Representantes de varios países de la región denuncian estar bajo un azote constante expresado en persecución judicial y violencia.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, presentó ayer aquí el informe sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas, durante la 81ª Asamblea General de la organización.
Según Ramos, la escalada de presiones contra el ejercicio periodístico en los últimos meses se ha acelerado, afectando el derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados.
“Desde la SIP insistimos en que las libertades de expresión y de prensa son elementos indispensables para la vigencia de la democracia”, afirmó.
El informe evidencia que, a pesar de marcos constitucionales protectores en algunos países, la práctica diaria del periodismo se ha visto socavada por hostigamiento, violencia, acoso judicial y presión económica, además de censura y control digital, desde Canadá hasta Argentina.
“El uso de operadores digitales para amplificar el discurso oficial y atacar voces críticas es una práctica reportada en varios países. En Colombia, el gobierno contrata influencers bajo la figura de prestación de servicios que funcionan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas asociadas al oficialismo o por altos funcionarios que han admitido usar troles”, comentó Ramos.
La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) advirtió que el uso del aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere atención especial, y la defensa legal de periodistas y medios exige nuevas estrategias.
“El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de medios de comunicación”, sostuvo Ramos.
Y agregó: “En este semestre notamos que, en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de decenas de periodistas, fenómeno que en su momento vimos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.
La Sociedad Interamericana de Prensa reafirma su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente.
“Desde la SIP seguiremos denunciando y alertando sobre cualquier amenaza contra la libertad de prensa”, concluyó Ramos.
La 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Punta Cana sirvió de plataforma para que periodistas de varios países denunciaran el acoso, la violencia, la persecución judicial y las estrategias gubernamentales para silenciar a la prensa.
Las denuncias de atropellos y abusos se conocieron en el segundo día de discusiones y debates en el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en el hotel Westin, Punta Cana.
PUNTO BÁSICOS.
Haití: El periodista Joseph Guyler Delva (cuya salida del país fue facilitada por la SIP por riesgo a su vida) denunció que el gobierno busca silenciar a la prensa y ocultar la verdad.
Acusó al poder ejecutivo de usar dinero estatal para financiar difamadores y vincular falsamente a periodistas con pandillas para desacreditarlos.
Perú: Rodrigo Salazar Zimmermann (Consejo de la Prensa Peruana) describió un panorama de violencia y acoso judicial en un contexto de inestabilidad política.
Señaló que alrededor de 30 querellas anuales contra periodistas son impulsadas en un 80% por funcionarios públicos o sus familiares, generando intimidación y desgaste.
Guatemala: Mariano Sandoval (Prensa Libre) indicó que el país está cerca de ser “ingobernable” y que continúan las acusaciones y procesos judiciales contra la prensa, encabezados por el Ministerio Público, mencionando el caso de José Rubén Zamora (detenido en 2022) como ejemplo de proceso lento y opaco.
Honduras: Sebastián Pastor (Televicentro) alertó sobre el debilitamiento democrático y la autocensura. Denunció que los procesos judiciales se usan para intimidar y recordó que más de 100 comunicadores fueron asesinados en las últimas dos décadas, con un 88% de los casos impunes.
Panamá: Rita Vásquez (La Prensa) destacó el impacto económico de las demandas millonarias por calumnias e injurias (unos $60 millones) y la tendencia del gobierno a castigar a los medios críticos condicionando la publicidad estatal.
México: Luciano Pascoe (TV Azteca) afirmó que la judicialización, el hostigamiento y la violencia buscan acallar las voces críticas del régimen mayoritario.
Los periodistas resaltaron que el acoso judicial, el financiamiento de difamadores y la violencia impune son herramientas utilizadas para socavar la libertad de expresión y la capacidad de la prensa de ejercer su labor en territorios hostiles, en medio de la corrupción y el crimen organizado.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
Es bien conocida por monitorear el estado de la libertad de prensa en la región, denunciar abusos y hostigamientos contra periodistas, y promover estándares de excelencia periodística.
El trabajo que usted presentó es un ejemplo de los debates y denuncias que se realizan en sus asambleas generales.
Una frase destacada
Sebastián Pastor, director ejecutivo de Televicentro, Hondura: “En las últimas dos décadas más de 100 comunicadores fueron asesinados y en el 88% de los casos permanece impune”.
Fuente: Listin Diario