Varios diplomáticos temen que la información que se remitirá sobre el censo será necesariamente “incompleta y arbitraria”
El Tribunal Supremo ha abocado a los responsables de los registros consulares a una misión imposible: la de expedir, “bajo su responsabilidad”, certificación acreditativa de que los 163.020 incorporados al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), al amparo de la llamada ley de nietos, son descendientes de españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. De momento, 32 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo han aportado hasta este lunes información “total o parcial” sobre los afectados que podrán votar o no en las elecciones del 29-N, según fuentes de Exteriores. La cifra supone solo el 20,4% del total de la red consular, cuando quedan menos de tres días para que, este jueves 22 de octubre, se cierre de forma definitiva el censo electoral.
El proceso avanza en tiempo real. Pero la mayoría de fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS coinciden en que va a ser prácticamente imposible cumplir a tiempo con la tarea exigida tras la decisión del Supremo de suspender el derecho al sufragio de aquellos extranjeros que fueron nacionalizados sin aportar una prueba de exilio. La faena ya se presentaba titánica incluso para los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2027. “Es un carajal”, resume de forma elocuente una fuente diplomática destinada en un país de Latinoamérica, y directamente afectada por el asunto.
Varios cónsules coinciden en que la información que se remitirá será necesariamente “incompleta y arbitraria” y numerosos ciudadanos españoles se quedarán sin derecho al voto “simplemente porque no ha dado tiempo a revisar su expediente”.
Mientras la cuestión de fondo es analizada por el Tribunal Constitucional, después de que el Defensor del Pueblo pidiera amparo por la posible vulneración de derechos fundamentales de los afectados, la red consular arrancó la semana pasada con el proceso de volcado de estos datos.
Tras los autos del Supremo, los consulados tienen la obligación de recoger “de forma diferenciada” a los naturalizados que acreditaron durante el proceso de obtención de la nacionalidad la condición de descendientes de exiliados, pero sin que se les aplicara la instrucción que publicó el Ministerio de Justicia, al poco de aprobarse la Ley de Memoria Democrática en 2022. Esta disposición, por un lado, amplía el tenor literal de la ley y permite nacionalizarse a descendientes de españoles de origen. Por otro, presupone la condición de exiliado a los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
De acuerdo con las medidas cautelares dictadas por el Supremo, el 29-N solo podrán votar quienes hayan presentado dicha prueba, por lo que estos días los consulados también han estado abiertos a que los nacionalizados puedan acreditar los motivos que llevaron a sus ascendientes a abandonar España. Esto añade un embrollo más al asunto.
Cuando se tramitaron los expedientes, muchos descendientes no presentaron la correspondiente prueba de exilio, ya que no era necesaria. A la dificultad que entrañaba obtener la partida de nacimiento en España del abuelo o abuela, certificado de llegada al país de acogida, partida de matrimonio de los padres y de nacimiento del nieto, todas ellas legalmente compulsadas, se unía la complejidad de aportar dicha prueba, que podía ser el recibo de cobro de la pensión que el Estado español reconoció a los exiliados tras la recuperación de la democracia, un documento acreditativo de figurar en las listas de la Oficina Internacional de Refugiados de la ONU o un informe del partido político en el que militó, entre otros.
Muchos descendientes de exiliados renunciaron a aportar unos documentos que complicaban el procedimiento y no aportaban ninguna ventaja respecto a quienes se limitaban a acreditar la salida de España de sus antepasados en los años de guerra y posguerra. Del mismo modo, señalan las fuentes consultadas, tampoco el personal de los consulados prestó excesiva atención a la validez de estos documentos: bastaba con que fueran correctos los que acreditaban la línea genealógica del nieto con los abuelos salidos de España. Ahora, los empleados de la red consular, muchos de ellos mal retribuidos y con empleos temporales, se ven en la tesitura de emitir un juicio apresurado sobre la validez de esos documentos y tomar una decisión que afecta al ejercicio de un derecho fundamental como es el voto.
Exteriores asegura, por otro lado, que la Oficina del Censo Electoral tiene ya a su disposición los datos de más de 70.000 españoles nacionalizados mediante la controvertida disposición de la ley de nietos: se trata de dosieres incorporados en 2025 y 2026, mediante la nueva plataforma informática DICIREG, un sistema de registro civil digital. Los expedientes recogidos entre 2022 y 2025, sin embargo, han de valorarse a mano de forma individualizada.
Este cribado caso por caso no se puso en marcha hasta mediados de la semana pasada, cuando el Ministerio de Exteriores habilitó ―tras el rechazo del Supremo al recurso de la Abogacía del Estado― una herramienta digital para que los consulados pudieran incorporar los datos. Fuentes diplomáticas describen esta plataforma más bien como “un excel en la nube”: una mera hoja de cálculo a la que subir manualmente los datos.
“Algunos consulados, antes de recibir instrucciones desde Exteriores, ya habían iniciado esta tarea de cribado; otros pudieron organizar a todo su equipo para atenderla; alguno ha logrado, además, que el personal trabajara durante el pasado fin de semana; otros no, porque la carga de trabajo, incluidas otras obligaciones de atención a españoles determinadas por la ley no lo permitieron”, comenta Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que agrupa alrededor del 60% de los casi mil diplomáticos en activo, y mantiene estos días contacto activo con las oficinas consulares. De este modo, cree que algunas oficinas podrían llegar a presentar los datos antes del plazo, “pero va a haber otros a los que no les va a dar tiempo”.
La situación podría dar un paso más hacia lo desconocido si, por ejemplo, los consulados solo logran aportar información de una parte de los afectados. “¿Y entonces qué hará el Tribunal Supremo? ¿Podrán votar aquellos de los que no se ha revisado el expediente? ¿Se dará por bueno ese censo?“, se interroga Virella, que, además, reitera su denuncia de la falta de medios materiales y humanos para acometer una labor extraordinaria.
Denuncia también la falta de claridad con los plazos para cumplir con la tarea: no se ha especificado ninguna fecha, por lo que no se sabe con certeza si el límite es el 22 de octubre, cuando se cierra el censo —fecha que coincide además con el plazo que tienen los afectados para personarse en el procedimiento, según el auto del Supremo—; o si expira este lunes 19, cuando concluye el periodo para presentar reclamaciones al censo. Critica, además, que Exteriores no ha proporcionado la herramienta informática que había anunciado el ministro, José Manuel Albares, tras la resolución del Supremo: “Lo que les ha llegado a los consulados ha sido una plantilla en Excel”.
“El Supremo dice que, aparte de tramitar pasaportes, carnets de conducir, inscribir a los niños que nacen, de seguir recibiendo nuevas solicitudes de nacionalidad y otras tareas habituales, pongamos en marcha el proceso electoral de miles de personas y miremos expedientes uno a uno desde el año 2022 en cinco días”, protesta otra fuente diplomática que también ve complicado que se cumpla con los plazos en toda la red consular. Agrega que ni siquiera se han podido ampliar de forma extraordinaria las contrataciones, ya que este tipo de trámites exige cumplir con un procedimiento administrativo “limpio y transparente”.
En este punto, incluso el jefe de la diplomacia española reconoce la dificultad para llegar a tiempo: “Se están poniendo todos los medios, por nosotros no va a quedar, pero, desde luego, algo que ya era difícil para […] las elecciones autonómicas y municipales de mayo, con un plazo tan corto se antoja todavía mucho más difícil”, comentaba Albares este lunes en Telecinco. “Nadie está obligado a lo imposible”, remachaba. El ministro ha explicado que se han anulado “todos los permisos” de los que disponían los cónsules, para que regresen a su destino y puedan ponerse al frente de las tareas; y que se les ha dado instrucciones “muy concretas” para que destinen “todo el personal necesario” para acometerlas.
Fuente: EL PAIS