Escrito Por: Margarita Cedeño
El voto obtenido legítimamente en las urnas otorga la autoridad jurídica y política para gobernar. Concede el mandato para tomar decisiones, administrar los recursos públicos y orientar la acción del Estado. Sin embargo, ganar unas elecciones no equivale a recibir una autorización ilimitada ni convierte automáticamente cada decisión gubernamental en una decisión socialmente legítima.
La legitimidad política se renueva cada día mediante la escucha, la explicación, la transparencia y la capacidad de incorporar a la sociedad en los asuntos que la afectan. Gobernar democráticamente no consiste únicamente en ejercer el poder, sino también en explicar cómo se ejerce, para quién se ejerce y bajo cuáles criterios se adoptan las decisiones.
Esa exigencia resulta especialmente importante en sociedades diversas, desiguales y atravesadas por intereses que no siempre coinciden. Empresarios, trabajadores, profesionales, iglesias, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, académicos, comunicadores y grupos territoriales pueden tener perspectivas distintas sobre un mismo problema. Todas pueden ser legítimas, aunque sean incompatibles entre sí.
Con frecuencia se habla de construir consenso como si gobernar consistiera en lograr que todos estén de acuerdo. Esa expectativa es poco realista y, en algunos casos, antidemocrática. Una sociedad en la que nadie discrepa no necesariamente es una sociedad cohesionada; puede ser una sociedad silenciada, indiferente o excluida.
En una democracia viva existen diferencias, intereses contrapuestos y conflictos que deben ser reconocidos. La función del gobernante no es borrar esas diferencias ni simular una unanimidad inexistente. Su responsabilidad es crear un procedimiento confiable para procesarlas.
El consenso democrático no significa que todos obtengan exactamente lo que desean. Significa que los sectores involucrados sean escuchados, que conozcan las reglas del proceso, que sus posiciones sean consideradas y que la decisión final pueda ser explicada mediante razones públicas. Incluso quienes pierden una discusión deben poder reconocer que participaron en un proceso razonablemente justo.
La representatividad no puede medirse únicamente por la capacidad de presión, la cercanía con el poder, el número de seguidores o la frecuencia con la que una persona aparece en los medios. Tampoco debe confundirse notoriedad con legitimidad.
Representar supone algún vínculo verificable con aquellos en cuyo nombre se habla. Ese vínculo puede derivarse de elecciones internas, afiliación, membresía, presencia territorial, trayectoria, conocimiento técnico, trabajo comunitario o reconocimiento social. Pero debe ser identificable.
Por esa razón, quien participa en una consulta pública debería poder explicar a quién representa, cómo fue escogido, qué mecanismos utilizó para construir su posición y cuáles son los límites de su mandato. Esa rendición de cuentas no busca descalificar a los grupos sociales, sino fortalecer su legitimidad.
También corresponde al Gobierno preguntarse quiénes no están presentes. Una consulta puede ser formalmente abierta y, aun así, profundamente desigual. Si solo participan quienes tienen acceso, tiempo, recursos o influencia, el proceso puede reproducir las mismas asimetrías que debería corregir.
Por eso, construir consenso exige algo más que abrir las puertas del despacho presidencial o recibir a los sectores que solicitan audiencia. Requiere identificar activamente a quienes serán afectados por una decisión, especialmente cuando carecen de representación organizada.
El Estado no puede aceptar sin examen la idea de que la demanda de un sector beneficia automáticamente a toda la sociedad. Debe evaluar sus costos, sus consecuencias distributivas, su impacto sobre otros grupos y su compatibilidad con la Constitución, los derechos fundamentales y las posibilidades reales del país.
La explicación pública es tan importante como la decisión misma. No basta con anunciar qué se hará. Es necesario exponer por qué se escogió una opción, cuáles intereses fueron ponderados, qué riesgos fueron identificados y cómo se enfrentarán sus efectos.
Fuente: Listín Diario