Con las reuniones suspendidas y sin fecha de reactivación, el Gobierno saliente busca blindarse jurídicamente con el respaldo de los entes de control e informes por redes sociales
En la última semana, en la Casa de Nariño se han tomado decisiones determinantes del final del Gobierno de Gustavo Petro. El proceso de empalme, que arrancó hace dos semanas con la promesa de ser “ordenado, auditado, verificable y público”, terminó suspendido indefinidamente este martes por las disputas entre los presidentes saliente y entrante. Frente a ese quiebre, Petro busca alternativas para blindar jurídicamente el cierre de su mandato.
En la madrugada del martes, el electo Abelardo de la Espriella ordenó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, suspender de inmediato las reuniones, en una decisión que vinculó al desconocimiento de su elección que han manifestado Petro y el fallido candidato continuista, Iván Cepeda. Unas horas después, el ministro de Hacienda y aliado político de Petro desde hace décadas, Germán Ávila, anunció como coordinador de la transición la suspensión de los encuentros, alegando la falta de garantías institucionales para continuar. Acto seguido, un abogado de Petro, Alejandro Carranza, presentó una denuncia penal por calumnia contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo entrante y viejo compañero de Petro y Ávila en la extinta guerrilla del M-19, por haber dicho que Petro debe ser llevado a juicio.
Ante la inédita incertidumbre frente a un trámite administrativo que está regulado por la ley, el Gobierno dio el primer paso para protegerse jurídicamente. Este mismo martes, el comité de empalme de Petro ha pedido formalmente a la Procuraduría General de la Nación que acompañe el proceso “para que surta como garante”. En el documento, que Ávila leyó ante las cámaras en la misma declaración en la que anunció la suspensión desde el lado del Gobierno de izquierdas, el Ejecutivo pide que el órgano de control envíe a los servidores que considere pertinentes a las sesiones que se desarrollen. Ha elevado la misma invitación a la Contraloría General, encargada de vigilar la gestión de los recursos públicos. El propósito es que ambos organismos —que ya venían supervisando el proceso— actúen como garantes de una entrega de información que no parece tener un final consensuado.
Eso no es todo. El equipo de la Presidencia ya tiene lista una salida de contingencia en caso de que la mesa con el gobierno entrante no se reactive: transmitir los informes de gestión de cada sector a través de los canales oficiales en las redes sociales. Sería un mecanismo dirigido principalmente a sus bases y una forma de dejar constancia pública de que cumplió con su obligación legal.
La intención de transmitir el proceso de empalme encaja con la visión de un presidente que ha reiterado a lo largo de su mandato su deseo de ser visto por los colombianos, no solo en repetidas y largas alocuciones, sino en intervenciones en medios públicos, redes sociales e incluso al transmitir en vivo y en directo sus consejos de ministros durante el último año y medio. De hecho, él mismo propuso hacerlo con las reuniones de empalme desde su arranque. El pasado 2 de julio, cuando se instalaron las primeras mesas en la Casa de Nariño en su ausencia —estaba en Roma—, lo escribió en su cuenta de X: “Soy partidario de que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”. También pidió a los medios públicos encargarse de la transmisión en vivo. La propuesta quedó consignada en la directiva presidencial firmada por Ávila, que estableció que todas las reuniones “deberán ser grabadas y podrán ser transmitidas a través de plataformas digitales”.
Esa idea, sin embargo, no tuvo eco en el equipo de Abelardo de la Espriella. Restrepo, encargado desde esa orilla del proceso, ha dicho que el emplazamiento no puede “convertirse en un show mediático”; Lucio, De la Espriella y otras figuras del futuro Gobierno, por el contrario, han reiterado los señalamientos de corrupción hacia el mandato saliente. De hecho, han llamado a sus encargados del proceso de transición “comité de empalme anticorrupción”, un calificativo que Ávila ha rechazado vehementemente en su intervención de este martes.
Sin embargo, una fuente cercana a Petro reconoce que ese frente de ataque no es del todo infundado, y puede llegar a tener más peso del que aparenta. “Eso no hay que desconocerlo. Unos casos son públicos y conocidos y otros no. Ahí hay cosas por las que deben responder funcionarios”, admite, y aclara que los problemas no se limitan al ya conocido y muy sonado escándalo de la UNGRD. “El Gobierno no está blindado porque siempre se cometen errores”, admite. Pero apunta que temen que la administración entrante “magnifique” casos puntuales para golpear áreas enteras de la gestión de Petro, específicamente las que han sido sus banderas y representan buena parte de la imagen positiva que buscan defender. “Lo van a magnificar, van a buscar desprestigiar todo lo social: la reforma agraria, la educación, etcétera”, advierte. “Hay la intencionalidad de sembrar pruebas y crearle una situación difícil a algunos funcionarios por pura venganza”, asegura.
Con esas preocupaciones sobre la mesa, Petro ha pedido a su equipo de empalme que se prepare para entregar los resultados de su gestión directamente a los colombianos, sin depender de que el gobierno entrante se siente en la mesa. Es una instrucción que retoma lo ya trazado en la directiva presidencial que firmó Ávila el primero de julio: que cada sector cargue sus balances en una plataforma pública, a través del Departamento Nacional de Planeación, y que las sesiones que sí alcancen a realizarse queden grabadas para su difusión.
Petro se prepara para dejar la Presidencia a su manera, con un libreto que le permita controlar la narrativa y el flujo y énfasis de la información. Del otro lado, el Gobierno entrante no parece dispuesto a ceder ese manejo ni a renunciar a presentar una visión negativa de la gestión de la izquierda. La transición seguirá adelante y la lucha de relatos también.
Fuente: EL PAIS