Escrito Por: TAHIRA VARGAS GARCÍA
La vida para las mujeres no está garantizada en su totalidad en la República Dominicana. Defender que las mujeres tienen derecho a vivir y no ser maltratadas por parejas debe ser una “marca país” y una prioridad de Estado.
La vida para las mujeres no está garantizada en su totalidad en la República Dominicana. Defender que las mujeres tienen derecho a vivir y no ser maltratadas por parejas debe ser una “marca país” y una prioridad de Estado.
Los feminicidios tienen un gran impacto psicosocial y económico en la población infantil y adolescente desde: orfandad, exclusión social, revictimización en círculos de violencia, problemas de salud mental, incremento de la pobreza y situaciones de riesgo. Su estructura de protección y cuidado se desvanece, pasan a la incertidumbre y el dolor. Los rostros de la población infantil y adolescente huérfana de feminicidios se plasman en el estudio que realizamos para Fundación Vida Sin Violencia (2023)
La vivencia de la violencia de género en la vida y muerte de sus madres dejó marcas imborrables con efectos de revictimización desde: bullying, discriminación, exclusión y violencia en centros educativos, comunidades y familias acogedoras.
En varios casos esta población infantil y adolescente fue alertada por sus madres sobre la amenaza de muerte que les perseguía, acompañada con indicaciones de responsabilidades de cuidado y acogida a hermanas y hermanos..
La convivencia en hermandad es para la población infantil y adolescente más cercana al tejido afectivo interactivo familiar pre-feminicidio favorecedor del cuidado y crianza.
Las expresiones de preferencia de vivir “solos/solas” o entre “hermanos/hermanas” en los relatos se sustentan en varios casos en la necesidad de continuar conectados con el imaginario del modelo de maternidad y paternidad ejemplar, independientemente de la relación conyugal violenta y el crimen.
Las familias acogedoras estructuradas desde relaciones de hermandad escasamente cuentan con el reconocimiento tutelar de las instituciones del Estado. El apego a modelos clásicos de familia en los programas sociales afecta su respaldo ante la diversidad y complejidad de las estructuras familiares existentes en la realidad social con especial atención a los grupos más vulnerables.
La prevención de los feminicidios en el país debería ser una prioridad en todos los ámbitos público, privado, religioso, político y social. Todas las instituciones que promueven el derecho a la vida deben asumir el compromiso de promover a las mujeres como principales sujetos y evitar que sigan creciendo las familias plagadas de orfandad, duelo y mujeres muertas. . Todas las misas, servicios religiosos, catequesis y actividades sociales deben interpelar a los hombres hacia la ruptura con sus prácticas de violencia y muerte. Intervenir desde políticas públicas en disminuir la violencia de género supone crear estructuras y programas dirigidos a eliminar la desigualdad de género al interior de las familias favoreciendo un clima de reconocimiento de derechos en su interior, de relaciones de respeto y horizontales.
Fuente: Hoy