El Ejecutivo de Sheinbaum eleva el tono de su exigencia a Washington para que haga mayores esfuerzos por atajar el contrabando de armas, del que los carteles obtienen su enorme poder de fuego
No se explica la violencia en México, los miles de muertos, el auge del lucrativo negocio de la droga, el poderío de los carteles, sin las armas que estos reciben a raudales a través de las fronteras, especialmente desde Estados Unidos, donde se fabrican y trafican. Las cifras consolidadas de las dependencias de Seguridad federales indican que, entre 2015 y 2025, en México se han incautado al menos 193.918 armas de los grupos criminales, desde pistolas cortas hasta poderosos fusiles AR-15, conocidos en México como cuernos de chivo. Tan solo de 2022 a enero de este año, 1.317 armas fueron aseguradas en las aduanas mexicanas, tanto interiores como fronterizas, según un informe de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) obtenido por EL PAÍS a través de la Plataforma de Transparencia. El documento indica, aunque no es sorpresa, que el 93% de esos cargamentos provenía de fabricantes estadounidenses, que no han querido tomar parte de responsabilidad en el fenómeno de la violencia y el narcotráfico que afecta a las dos naciones.
Este lunes, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó de la incautación de 210 armas (195 largas y 15 cortas) que habían sido introducidas de contrabando por la frontera con EE UU y que estaban destinadas a alimentar el arsenal de algún grupo criminal. El aseguramiento se dio en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey (norte de México), es decir, cuando ya habían pasado los controles aduanales entre ambos países, como casi todas las armas de fuego que llegan a manos de los carteles. Harfuch dio parte del operativo mediante un mensaje en el que asomaba un reclamo a Washington, que, desde que Donald Trump es presidente, ha presionado duramente a México para que combata al narco, sin que EE UU haya tomado medidas necesarias para frenar los ríos de armas que manan de su territorio. “La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, escribió Harfuch en un comunicado.
Los informes de aseguramientos de arsenales en la última década, recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), indican que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cerró con el decomiso de más de 122.000 armas en operativos en todo el país. En 2025, el primer año completo del Gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta, se incautaron 21.008 piezas. Las cifras correspondientes a 2026 son preliminares, pero la Administración de Sheinbaum sostiene que, desde el inicio de su gestión (hace casi dos años, en octubre de 2024), se han confiscado alrededor de 30.000 armas.
Las cifras de aseguramientos, en algunos años más cuantiosos que en otros, alientan la idea de que se está enfrentando el problema, pero detrás se esconde una realidad tan sencilla como desoladora: los arsenales para el narco no paran de llegar desde Estados Unidos. Se estima que, cada año, 200.000 armas provenientes del norte se contrabandean a México. Entre las armas confiscadas en los últimos cuatro años en las aduanas ―que vigiladas por el Ejército y la Marina― se cuentan ametralladoras, escopetas, fusiles, rifles, pistolas, revólveres… eso, sin contar sus cargadores y municiones (tan solo en el primer año del Gobierno de Sheinbaum, se confiscaron 2,2 millones de cartuchos), de acuerdo con los informes consultados.
Las marcas de las armas aseguradas en las aduanas apuntan a los sospechosos habituales (los fabricantes): excluyendo las piezas de las que no se registró información, la mayoría del arsenal incautado fue fabricado por las firmas Glock; Smith & Wesson Brands; Sturm, Ruger & Co., Sig Sauer, Taurus Holdings, Beretta U.S.A. Corp. y Colt’s Manufacturing Company. México demandó, a través de dos recursos, a varias de estas armerías, además de algunas distribuidoras, acusándolas de prácticas comerciales negligentes. El argumento central es que la falta de controles a la venta de armas por parte de las empresas facilita su tráfico a México, donde, en manos de las organizaciones criminales, son utilizadas para cometer masacres.
En 2025, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense (ATF) confirmó que el 74% de las armas que usan los grupos del crimen organizado en territorio mexicano llegan ilegalmente —sobre todo— desde Arizona, California, Nuevo México y Texas. Los lugares de destino de esas armas fueron los Estados de la frontera norte de México: Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, pero también Guanajuato, ubicado en el centro del país y que ha sido azotado por una creciente violencia en los últimos años. La ATF reconoció que el 82% de las armas rastreadas en México llegan a territorios dominados por los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), los más poderosos de México.
Mientras los recursos legales de México avanzan a contracorriente en los tribunales de EE UU, donde los fabricantes gozan de inmunidad, Washington ha dado algunas señales de que toma en serio la exigencia de su vecino del sur de atajar el trasiego de armas. A principios de agosto, la Fiscalía estadounidense desmanteló una red de contrabando de arsenal que operaba entre Phoenix y México, en una trama en la que participaban ciudadanos de ambos países. En marzo de 2025, la autoridad que controla las aduanas y la Patrulla Fronteriza, CBP, aseguró un cargamento ilícito de 16 armas cuando intentaba ser cruzado a México; aunque el alijo era pequeño, CBP lo calificó de “significativo”.
La relación entre EE UU y México en torno a la inseguridad ha sido muy tensa con el regreso de Trump a la Casa Blanca. El mandatario republicano sostiene que el fenómeno del narcotráfico, que afecta especialmente a la población de su país, obedece exclusivamente a lo poco que hace México para afrontar a los carteles. El Gobierno de Sheinbaum ha cedido a algunas exigencias de Trump, como el reforzamiento de la frontera para frenar el tráfico de fentanilo y la migración (que han caído a mínimos históricos), pero también ha demandado cooperación y reciprocidad, específicamente, en lo que respecta al trasiego de armas. Los méritos de cada una de las partes han resultado muy desiguales.
Fuente: EL PAIS