Más de 300 personas están encarceladas por delitos de racismo en un país que endureció la ley hace tres años
Cuando llega a su despacho por la mañana, la comisaria Rita Salim, de la Policía Civil de Río de Janeiro, sabe que a lo largo del día llegarán entre dos y tres personas denunciando haber sido víctimas de racismo. Algunas se atreverán a hacerlo tras una vida de discriminación por el color de su piel. “Muchas víctimas vienen cuando ya no pueden más, cuando la gota colma el vaso”, dice en una entrevista en su oficina. Es una escena triste y al mismo tiempo esperanzadora. El velo de silencio y vergüenza que históricamente cubrió este tipo de discriminación está desapareciendo. Brasil registró más de 7.000 denuncias por racismo en 2025, un 67% más que el año anterior.
Los especialistas lo interpretan como el principio del fin de la subnotificación y lo atribuyen a una mezcla de factores: leyes robustas, una policía más preparada y, sobre todo, más conciencia social. Brasil, que fue el último país de América en abolir la esclavitud, en 1888, tiene ahora las leyes antirracistas más avanzadas del continente.
A algunos turistas, eso les pilla por sorpresa. La argentina Agostina Páez fue detenida por llamar “mono” e imitar a ese animal para ofender a un empleado negro en un bar. “Hay una ley en Brasil que es muy severa”, dijo al regresar a casa, tras dos meses en prisión preventiva en un apartamento y tras depositar una fianza de 20.000 dólares para poder volver a Argentina. Ahora está a la espera de juicio.
En los últimos meses, se han multiplicado los casos de extranjeros presos por racismo. El último, otro argentino que en un tren turístico fotografió a un niño y bromeó diciendo que quería llevárselo a casa como esclavo. Ya lleva casi dos semanas entre rejas. Con la ley brasileña en la mano, esas palabras se castigan con entre dos y cinco años de cárcel. La pena puede doblarse si el delito se comete en grupo o si se difunde en redes sociales.
La comisaría que dirige Salim está especializada en delitos de racismo y de otros tipos de discriminación (contra el colectivo LGTBQIA+, contra personas con discapacidad o por motivos religiosos), abrió hace ya ocho años y reúne a una veintena de agentes. Este tipo de comisarías, que se están empezando a abrir paso y ya funcionan en estados como Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais o Bahía son una de las claves que están ayudando a que aumenten las denuncias.
Los policías están más preparados, participan en seminarios, cursos y conferencias y tienen contacto directo con ONGs y asociaciones antirracistas. Aun así, cualquiera puede denunciar un delito de racismo en cualquier comisaría de barrio, donde se trabaja para que siempre haya al menos un policía especializado en el tema. Salim asume que muchas personas temen denunciar por miedo a ser revictimizados por el agente de turno. “Tienen miedo de llegar a la comisaría y ser discriminados de nuevo. Aquí trabajamos para erradicar ese tipo de atención intimidatoria”, asegura Salim.
El perfil de las víctimas es variopinto y no entiende de edades o clases sociales, como tampoco el de los agresores, aunque la comisaria explica que entre las personas más mayores en muchas ocasiones ni siquiera se tiene conciencia de la gravedad del asunto. “A veces les interrogamos y usan palabras altamente discriminatorias, corroboran lo que realmente piensan sin darse cuenta… Luego intentan arreglarlo alegando que su mejor amigo es negro, que tienen un pariente negro… pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra”.
Pasa algo parecido con los extranjeros que dicen desconocer la realidad de Brasil. En su caso, están más expuestos a ser detenidos de forma preventiva, por el temor huyan del país. Cuando una persona es arrestada in fraganti (normalmente con la ayuda de testigos y grabaciones de celular) es muy común que el juez autorice la prisión preventiva, porque ya hay indicios de sobra.
Brasil es el país más negro fuera de África. El 56% de sus habitantes se declara negro o mestizo, según el último censo. La cifra de los brasileños que reivindican sus raíces africanas a la hora de definir su identidad ha crecido con los años, de la mano de la conciencia antirracista y las políticas afirmativas. Poco a poco, Brasil está demoliendo el mito de la “democracia racial” que se había instalado en el subconsciente colectivo, el del paraíso tropical donde el mestizaje entre europeos, africanos e indígenas había generado una sociedad armónica donde nunca se dio la segregación, a diferencia de Sudáfrica o Estados Unidos.
Esa nueva conciencia, la de Brasil asumiendo su propio racismo estructural, ha ido modificando el marco jurídico. Un paso decisivo es la actualización de la ley de racismo, que nació con la Constitución de 1988. En 2023 se equiparó el delito de injuria racial al crimen de racismo. Lo que antes era una ofensa contra el honor de un individuo ahora es un ataque a todo un colectivo. En consecuencia, las penas también se han agravado: si antes un insulto racista se resolvía con trabajos comunitarios o el pago de una multa ahora es más probable acabar en la cárcel. Además, el delito de racismo no prescribe y no se puede sortear con el pago de una fianza.
“Desde el punto de vista legislativo, Brasil está por delante de todos los países de América”, explica Adilson Moreira, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y uno de los principales referentes en derecho antidiscriminatorio en Brasil. Él fue de los pioneros en abordar jurídicamente el concepto de “racismo recreativo”, cuando se usa el humor como forma de discriminación racial. Esa hipótesis también está ahora contemplada de forma específica en la legislación, igual que el racismo cometido en ambientes deportivos.
Sobre el papel, Brasil tiene un buen escudo antirracista, pero las cosas cambian cuando se baja a pie de calle. Las denuncias, investigaciones y detenciones han crecido mucho en los últimos años, pero aún hay pocas condenas firmes. A finales de marzo había más de mil racistas cumpliendo pena, incluidos 309 en la cárcel.
El principal desafío, señala Moreira, está en la mentalidad que aún predomina entre fiscales y jueces: “Intentan buscar todo tipo de subterfugios para impedir que personas blancas sean condenadas por delitos de racismo. Los fiscales exigen un nivel de comprobación de la intención de discriminar mucho mayor que en otros delitos”, lamenta el especialista, que recuerda que la gran mayoría de jueces brasileños son blancos y han tenido escasa formación en cuestiones raciales. La comisaria Salim también cree que habría más resultados si la fiscalía y los tribunales se inspiraran en la policía y crearan unidades especializadas, como ya ocurre con el crimen organizado, por ejemplo.
Pese a todo, prevalece el optimismo, porque el cambio social está en marcha y no da señales de que vaya a retroceder. Las políticas de cuotas para negros, indígenas y estudiantes de la escuela pública en las universidades llevan años haciendo más diversas las históricamente blancas facultades de derecho, y desde hace algo más de una década el movimiento antirracista, que siempre estuvo ahí, ocupa un espacio central en los medios, la academia, las telenovelas o los libros. El Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro, por ejemplo, lleva seis años en la lista de los libros más vendidos del país.
El Gobierno de Lula también ha hecho de la lucha contra la discriminación racial un asunto de Estado, sobre todo en episodios especialmente sensibles, como los insultos y amenazas contra el futbolista Vinícius Júnior, que a punto estuvieron de abrir un serio conflicto diplomático con España. “Realmente todo depende mucho de la alfabetización racial del comisario, del fiscal y del juez, pero las cosas están avanzando bastante”, resume Moreira, que se despide antes de viajar para dar una charla a un grupo de jueces interesados en el tema.
Fuente: EL PAIS