Las ONG denuncian que hay al menos 21 personas detenidas de manera irregular de las que se desconoce su paradero
María Emely Delgado se cruzó con Carmen Navas varias veces este año: en las oficinas de la ONG Foro Penal, en el Ministerio Público y alguna vez en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas. La primera tiene 63 años, la segunda tenía 82. Ambas buscaban a sus hijos, desaparecidos después de haber sido detenidos arbitrariamente. Carmen Navas murió diez días después de haber encontrado a Víctor Hugo en un cementerio. Pasó 16 meses buscándolo. María Emely todavía no ha encontrado a Jorgen. “Hay que estar en esos zapatos para saber lo que es esto”, dice esta maestra jubilada, que los ha calzado por casi dos años. “El de ella tenía menos tiempo desaparecido que el mío; con Jorgen ya voy para 22 meses sin saber de él”.
El caso de Carmen Navas y su hijo expuso el dolor de las madres de desaparecidos en Venezuela, una categoría abierta hace años en el expediente de represión que ha llegado a instancias como la Corte Penal Internacional. Carmen pasó 16 meses buscando a Víctor Hugo sin que ninguna institución le dijera la verdad: su hijo había muerto bajo custodia del Estado nueve meses antes de que ella lo encontrara en un cementerio. Durante todo ese tiempo, le aseguraron que estaba preso. Son varias las familias venezolanas atrapadas en ese mismo limbo: vagan entre los vericuetos del sistema judicial, las cárceles y los tribunales buscando a los suyos.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón tiene registro de 21 casos de desaparecidos, algunos de más de una década. La desaparición forzada —de horas, días, meses o años— es un patrón documentado en informes de Naciones Unidas. Amnistía Internacional las ha descrito como “detenciones arbitrarias sin rastro”. Los activistas identifican una secuencia que se repite: aprehensiones sin orden judicial ni notificación, por agentes no identificados; negativa sistemática de policías y tribunales a reconocer los casos; y obstáculos o negativas directas ante los recursos de habeas corpus.
Hay muchas Carmen entre los más de 2.000 presos políticos registrados en Venezuela en los últimos dos años, el período más duro de represión política. Las hay también entre quienes llevan más de una década buscando a los suyos, como las familias del dirigente social Alcedo Mora o de los hermanos campesinos Esneider y Eliézer Vergel, de nacionalidad colombiana, desplazados a Venezuela por el conflicto en su país, que desaparecieron tras hacer denuncias contra el Gobierno y recibir amenazas del servicio de inteligencia. O como la madre de Hugo Marino Salas, buzo submarino especialista en rescate de cajas negras de aviones, que cada día desde 2019 responsabiliza al Gobierno por la desaparición de su hijo.
María Emely no tiene claro quién se llevó a su único hijo el 2 de agosto de 2024, cuando las calles de Rubio, un pueblo en los Andes venezolanos en la frontera con Colombia, se quedaron solas. Las detenciones y las amenazas de colectivos armados habían obligado a encerrarse a quienes salieron a protestar por los resultados de las elecciones presidenciales. Jorgen también se encerró, hasta que recibió una llamada. Le dijo a su pareja que lo habían amenazado y que debía irse. Salió de su casa sin llegar a ninguna parte.
Jorgen Yoneiker Guanares Delgado tiene 35 años. Hasta desaparecer se dedicaba a la fotografía: documentaba bodas y hacía publicidad. Poco antes de las elecciones había grabado la visita de la líder opositora María Corina Machado al estado Táchira, una concentración masiva en la que se reunió con sus seguidores durante la campaña electoral. La noche de los comicios participó en los conteos de votos que permitieron a la oposición obtener las actas para defender su triunfo y denunciar el fraude de Nicolás Maduro.
Su madre ha escuchado que fueron camionetas negras y hombres encapuchados quienes se lo llevaron; la familia presume que eran funcionarios de inteligencia. Ninguna autoridad le ha confirmado nada. María Emely denunció la desaparición ante los tribunales de San Antonio del Táchira, la ciudad venezolana vecina de Cúcuta, pero a los tres meses, sin respuesta, viajó a Caracas a comenzar la peregrinación que hacen todas las madres que buscan a sus hijos.
En Caracas fue hasta el Palacio de Justicia: no había expediente. En ese enorme edificio enrejado en el centro de la ciudad, la distribución de las causas por tribunal se anuncia en un listado de papel que cada día clavan en el tronco de un árbol frente a la entrada. Ahí buscan a sus detenidos las familias. María Emely también fue varias veces a la Defensoría del Pueblo, donde cada visita comenzaba desde cero. “Nadie lleva una carpeta, una secuencia. Cada vez que uno va tiene que echarle el cuento completo al defensor que esté de turno”, se queja. Desde octubre de 2024 espera una respuesta.
En el Ministerio de Servicio Penitenciario le dieron una esperanza que pronto se desvaneció. Al parecer, Jorgen estaba en la cárcel de Tocorón. Hasta allá fue sin encontrarlo; le dijeron que se habían equivocado de nombre. También fue al Rodeo a preguntar entre los familiares que pernoctan en los alrededores, por si alguno lo había visto durante una visita. “Él tiene un tatuaje de una coronita y una rosa en un brazo”, dice que repetía como seña. Un excarcelado, según le contaron, había mencionado a un fotógrafo de San Cristóbal que estaba desaparecido. Pero no supo más.
María Emely acumula en una carpeta todos los papeles de sus diligencias en Táchira, donde desapareció su hijo, y en Caracas, adonde ha viajado varias veces con ayuda económica de amigos. Después de varios intentos fallidos, el Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de habeas corpus. “A uno lo engalletan (lo enredan), le hablan de leyes, para luego mentirle”, dice decepcionada. Pero el TSJ respondió que debía volver a donde comenzó todo: a los tribunales de Táchira. Ella solo pide una fe de vida.
La familia del teniente coronel del Ejército Juan Antonio Hurtado Campos lleva ocho años buscándolo. El 4 de septiembre de 2018 salió de su casa en Maracay hacia su lugar de trabajo: el Palacio de Miraflores, donde estaba a cargo del parque de armas de la sede presidencial. Se reincorporaba de unas vacaciones en las que había hecho varias diligencias junto a su madre. Cuando perdieron su rastro, fue ella misma —Juana Campos— quien fue a preguntar a su lugar de trabajo. Un hombre vestido de civil, que se identificó como el jefe de Juan Antonio, les aseguró que no estaba ahí y que en ningún lugar obtendrían respuesta. El hijo mayor de la familia se esfumó cuando estaba a punto de cumplir 50 años.
Pasaron años recabando señales y estrellándose con el silencio en cada institución a la que acudieron: la policía judicial, la Fiscalía Militar, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La familia también guardó silencio hasta este año, cuando se atrevió a denunciar el caso públicamente. “Antes uno no podía expresarse, porque podías ser detenido”, dice su hermana Dora Hurtado, de 53 años, que ha tenido que asumir el liderazgo de la búsqueda porque en ocho años la salud de su madre, de 72 años, también se ha deteriorado. La denuncia pública llegó en medio del clima político que siguió a la intervención militar estadounidense del 3 de enero.
Su caso figura ahora entre los desaparecidos. Pero el 24 de enero de 2024 una pista dio un giro inesperado: el nombre de Juan Antonio apareció en una lista de 33 oficiales de la Fuerza Armada que serían degradados por traición a la patria e intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, según un comunicado firmado por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino, hoy a cargo de la cartera de Agricultura. La medida fue considerada una purga castrense; por esos días, el entonces fiscal Tarek William Saab había denunciado cuatro supuestos intentos de asesinato contra el presidente, neutralizados en 2023. La lista abarcaba desde un general de división hasta sargentos. Al menos ocho de esos 33 ya habían sido dados de baja años antes, se denunció después, junto con otras irregularidades en el procedimiento.
“Para nosotros fue una fe de vida, nos dio una esperanza, fue impactante”, cuenta Dora, y por ahí empezaron a tirar del hilo. “Nunca entendimos cómo mi hermano, detenido y desaparecido desde 2018, aparece degradado seis años después junto con personas detenidas recientemente en 2023. Es algo que no parece normal”. Gran parte de esos degradados están presos en la cárcel del Rodeo, según lo que ha podido investigar la familia, que recorrió varias veces las prisiones de Ramo Verde, el Helicoide, Tocorón y el Rodeo. En cada una, Dora ha tenido el corazón en vilo. “Cada vez que decía la cédula de mi hermano y me decían que no estaba ahí, era algo muy doloroso. Uno siempre va con la esperanza de que te digan que sí está”.
En enero de este año llegó otra pista en falso. En el Palacio de Justicia le informaron de un expediente abierto en 2019 y asignado al Tribunal 36 de Control de Caracas, con el número de cédula y el nombre de su hermano. “Existe el número y el nombre, pero no hay documentos ni nada. No hay abogados públicos ni privados registrados. Es una carpeta vacía”. Dora solo pide dos cosas: que le permitan visitar a su hermano si está preso, y que le expliquen qué ha pasado en estos ocho años. El destino de Carmen Navas, que murió sin ver justicia tras encontrar a su hijo en un cementerio, también pesa sobre esta familia: “Sentimos mucho temor de que tengamos que pasar por el mismo dolor”.
Fuente: EL PAIS