado por ser diputado socialista por Cádiz.

Licenciado en Derecho en 1984 por la Universidad de Cádiz, ingresó en la carrera judicial en 1987. Pasó a la categoría de magistrado en 1989. Desde 1997 es Doctor en Derecho, por la Universidad de Cádiz. En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó el cargo de secretario de Estado de Justicia y anteriormente fue vocal del CGPJ durante siete años; previo paso por la Junta de Andalucía como director general de relaciones con la administración de justicia, nombrado en 1997.

Laura Díez, vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries

Por su parte, la barcelonesa Laura Díez Bueso (53 años) es catedrática de Derecho Penal y jurista con amplia trayectoria académica pero para nada ajena a la política. Desde el pasado mayo es vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, elegida por el Parlament.  Su elección fue fruto de un acuerdo a tres bandas entre PSC-Units, ERC y JxCat, que pactaron los nombres de los seis miembros de este organismo que le corresponde proponer al Parlament, frente a los tres que son elegidos a propuesta del Govern.

Entre 2002 y 2004 ya fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut en el último gobierno de Jordi Pujol y posteriormente fue adjunta al Síndic de Greuges (2004- 2010) en la primera parte del mandato de Rafael Ribó, un puesto que en 2009 combinó con el de asesora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y, a partir de 2010, como experta en varios proyectos de la Comisión Europea.

En 2016, se integró en la unidad de respuesta a la crisis de Naciones Unidas como especialista en derechos humanos, un ámbito que ha centrado gran parte de su carrera docente, desarrollada en la Universitat de Barcelona (UB). Doctorada en Derecho por la UB en 1997, ha ejercido como profesora de Derecho Constitucional desde el año 2001 y desde enero del 2020 es catedrática de esa disciplina.

Díez fue delegada del rector de la UB para la ordenación normativa (2011-2013) y ha dirigido además varios departamentos de esta universidad: el de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (2016-2018), el Diploma de Posgrado en Derecho Público (2015-2017) y el Máster en Estudios Jurídicos Avanzados (2014-2015).

Los principales proyectos de investigación en que ha trabajado giran en torno a los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la Información, las instituciones constitucionales de garantía de derechos o la extranjería.

En el Gobierno de España, Díez fue directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), y directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022). 

El PP avisa que deberían abstenerse en deliberaciones sobre decisiones que atañen al Gobierno

El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado que Campo y Díez «no son idóneos» para formar parte del TC porque les considera «dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno». Por ello, Pons cree que la Unión Europea «va a reaccionar» y ha advertido de que si son nombrados «tendrán que abstenerse» ambos en las deliberaciones del TC que atañan a las decisiones del Gobierno. 

Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un «sheriff», lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha dicho también, lo envía «como un explorador para colonizar» el tribunal, «haciendo entrismo en otro poder del Estado». 

Fuente: La Vanguardia.

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El Consejo de ministros aprueba sus dos nombramientos para el TC sin esperar al CGPJ, que sigue bloqueado

Por JUAN CARLOS MERINO.

“El Gobierno va a cumplir con la Constitución y nombrará a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional”, anunció Pedro Sánchez la semana pasada. Después de cinco meses de retraso, en la Moncloa llevaban ya largas semanas esperando a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomara la iniciativa y consensuara los otros dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde designar. Pero la constatación de que el sector conservador del CGPJ iba a seguir bloqueando estos nombramientos, quizá indefinidamente pese a la presión del ala progresista de órgano de gobierno de los jueces y del propio Ejecutivo, ha llevado a Sánchez a dar un golpe encima de la mesa: el Consejo de ministros ha aprobado este martes, según confirman a La Vanguardia en la Moncloa, el nombramiento de sus dos magistrados para el TC, sin esperar más al CGPJ.

Sánchez, además, ha optado por lanzar un órdago, al designar como magistrado del TC a quien fuera su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hasta julio del año pasado. Es la misma estrategia que el jefe del Ejecutivo ya acometió cuando designó a la predecesora de Campo en el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado en febrero del 2020. Aquella decisión ya fue entendida como una “declaración de guerra” por parte del Partido Popular, entonces liderado por Pablo Casado, y por el sector conservador de la judicatura. Campo, titular de la cartera de Justicia cuando el Gobierno concedió los indultos a los líderes independentistas del procés, fue vocal del Poder Judicial entre el 2001 y el 2008, y después secretario de Estado de Justicia entre el 2009 y el 2011, en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre el 2016 y el 2020, fue diputado del PSOE en el Congreso.

La crisis institucional provocada por el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace casi cuatro años –el acuerdo que estaba ultimado con el Gobierno fue dinamitado por Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de octubre, por la decisión de Sánchez de reformar el delito de sedición del Código Penal-, se trasladó también al Tribunal Constitucional, ante la demora del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces de designar a sus dos magistrados para el tribunal de garantías constitucionales. Y, a seis meses ya de unas elecciones municipales y autonómicas en mayo que serán determinantes para las próximas elecciones generales, no se atisba más que el agravamiento de esta crisis institucional y constitucional.

Bolaños defiende la idoneidad del exministro Campo para el TC y no ve trabas para su nombramiento

“El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión”, ha justificado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la designación de sus dos magistrados para el TC. Y ha responsabilizado específicamente a los ocho vocales conservadores del CGPJ del “bloqueo” para designar a los otros dos magistrados que le compete proponer al órgano de gobierno de los jueces. Bolaños, en todo caso, ha advertido que tanto el de Juan Carlos Campo como el de Laura Díez Bueso son “dos perfiles absolutamente idóneos” para el TC.

El ministro de la Presidencia ha dado por hecho que el TC no vetará ahora estos nombramientos del Gobierno, ya que ha advertido que el máximo intérprete de la Constitución solo tiene que acreditar la idoneidad de estas propuestas para el cargo. Y los únicos requisitos para el mismo, ha subrayado, es que los designados sean españoles, tengan 15 años de experiencia como juristas y una competencia reconocida. Bolaños también ha descartado que Bruselas pueda poner trabas al respecto. La Comisión Europea está “espantada” por el bloqueo en la renovación del CGPJ o del TC. “Nada dirá sobre el cumplimiento estricto de la Constitución”, ha zanjado. “Desde el Gobierno no tenemos duda, Campo y Díez serán magistrados del TC en breve”, ha asegurado el ministro.

El Gobierno aprueba también el nombramiento para el TC de la catalana Laura Díez Bueso, que fue directora general en el Ministerio de la Presidencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento para el Tribunal Constitucional del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y también el de la catalana Laura Díez Bueso, hasta hace unos meses directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños, y ahora vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. 

De este modo, el Ejecutivo hace efectiva su amenaza de designar a sus dos miembros que le corresponde nombrar, sin esperar, como prescribe la Constitución, a hacerlo en bloque con el Consejo General del Poder General (CGPJ), donde el sector conservador está bloqueando desde hace casi tres meses la designación de los otros dos. La renovación de los cuatro magistrados que terminaron su mandato el pasado mes de junio propiciaría un cambio de mayorías en el TC, donde el sector conservador dejaría de ser mayoritario. 

Desde el PP ya se han puesto objeciones a estos dos nombramientos al considerar que «no son idóneos» al considerar a los candidatos  «enviados del Gobierno» para «colonizar» el TC y «salvaguardar la legislación del propio Gobierno». 

Una situación insólita que lleva a que el propio tribunal decida si permite su entrada

En esta ocasión se genera una situación que no es habitual, puesto que el propio Constitucional, con mayoría conservadora, tendrá que decidir si permite que Campo y Díez tomen posesión sin que haya decisión alguna sobre los dos magistrados que elige el órgano de gobierno de los jueces, trámite que está bloqueado porque, si bien el sector progresista del Poder Judicial ya se ha decantado por José Manuel Bandrés, un grupo de ocho vocales conservadores elegidos por el PP rechaza dar un nombre. Al menos hasta el pleno del 22 de diciembre no habrá acuerdo en este sentido. 

La Constitución establece que la renovación se hace por tercios, por lo que los cuatro que eligen el Gobierno y el CGPJ deberían de tomar posesión a la vez, aunque hay interpretaciones jurídicas dispares sobre este asunto. De los ocho magistrados restantes -en total son 12- cuatro los nombra el Congreso y otros cuatro el Senado.

Ante el bloqueo ejercido por el sector conservador del CGPJ, el Ejecutivo ya había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el CGPJ designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.

Ahora que Sánchez ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el pleno del TC, ya que es quien debe dar el plácet a los seleccionados. En principio se trataría de un trámite para certificar la idoneidad de los candidatos pero podría plantear la inconstitucionalidad de un nombramiento que no sería completo al faltar el de los magistrados designados por el CGPJ. 

En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del pleno sin los dos del CGPJ, porque, explicaban, el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo del 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

Juan Carlos Campo y Laura Díez sustituirían al actual presidente, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y que agotaron su mandato de nueve años el pasado junio.

Campo tramitó los indultos a los presos del ‘procés’

Campo, nacido en la localidad sevillana de Osuna el 17 de octubre de 1961, fue nombrado por Sánchez ministro de Justicia en enero del 2020, una vez se formó gobierno tras las últimas elecciones generales sustituyendo a Dolores Delgado. Desde el departamento le tocó tramitar los indultos parciales de los condenados por el procés concedidos finalmente a finales de junio del 2021, y poco después fue sustituido por Pilar Llop y volvió a su plaza en la Audiencia Nacional que nunca había ocupado por ser diputado socialista por Cádiz.

Licenciado en Derecho en 1984 por la Universidad de Cádiz, ingresó en la carrera judicial en 1987. Pasó a la categoría de magistrado en 1989. Desde 1997 es Doctor en Derecho, por la Universidad de Cádiz. En el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó el cargo de secretario de Estado de Justicia y anteriormente fue vocal del CGPJ durante siete años; previo paso por la Junta de Andalucía como director general de relaciones con la administración de justicia, nombrado en 1997.

Laura Díez, vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries

Por su parte, la barcelonesa Laura Díez Bueso (53 años) es catedrática de Derecho Penal y jurista con amplia trayectoria académica pero para nada ajena a la política. Desde el pasado mayo es vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, elegida por el Parlament.  Su elección fue fruto de un acuerdo a tres bandas entre PSC-Units, ERC y JxCat, que pactaron los nombres de los seis miembros de este organismo que le corresponde proponer al Parlament, frente a los tres que son elegidos a propuesta del Govern.

Entre 2002 y 2004 ya fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatut en el último gobierno de Jordi Pujol y posteriormente fue adjunta al Síndic de Greuges (2004- 2010) en la primera parte del mandato de Rafael Ribó, un puesto que en 2009 combinó con el de asesora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y, a partir de 2010, como experta en varios proyectos de la Comisión Europea.

En 2016, se integró en la unidad de respuesta a la crisis de Naciones Unidas como especialista en derechos humanos, un ámbito que ha centrado gran parte de su carrera docente, desarrollada en la Universitat de Barcelona (UB). Doctorada en Derecho por la UB en 1997, ha ejercido como profesora de Derecho Constitucional desde el año 2001 y desde enero del 2020 es catedrática de esa disciplina.

Díez fue delegada del rector de la UB para la ordenación normativa (2011-2013) y ha dirigido además varios departamentos de esta universidad: el de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho (2016-2018), el Diploma de Posgrado en Derecho Público (2015-2017) y el Máster en Estudios Jurídicos Avanzados (2014-2015).

Los principales proyectos de investigación en que ha trabajado giran en torno a los estados descentralizados, la libertad de expresión y el derecho a la Información, las instituciones constitucionales de garantía de derechos o la extranjería.

En el Gobierno de España, Díez fue directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2020), y directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (2020-2022). 

El PP avisa que deberían abstenerse en deliberaciones sobre decisiones que atañen al Gobierno

El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado que Campo y Díez «no son idóneos» para formar parte del TC porque les considera «dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno». Por ello, Pons cree que la Unión Europea «va a reaccionar» y ha advertido de que si son nombrados «tendrán que abstenerse» ambos en las deliberaciones del TC que atañan a las decisiones del Gobierno. 

Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un «sheriff», lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha dicho también, lo envía «como un explorador para colonizar» el tribunal, «haciendo entrismo en otro poder del Estado». 

Fuente: La Vanguardia.

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