El declive de los grandes jefes del hampa dio paso a un férreo control militarizado en las prisiones, donde arrecian las denuncias por desnutrición, maltrato y aislamiento
Estar preso en Venezuela es un castigo por partida doble. No existe un ciudadano más indefenso que un prisionero, ya sea un reo común o un preso político. El mundo carcelario es un infierno donde toda solución parece agravar el problema. Tras años bajo el yugo de las mafias, hoy la gestión de las prisiones está militarizada: abunda el trato hostil, la comida descompuesta, el hacinamiento, las requisas violentas y el goteo arbitrario de las visitas. Sucede lo mismo en los centros de retención policial.
Con cierta periodicidad, cuando se acumula la rabia, estallan motines, como el que tuvo lugar este fin de semana en el Internado Judicial de Barinas, o el que ocurrió en Yare el pasado mes de abril, que dejaron varios muertos y heridos. Si un prisionero político muere bajo la custodia del Estado, se genera un fuerte revuelo y protestas. Los presos comunes, casi siempre invisibles y sin nadie que reclame por ellos, son únicamente cifras al morir: solo los lloran sus familiares. Entre abril y mayo de 2025, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fallecieron 16 personas en las cárceles. En 2024, otras 149 personas murieron bajo custodia estatal, de acuerdo con la misma organización. Desde 2017, las víctimas mortales en recintos carcelarios suman 560.
La figura del pran (acrónimo de “preso rematado asesino nato”) —el líder de la estructura delictiva de las prisiones venezolanas desde comienzos de este siglo y vector de la ola criminal que azotó al país hasta la década anterior— ha ido desapareciendo desde 2023 para dar paso a un férreo control estatal y militarizado. El punto de inflexión fue la ejecución del plan Gran Cacique Guaicaipuro, ordenado aquel año por el presidente, Nicolás Maduro.
El operativo desplegó a 11.000 efectivos militares que tomaron por la fuerza algunas de las cárceles más importantes del país: Tocorón —cuna de la multinacional delictiva el Tren de Aragua, que llegó a albergar en su interior discotecas, lagunas con flamencos y un restaurante llamado La Sazón del Hampa—, Tocuyito, Yare I, II y III, La Pica, El Rodeo I y II, Uribana y Puente Ayala.
En estos procedimientos, el Estado incautó cientos de fusiles de asalto y armas de guerra, drones, drogas y hasta un call center en la prisión de La Pica para organizar extorsiones y secuestros a escala nacional. Muchos de estos gánsteres, que se hicieron poderosos durante los años en que Tareck El Aissami estuvo al frente del Ministerio del Interior y de Justicia —hoy preso por un desfalco milmillonario en Petróleos de Venezuela (PDVSA)—, se fugaron de las prisiones antes de que entraran las autoridades. Buena parte de estos núcleos delictivos emigró a otros países de la región.
El agravamiento de las operaciones delictivas en las cárceles, tolerado durante mucho tiempo por el régimen chavista, disparó en un 900% los índices de secuestro en Venezuela entre los años 2000 y 2010, y multiplicó por cuatro la tasa de homicidios: de casi 5.000 en el año 2000 a 25.000 en 2012, según información oficial.
La toma militar de estos centros, sumada a factores como la crisis económica, la emigración masiva y la política de mano dura contra la delincuencia que adelantó Maduro una década después, produjo el posterior desplome de todos los índices delictivos en el país. También descendió de manera drástica la frecuencia e intensidad de los motines respecto al ritmo que registraban hasta 2014.
Palizas, desnutrición e infecciones
El regreso de la presencia del Estado a las cárceles se parecía mucho entonces a una solución, pero ha generado nuevos problemas. Ahora es más frecuente que las muertes sean silenciosas y no trasciendan a la opinión pública. Los presos están uniformados, sometidos a orden cerrado, reciben una arepa con frijoles en el desayuno y cada madrugada se despiertan escuchando marchas militares con loas a Hugo Chávez. También comenzó a hacerse habitual que presos políticos y comunes convivan en los mismos espacios, como ocurre en El Rodeo, Tocorón, Tocuyito, Yare o el Injuba.
En paralelo, sin embargo, han aumentado las denuncias de golpizas, descargas eléctricas, disparos contra la población carcelaria y una absoluta falta de atención médica. Varios reclusos han muerto por desnutrición, infecciones, diarreas o tuberculosis en estos años. La ‘paquetería’ —los enseres y alimentos que llevan los familiares— es retenida de manera aleatoria. En las cárceles de máxima seguridad para presos militares y civiles, como Fuerte Guaicaipuro, Zona 7 o El Rodeo II —administradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)—, las condiciones son aún más draconianas.
El sistema carcelario nacional dejó de depender en 2011 del Ministerio del Interior y de Justicia para ganar un asiento propio en el Gabinete: el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. La primera titular de la cartera fue Iris Varela, una de las dirigentes más radicales del chavismo. Por entonces, las prisiones venezolanas eran zonas de autogobierno controladas por bandas criminales que traficaban con armas y gestionaban secuestros y asesinatos en las calles.
“El régimen tuvo una enorme oportunidad para poner orden en el desastre de las cárceles en Venezuela: un ministerio exclusivo para el servicio penitenciario”, afirma Humberto Prado, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones. “Se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal, que garantiza todos los derechos al detenido. Se institucionalizaron jueces de control y de juicio, con cortes de apelaciones. Ese ministerio tuvo los recursos para darle a los presos comida óptima, espacios dignos, servicios médicos y talleres de reeducación, sin retardos procesales. Pues nada de eso ocurrió: todo se puso mucho peor para el interno. En Yare mataron hace poco a cinco presos y salieron más de 70 heridos por disparos de las autoridades, y nadie dijo nada, no pasó nada”, critica Prado.
Un motín en Yare se saldó con 25 presos muertos en 2012. Un año después fallecieron 60 personas y 150 resultaron heridas en una revuelta en la cárcel de Uribana. Un segundo alzamiento en ese mismo lugar se produjo en 2014, con 21 muertos. En 2015, un incendio en Tocuyito costó la vida a 18 reclusos. De acuerdo con las cifras del OVP, unas 3.500 personas han muerto bajo custodia del Estado en las prisiones venezolanas desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en 2011.
“El aparente apaciguamiento de las cárceles a partir de 2023 responde más a acuerdos internos del Gobierno con grupos del crimen organizado en ese entonces que a otra cosa”, sostiene Óscar Murillo, coordinador de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), una ONG especializada en la materia. “Las viejas causas de la tragedia del régimen penitenciario siguen ahí: retardo procesal, hacinamiento crónico, precariedad de la infraestructura, falta de higiene y de atención médica. Son frecuentes los tratos inhumanos y degradantes denunciados en múltiples ocasiones por los familiares de los prisioneros en varias cárceles a lo largo de todos estos meses”, sostiene Murillo.
“La intervención del Gobierno en 2023 para retomar los penales que gobernaba el hampa fue un caos”, añade Prado. “Luego de una promesa de remodelación, muchas de estas cárceles permanecen cerradas, mientras que en las otras el hacinamiento es del 180%. Abrieron de nuevo Tocorón y Tocuyito para meter a presos políticos, pero siguen clausuradas las de Yaracuy, Trujillo, Vista Hermosa, La Pica y Puente Ayala”, explica.
La polémica gestión de las cárceles
La gestión de las prisiones ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la sociedad venezolana durante décadas, y un combustible natural para el auge delictivo y la composición social. Hasta los años setenta, la población carcelaria no era demasiado numerosa, si bien las condiciones de reclusión nunca fueron óptimas. La gran novedad de la crónica roja de la época consistía en informar de que los presos fabricaban navajas caseras, llamadas entonces chuzos, para las riñas internas.
Desde finales de los ochenta y durante los noventa, bajo los últimos Gobiernos de la era democrática, sí se registraron varios motines graves con cientos de muertos y heridos en prisiones ya desaparecidas, como el Retén de Catia o La Planta (hoy destinada a presos extranjeros). Aquellas crisis carcelarias de la democracia fueron severamente juzgadas por la opinión pública, pero nunca se tradujeron en reformas estructurales por parte de las autoridades.
Con la llegada de la revolución bolivariana al poder en 1999, la población reclusa se duplicó al calor del auge delictivo, hasta confluir hacia 2010 en una auténtica crisis de violencia criminal en todo el país. El mandato de los pranes —casi extinguidos hoy en día— se prolongó durante más de 20 años, periodo en el que los delincuentes se adueñaron de un asombroso arsenal de guerra.
Esta atmósfera tóxica —uno de los motivos más recurrentes que alega la diáspora en las encuestas para justificar su salida del país— encontró un inesperado punto de inflexión con el estallido de la crisis económica local, la migración masiva y la decisión militar de tomar las cárceles. Desde 2021, los índices delictivos en Venezuela se sitúan en sus niveles más bajos en más de 40 años. “Con pranes o sin ellos”, concluye Prado, “los presos en las cárceles se siguen muriendo”.
Fuente: EL PAIS