Escrito Por: Margarita Cedeño
Durante décadas, los grandes proyectos de inversión fueron evaluados casi exclusivamente desde la perspectiva de la rentabilidad económica y la factibilidad técnica. Si un proyecto generaba empleos, aumentaba exportaciones, atraía capital extranjero o prometía crecimiento del PIB, se asumía automáticamente que debía ejecutarse. Sin embargo, el siglo XXI ha ido desmontando esa lógica, dando paso a la licencia social y reconociendo que es un elemento tan importante como el capital financiero o la ingeniería.
A pesar de que la licencia social no es un documento formal emitido por un ministerio ni un permiso administrativo estampado por una institución pública, su importancia define la vida de algunos proyectos, porque resulta de la aceptación colectiva de una comunidad respecto a un proyecto que impactará su territorio, su entorno y su forma de vida. Es, en términos simples, la legitimidad social de una inversión.
Y hay sectores donde esa legitimidad debe incluso preceder la viabilidad económica. La minería es probablemente el caso más evidente.
La historia de la minería moderna está profundamente marcada por conflictos ambientales, desplazamientos humanos, contaminación de fuentes acuíferas, deterioro de ecosistemas y fracturas sociales. Aun cuando muchas operaciones mineras actuales poseen mejores estándares tecnológicos y regulatorios que hace treinta o cuarenta años, el peso histórico de la actividad sigue generando desconfianza, que no desaparece con una presentación en PowerPoint ni con una promesa de compensación económica.
Ese es precisamente el punto que a muchos gobiernos y empresas se les hace difícil calibrar, reconociendo que en actividades de alto impacto, la primera inversión no debe hacerse en maquinaria, sino en legitimidad social.
Una comunidad que percibe que un proyecto fue impuesto, donde la información se ocultó o que las autoridades actuaron como promotoras del inversionista en lugar de árbitros del interés público, genera conflictos inevitables y dinámicas de confrontación que ningún estudio financiero logra rescatar.
La experiencia reciente de Panamá es una prueba contundente de ello. El proyecto de Minera Panamá, operado por First Quantum Minerals, representaba una de las inversiones extranjeras más importantes de la economía panameña. Generaba miles de empleos y tenía un impacto considerable sobre las exportaciones nacionales. Sin embargo, el proyecto terminó atrapado en una crisis social y política de enormes dimensiones. Las protestas masivas, los bloqueos y el rechazo ciudadano crecieron hasta convertirse en una presión nacional que terminó provocando la paralización de las operaciones tras un fallo de la Corte Suprema.
El caso panameño es interesante por su trascendencia política y social, que se manifestó en una parte importante de la población sentía que el contrato minero no respondía al interés nacional, que existían riesgos ambientales significativos y que el Estado había perdido capacidad de representar adecuadamente a la ciudadanía frente a una empresa con enorme poder económico.
En América Latina, muchos Estados todavía manejan los proyectos extractivos desde una lógica excesivamente centralista. Se diseñan negociaciones en oficinas gubernamentales alejadas de las comunidades afectadas, se presentan estudios técnicos difíciles de comprender para la población y luego se espera que la sociedad simplemente acepte decisiones ya tomadas.
Pero la ciudadanía contemporánea funciona de otra manera. Las comunidades quieren participar, ser escuchadas y entender con claridad cuáles serán los costos reales del proyecto. Quieren saber qué ocurrirá con el agua, con la salud pública, con la agricultura, con el desplazamiento poblacional y con la sostenibilidad del territorio después de que termine la explotación económica. Y tienen razón.
Porque el problema de muchas actividades extractivas es que los beneficios suelen distribuirse de forma nacional, mientras los costos se concentran territorialmente. El Estado recibe ingresos fiscales, la economía recibe divisas y ciertos sectores obtienen dinamismo económico, pero las comunidades cercanas cargan directamente con el impacto ambiental y social. Esa asimetría explica gran parte de los conflictos.
Por eso la licencia social no puede verse como una campaña de relaciones públicas. No se trata de contratar publicidad, influencers o propaganda institucional para “convencer” a la población. Se trata de construir mecanismos reales de participación y credibilidad.
En sociedades democráticas, la confianza pública es un activo económico. De hecho, las empresas más inteligentes del mundo ya entendieron esto y evalúan el “riesgo social” como un componente crítico de sus decisiones. No podemos apostar a la extracción de riqueza del territorio sin que la sociedad perciba que ese proceso genera bienestar colectivo sin destruir su entorno ni comprometer su futuro. Y en sectores de alto impacto, como la minería, esa legitimidad debe construirse antes de hablar de rentabilidad.
Fuente: Listin Diario