Un grupo de trabajo de 14 expertos publica un documento que pide el fin de las sanciones, una reforma económica robusta y una transición pactada
Decir que Cuba está en crisis no es noticia. Lleva décadas sin serlo. Tampoco lo es que las sanciones de Washington hayan deteriorado la salud de una economía que vive en la sala de cuidados intensivos. Ambas afirmaciones son axiomas. Pero hablar de La Habana es un deporte de alto riesgo.
En ese ring, las dos verdades rara vez se dan la mano. Se excluyen y empujan a la gente a las trincheras de la ideología. O Cuba está así por el Partido Comunista —el único legal— o por las sanciones de Washington. Se admite una. Nunca las dos. Pero para un grupo de 14 expertos, convocados por la Universidad de Harvard, esta competencia de gritos tiene que parar. Todos coinciden. Mantener el statu quo cuando el país cae en picada es insostenible.
Este llamamiento al sentido común se basa en un diálogo que se inició en enero, cuando la Casa Blanca impuso a La Habana un bloqueo petrolero de facto. La medida vinodespués de otro golpe de efecto que trastabilló a la isla: la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Así lo cuenta a EL PAÍS el coordinador del Grupo de trabajo de Harvard sobre el futuro de Cuba, Alejandro de la Fuente. “El presidente Donald Trump no creó la crisis cubana, pero ciertamente la ha hecho mucho peor”, afirma del otro lado del teléfono. El resultado es un documento de 20 páginas que aborda causas, consecuencias y sugiere una hoja de ruta democrática para el país. Sin estridencias.
Los datos del diagnóstico son elocuentes. Y salen de un cóctel poco habitual: cifras oficiales mezcladas con las de organismos independientes. El PIB ha caído un 11% entre 2019 y 2024. Un tercio de la población ha emigrado en la última década, una fuga que el informe compara con la de naciones en guerra civil. La voracidad del Gobierno para captar divisas ha vaciado los consultorios y hospitales para exportar médicos. En los colegios faltan profesores. La agricultura se ha desplomado un 60% en ese periodo. Comer congrís —el plato típico de arroz con frijoles— se ha vuelto un lujo.
Mientras tanto, la inversión estatal se ha concentrado en construir hoteles vacíos —la inversión en Turismo ha sido 11 veces mayor que la de Sanidad, Educación y Asistencia Social combinadas—. Los apagones de 20 horas diarias son la norma. Y quienes se atreven a protestar terminan entre rejas: hay 1.300 presos políticos. De hecho, la isla ocupa el segundo puesto de población encarcelada per cápita, solo detrás de El Salvador de Nayib Bukele.
Entre los participantes del informe están el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana durante el deshielo de la era Obama, Jeffrey DeLaurentis; la exembajadora mexicana en la isla (2002-2005), Roberta Lajous; el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa; la artista en el exilio Tania Bruguera y el economista Omar Everleny Pérez. “[Este es un] grupo de trabajo que tiene participantes que vienen de posiciones muy diversas. Hemos circulado muchísimos documentos entre todas y todos; hemos hecho llamadas… Este resumen que hemos circulado no iba a reflejar al 100% las visiones individuales de cada uno”, sostiene De la Fuente. Y añade: “No queremos antagonizar a la Casa Blanca, pero sí queremos robarle la iniciativa”.
Diálogo con las autoridades
En el texto, publicado el 10 de septiembre, el Grupo —una alianza entre el Programa de Estudios de Cuba, el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas y el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard— pide una salida negociada a la crisis. Una herejía imperdonable entre los círculos más radicales del exilio de Florida. “Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras. Esta no es una premisa compartida por todos los actores políticos de Cuba y de la diáspora. Nuestra convicción, sin embargo, es que la solución de la crisis actual precisa del concurso de todos”, se lee en el documento.
Los expertos se alejan de los maximalismos que piden una intervención militar o un cambio de régimen brusco. Como alternativa, establecen una hoja de ruta que incluye una amnistía para los presos políticos, el desmantelamiento de las leyes que han dado pie a la represión, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, más reformas económicas que empoderen al incipiente sector privado y el reingreso del país a organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial. En la publicación también se aboga por establecer a largo plazo una Asamblea Constituyente.
Para la exembajadora mexicana en la isla Roberta Lajous, una hipotética transición debe considerar las dos verdades a la vez. Algo que ni Washington ni La Habana han admitido abiertamente en seis décadas de hostilidades y propaganda. “El embargo y las sanciones de Estados Unidos solo han servido para justificar la permanencia de un partido político único que, a la fecha, sigue considerando ilegal cualquier tipo de oposición”, afirma a EL PAÍS en entrevista telefónica.
La diplomática argumenta que las medidas estadounidenses han facilitado el discurso de víctima —o del David antiimperialista contra Goliat estadounidense— del sistema cubano y no ha logrado el objetivo de la Casa Blanca: derrocarlo. Como resultado, los que han sufrido las consecuencias son los ciudadanos de a pie. “No es posible continuar con esta situación de sufrimiento de la población”, concluye.
El documento del Grupo es final pero no definitivo. Es decir, servirá para “crear diálogo” en los próximos meses, según explica De la Fuente. La idea es escuchar a todos. Desde las oposiciones más duras hasta el oficialismo. “Muchas de las posiciones maximalistas no son descabelladas. No les falta razón a los que lo argumentan [que es naíf esperar que las autoridades cubanas se sienten a dialogar]. Pero hay que intentarlo […] es responsabilidad del Estado cubano encontrar soluciones a este problema. Eso no es un deber de la Casa Blanca o del Departamento de Estado”, remacha el académico.
El Gobierno cubano no ha tardado en reaccionar con su tono habitual. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró la semana pasada que la publicación responde “a la propaganda diseñada por el Departamento de Estado” para “confundir y manipular al público estadounidense e internacional”.
La pregunta que deja el informe no es si Cuba necesita una transición. Es si alguien, en La Habana o en Washington, está dispuesto a dejar de gritar.
Fuente: EL PAIS