El debate sobre la presencia de estudiantes haitianos en las aulas revela una creciente radicalización del discurso político, mientras la Constitución y la legislación educativa establecen que la enseñanza preuniversitaria es un derecho que el Estado debe garantizar sin convertir la nacionalidad en una barrera.
Escrito Por: Tony Pichardo
SANTO DOMINGO. — La discusión sobre la presencia de niñas y niños haitianos en las escuelas dominicanas ha comenzado a adquirir un tono que trasciende el legítimo debate sobre migración, planificación y capacidad del sistema educativo. En las últimas semanas, dirigentes políticos han endurecido su discurso frente a la población haitiana, y ahora las aulas aparecen incorporadas a una disputa que amenaza con colocar a niños y adolescentes en el centro de una confrontación política que ellos no provocaron.
El más reciente episodio surgió a raíz de las declaraciones del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien advirtió sobre el crecimiento de la matrícula de estudiantes haitianos y sostuvo que el Estado debe combinar el derecho a la educación con un mayor control migratorio. Fernández afirmó que la matrícula haitiana habría pasado de poco más de 25,000 estudiantes en 2007 a más de 205,000 en 2025.
Las cifras, sin embargo, ya están siendo objeto de controversia cuando el Ministerio de Educación cuestionó la metodología utilizada por el legislador y sostuvo que se mezclaron registros de distintos períodos y sectores educativos. De Camps rechazó además que exista un desplazamiento de estudiantes dominicanos y afirmó que no faltan cupos para los niños dominicanos.
El exministro de Educación Melanio Paredes reaccionó llamando a Fernández a no sumarse a lo que calificó como un discurso “ultraconservador” contra los niños haitianos. Su cuestionamiento apunta al fondo de una discusión que corre el riesgo de desviarse: una cosa es exigir al Gobierno planificación, estadísticas confiables, aulas suficientes y una política migratoria efectiva; otra es presentar a los niños haitianos como responsables de las deficiencias del sistema educativo.
La legislación dominicana establece un marco que no deja mucho espacio para esa confusión. El artículo 63 de la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de condiciones y oportunidades, y establece que el Estado garantiza la educación pública gratuita y obligatoria en los niveles correspondientes.
La Ley General de Educación 66-97 desarrolla ese principio y reconoce la educación como un derecho de las personas. El propio Ministerio de Educación ha sostenido expresamente que garantiza el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, amparándose en la Constitución, la Ley 66-97, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los compromisos internacionales asumidos por el país.
Esto no significa que República Dominicana deba renunciar al control de sus fronteras ni a una política migratoria organizada. Significa que la política migratoria y el derecho de un niño a estudiar son asuntos distintos, aunque inevitablemente se crucen en la realidad.
El Estado tiene derecho y la obligación de controlar quién entra y permanece en su territorio. Pero una vez que un niño está dentro del país, la respuesta estatal no puede ser convertir su nacionalidad en una razón para impedirle acceder a la educación básica y secundaria.
La discusión también debería incorporar una dosis de memoria.
República Dominicana es un país de migrantes y de emigrantes. Miles de dominicanos han construido sus vidas en Estados Unidos, España, Puerto Rico y otros países, y sus hijos han ocupado durante décadas las aulas de esas sociedades.
En Estados Unidos existen incluso escuelas y comunidades educativas donde la población estudiantil dominicana o de ascendencia dominicana ha sido ampliamente mayoritaria. Un estudio sobre jóvenes dominicanos en escuelas de Nueva York documentó casos en los que más del 90 % del alumnado era dominicano, aunque esa proporción disminuyó posteriormente con la diversificación migratoria. Otro estudio sobre una escuela de Washington Heights encontró que alrededor del 85 % de sus estudiantes eran originarios de República Dominicana.
La comparación no pretende equiparar realidades migratorias distintas. Sirve para recordar algo elemental: cuando los dominicanos emigran, también llevan consigo a sus hijos, y esos hijos entran en sistemas educativos que no les preguntan primero si sus padres nacieron en Santo Domingo, Santiago o San Francisco de Macorís.
El verdadero desafío dominicano, por tanto, no debería ser decidir qué niños merecen sentarse en un aula, sino determinar cómo ampliar la capacidad del sistema para que todos puedan hacerlo sin deteriorar la calidad educativa.
Si la matrícula aumenta, el Gobierno necesita saber exactamente cuánto, dónde y por qué. Necesita construir las aulas necesarias, contratar profesores, fortalecer los programas de aprendizaje del español cuando sea necesario, garantizar servicios de apoyo y disponer de estadísticas transparentes que permitan tomar decisiones. Y si existe presión migratoria sobre determinados servicios públicos, corresponde al Estado gestionarla con políticas migratorias eficaces.
Cargar sobre los niños la responsabilidad de una política migratoria que corresponde a los adultos y al Estado constituye una peligrosa inversión de responsabilidades.
La preocupación debería ser todavía mayor ante la creciente ola de discursos políticos que convierten la presencia haitiana en una especie de explicación universal para problemas tan diferentes como la educación, la salud, el empleo, la seguridad o los servicios públicos.
El debate democrático permite discutir cuánto cuesta la migración, cómo se financian los servicios y qué debe hacer el Estado para controlar sus fronteras. Lo que no debería normalizarse es que la nacionalidad de un niño termine convirtiéndose en argumento político para cuestionar su derecho a aprender.
República Dominicana necesita una política migratoria firme, ordenada y verificable. También necesita una política educativa capaz de responder al crecimiento de su población escolar.
La frontera se controla en la frontera. La escuela, en cambio, debe seguir siendo la escuela: el lugar donde un niño aprende, independientemente de la nacionalidad de sus padres.
Y en una sociedad que reclama respeto para sus propios ciudadanos cuando emigran y se integran a otros países, resulta difícil sostener como principio que los hijos de los extranjeros que viven en República Dominicana deben ser excluidos de un derecho que la Constitución reconoce para todos.
El problema no son los niños. El problema es un Estado que todavía no ha logrado resolver de manera integral su política migratoria y, al mismo tiempo, garantizar un sistema educativo con capacidad suficiente para todos.
Convertir esa contradicción en una batalla contra los estudiantes haitianos puede producir réditos políticos inmediatos, pero no resolverá ninguno de los dos problemas.
Fuente: Sin Límites