La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó ayer al Congreso Nacional a impulsar una nueva ley de Gestión Integral de Riesgos que reconozca la voz de las comunidades, de los gobiernos locales, de la academia y del sector privado de todo el país.
“Hacemos un llamado firme a nuestras y nuestros legisladores, a las comisiones permanentes vinculadas a asuntos medioambientales, municipales y de derechos humanos, a abrir un proceso amplio, democrático y transparente de reforma legal, donde la ciudadanía sea sujeto de derecho y protagonista del cambio”, indica la entidad en un comunicado.
Al citar la necesidad de disponer un marco más robusto, con enfoque preventivo, descentralizado y transversal, la Finjus aboga porque se promueva una reforma legislativa o una nueva ley marco de gestión integral del riesgo con enfoque preventivo y de desarrollo sostenible fortalecimiento de los gobiernos locales, transversalidad, participación ciudadana e instrumentos financieros y técnicos actualizados.
Refiere que la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos en la República Dominicana, promulgada en 2002, es un hito importante en la consolidación de una política nacional de protección frente a desastres.
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Explica que una nueva ley o reforma de la actual Ley 147-02 puede incorporar la participación local al fortalecer la descentralización con mandato legal, establecer sistemas de planificación participativa obligatorios, planificar consejos locales de aplicabilidad local.
“La República Dominicana está llamada a actualizar su marco legal de gestión de riesgos, no solo como una respuesta técnica, sino como una decisión ética basada en justicia social, derechos humanos y equidad territorial”, puntualiza.
En ese orden, señala que esta reforma no puede ser técnica ni institucional únicamente, debe ser política y participativa.
“El Congreso Nacional debe asumir el compromiso de impulsar una nueva ley de Gestión Integral de Riesgos que reconozca la voz de las comunidades, de los gobiernos locales, de la academia y del sector privado”, especifica.
Refiere que la Ley 147-02 estableció el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) y definió responsabilidades para las distintas instituciones del Estado, se enfocó en riesgos naturales como huracanes, terremotos o inundaciones, que históricamente han afectado al país y estableció la Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con funciones de coordinación interinstitucional.
“No obstante, su contenido refleja una visión centrada en la respuesta a emergencias, sin integrar los componentes de reducción del riesgo, adaptación al cambio climático ni continuidad operativa de servicios esenciales, lo que reduce su vigencia frente a escenarios de riesgo modernos”, planteó.
Dice que esa ley carece de una clasificación moderna de amenazas multicausales y sistémicas, no abarca los desastres ambientales complejos, carece de una clasificación moderna de amenazas multicausales y sistémicas.
Fuente: Hoy