Entre 2021 y 2022 fueron apresadas decenas de personas en los pueblos fronterizos con Colombia. Sus familias, que callaron durante años, se atrevieron a denunciar
Iraima Andreina Acosta Moncada tenía 18 años y quería estudiar para ser policía cuando le metieron la cabeza en una bolsa con cloro, vinagre y talco. “En un momento le preguntaron que si quería ver a San Pedro y ella dijo que sí, porque pensaba que era un abogado. En eso le metieron la cabeza en la bolsa”, relata su madre, Yadimir Moncada. Lo hicieron varias veces hasta casi asfixiarla, antes de darle un disparo que le entró por la espalda y le salió por el abdomen y meterle los dedos en la herida que, cada mes, cuando le viene la regla, le duele hasta el desmayo. “Ella es una bebé. Cómo van a decir que mi hija es una terrorista, una guerrillera”.
El 12 de enero de 2022 los policías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar la detuvieron en un hotel en la población de La Victoria, en Apure, donde la frontera entre Colombia y Venezuela casi se borra. Los hombres encapuchados de negro la manosearon, amenazaron con violarla y le mostraron fotos de cuerpos picados diciéndole que eran los de su familia. A Iraima Andreina la acusaron de terrorismo, como a decenas de campesinas y jornaleros, algunos menores de edad, funcionarios policiales de bajo rango y pobladores de los caseríos más apartados de la frontera colombo-venezolana. Fueron llevados a la fuerza, sin identificación ni orden, durante una redada emprendida por el Gobierno de Venezuela entre 2021 y 2022 para supuestamente replegar a los grupos armados que se mueven en ese conflictivo borde de Suramérica.
Sus casos han sido denunciados por la organización Surgentes. Este año ha comenzado a documentarlos, cuando las familias se atrevieron a hablar en medio de la apertura política presionada por la intervención estadounidense del 3 de enero. Son presos políticos que no estaban en el conteo, que no eran visibles. Van unos 68, pero Antonio González, miembro de la ONG, estima que puede tratarse de más de 200. “Sus únicos delitos son vivir en la frontera, ser pobres o tener la nacionalidad colombiana”, señala. Están unidos en sus expedientes por un acrónimo que inventó Nicolás Maduro en uno de sus actos transmitidos por televisión. “No son ni guerrillas, ni seudoguerrillas, ni paracos; son los Tancol: terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Y esos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano”, dijo Maduro ese 2021, cuando declaró la guerra contra un grupo del que nadie había escuchado jamás.
Disputas de territorio
Cuando Maduro habló de los Tancol dijo que eran pagados por la oligarquía colombiana, como parte de la enésima conspiración tramada en su contra. Mientras tanto, avanzaban sobre territorio venezolano las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los “farianos” y los “tres letras”, los nombres en clave con los que prefieren referirse a ellos quienes están obligados a convivir con las guerrillas irregulares de Colombia.
La ofensiva contra los Tancol fue la respuesta del Gobierno venezolano al recrudecimiento del conflicto entre las guerrillas. Por años, se ha señalado a algunas estructuras del chavismo de tener pactos con las guerrillas colombianas para el control compartido de rentas ilícitas mediante la explotación de oro y el contrabando de combustible. Está documentado en investigaciones periodísticas, por organismos internacionales y ONG locales. El Gobierno reiteradamente había guardado silencio, hasta que Maduro resolvió meterlos a todos —involucrados o no— bajo el nombre de Tancol, para no mencionar a ninguno de los principales grupos.
Pero el aumento de las tensiones, en marzo de 2021, obligó al desplazamiento de miles de personas de Venezuela al Arauca colombiano. Oleadas de familias huyeron de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las disidencias de las FARC, que dejaron una veintena de militares venezolanos muertos. Esa guerra desató otra contra los supuestos Tancol. Y por las denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones, el defensor de derechos humanos Javier Tarazona fue detenido. A él lo excarcelaron hace unos meses. Parte de las consecuencias de lo que denunció, como las decenas de casos de detenciones arbitrarias de “falsos positivos Tancol”, se están conociendo ahora.
El medio especializado en crimen organizado InSight Crime documentó 149 acciones anti-Tancol entre 2021 y 2023, al que calificó de “enemigo fantasma” en Venezuela. También señaló que el retroceso de las disidencias de las FARC permitió el avance del ELN en varios sectores de Venezuela, la guerrilla que un año después de ese episodio se sentó en Caracas a discutir la paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Según informes del mismo medio, luego de la captura de Nicolás Maduro y la entrada de Estados Unidos en el país, el ELN se replegó en Colombia.
Presos por pobres
La familia de Iraima Andreina está en pedazos desde hace cuatro años. Cuando la detuvieron, estaba con su tío, un funcionario policial que sigue preso. Se lo había encontrado esa tarde cuando regresaba del otro lado de la frontera de hacer diligencias. Se le hizo tarde y decidió pasar la noche en La Victoria, en el estado Apure, antes de regresar a su casa en El Piñal, en el estado Táchira, en esta cuña que hace el mapa de Venezuela sobre el de Colombia.
“A mi esposo le metieron la cabeza en una lavadora en funcionamiento. Perdió la visión y la audición del lado derecho”, dice Gloria Moncada, sentada junto a su hermana Yadimir una mañana de septiembre en un café en Caracas. Las dos viajaron para denunciar que el juicio, radicado a cientos de kilómetros de donde viven, va a cumplir un año sin ninguna actuación. La mamá de Andreina sacrificó el dinero que le envía a su hija para que coma mejor en la cárcel para poder viajar a la capital a denunciar su caso. “Uno no tiene dinero para venir a Caracas todo el tiempo. La mayoría somos muy pobres y tenemos que pasar meses reuniendo dinero para poder verlos”, dice mientras lucha para que no le salgan lágrimas. “Yo solo quiero que liberen a mi niña para llevarla al médico y que ella pueda ver a un psicólogo por todo lo que ha vivido”.
Las mujeres se han constituido en el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol. Los expedientes de estas detenciones arbitrarias reúnen un patrón: todos son acusados de terrorismo sin pruebas sólidas, con evidencias fabricadas o tomadas bajo tortura. A ninguno se le dio acceso a la defensa privada. “A mi sobrina y a mi esposo les dijeron que ellos eran parte de una estadística, que les tocó estar en el lugar y la hora equivocada”, dice Gloria. “A esos policías los mandaron a detener gente como si fueran pollos”. Siete de los casos ya han recibido condenas a 30 años de prisión.
Uno de los sentenciados es el padre de Patricia Muñoz, al que le hicieron dos expedientes. “A mi papá lo condenaron por videollamada”, dice la hija. “Fue secuestrado por agentes del DGCIM y estuvo desaparecido. Lo llevaron a una casa clandestina entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar. Lo golpearon, le sacaron los dientes y le pusieron corriente para que dijera que era guerrillero y que había sido detenido cuando iba pasando frente al comercio Punto de Oro del sector Guarataro [en el estado minero de Bolívar, al sur de Venezuela], del que en realidad es dueño y fundador”. En su segundo expediente, según su hija, dice que fue detenido en Apure por ser Tancol.
A la madre y al esposo de Angélica Correa los detuvieron en la finca Agua Linda, en Elorza, estado Apure, donde vivían del ordeño de vacas. “Una comisión de 12 camionetas del DGCIM y la Guardia Nacional llegó a la finca. A mi esposo y a los hombres que estaban ahí empezaron a golpearlos y se los llevaron con mi mamá. Pasamos 12 días sin saber de ellos”, dice en la primera entrevista en la que Angélica ha podido contar su historia. La familia fue hostigada después de esa detención y ella tuvo que mudarse. El miedo los mantuvo en silencio hasta este año, cuando han denunciado públicamente y solicitado la amnistía. A todos se la han negado.
En Surgentes insisten en que los casos de estos presos políticos también evidencian un patrón de criminalización de la pobreza. “Es por pobres que nuestros familiares están presos siendo inocentes, porque policías y militares necesitaban mostrar números de eficiencia y podían agarrar a gente vulnerable, de zonas fronterizas; es por pobres que fueron torturados, la mayoría de ellos, porque los torturadores sabían que estábamos lejos de las ciudades y que no sabíamos bien cómo denunciar y, además, que nos daba terror que fuera peor denunciar”, dicen en una carta que enviaron a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, ministro del Interior, a cargo de la reforma judicial, como parte de las gestiones que han hecho para exigir la libertad de los detenidos.
Fuente: EL PAIS