Raymundo Mejía enfrentará dos caminos decisivos en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional leerá hoy a las 10:00 de la mañana, el fallo que decidirá si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, irán a juicio de fondo por el caso del colapso del techo del establecimiento que dejó 236 muertos y unos 100 heridos.
El juez Raymundo Mejía enfrentará dos caminos decisivos en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set. El magistrado podrá dictar auto de apertura a juicio, lo que implicaría aceptar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y enviar el caso a un juicio de fondo donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados.
La otra opción es un auto de no ha lugar, decisión que descartaría los cargos por insuficiencia probatoria y pondría fin al proceso.
Bajo la dirección del magistrado Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra los propietarios del establecimiento por homicidio involuntario y golpes recíprocos. Esta acción legal surge tras la tragedia del 8 de abril de 2025, cuando el colapso del techo del local provocó las muertes, incluyendo entre ellas al merenguero Rubby Pérez, y dejó a decenas de ciudadanos heridos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el siniestro fue el resultado de una negligencia grave en el mantenimiento preventivo y estructural de la edificación. Los fiscales aseguran contar con un expediente sólido cargado de pruebas testimoniales y periciales que justifican la apertura de un juicio definitivo.
Por su parte, la defensa técnico-legal encabezada por los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, presentó un informe independiente que atribuye el desplome a fallas estructurales de origen y al desgaste natural de los materiales. Los juristas argumentan que el derrumbe fue un accidente imprevisible y que sus clientes no cometieron ninguna falta penal. Durante la víspera de la última audiencia el 1 de mayo pasado, decenas de familiares de las víctimas mortales se concentraron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron que el caso no quede impune y que se apliquen condenas severas contra los dueños del local. Los afectados vigilan de cerca cada paso del proceso y piden que el fallo judicial sirva de precedente contra la negligencia corporativa.
Ambos procesados están bajo medidas de coerción que incluyen una fianza económica de 50 millones de pesos. También tienen prohibido salir del país sin autorización judicial expresa mientras dure el proceso penal.
Dolo eventual podría aplicarse
El ex juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hirohito Reyes, advirtió que en el caso Jet Set podría configurarse homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, al señalar que cuando los responsables prevén la posibilidad de un desenlace fatal y aun así mantienen su conducta, la jurisprudencia permite calificar el hecho como doloso. La afirmación fue hecha durante su ponencia en el panel organizado por el Movimiento Justicia Jet Set el pasado 10 de junio en la UASD.
El jurista explicó que el dolo eventual constituye una construcción doctrinal y jurisprudencial, y aunque no aparece definido expresamente en la ley, los jueces lo consideran un elemento subjetivo cuya valoración se apoya en la doctrina y la jurisprudencia vigente.
¿A qué se enfrentan los hermanos Espaillat?
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat están sometidos a un proceso judicial de gran alcance por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde perdieron la vida 236 personas y más de 100 resultaron heridas. La Fiscalía los acusa de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Según las autoridades, los empresarios actuaron con imprudencia y negligencia al sobrecargar el techo del local y desatender las advertencias de peligro. El caso podría agravarse aún más si el tribunal acoge la petición de los abogados de las víctimas, quienes reclaman que se cambie la calificación jurídica a homicidio voluntario con dolo eventual, bajo el argumento de que los dueños conocían el deterioro del techo y aun así decidieron realizar la fiesta. De aceptarse esta modificación, las penas de cárcel podrían alcanzar hasta 20 años.
Además, los familiares de las víctimas mantienen demandas millonarias en busca de indemnizaciones por los daños sufridos.
Fuente: el Caribe