Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, regresa a Caracas para reunirse con el chavismo y el enviado estadounidense
En el intento de lograr una transición política en Venezuela ha surgido una interlocutora inesperada. Dinorah Figuera, diputada exiliada y presidenta de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015, regresó este jueves a Caracas después de ocho años fuera del país. Su retorno, que tiene entre sus objetivos el de impulsar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), está respaldado por Donald Trump y cuenta con el visto bueno del Gobierno de Delcy Rodríguez. El gesto desplaza el protagonismo de la principal figura de la oposición María Corina Machado.
Al pisar el aeropuerto, Figuera señaló a los periodistas que llegaba por invitación del Departamento de Estado de Estados Unidos “para asumir los desafíos que van a dirimir las diferencias, pero a tener congruencias y coincidencias en los temas de tener un CNE creíble”. Aseguró que el trabajo que le han encomendado es “para todas las candidaturas”, eludiendo así responder si la gestión estaba concertada con María Corina Machado.
La primera reunión de esta negociación ocurrió este mismo jueves. Desde la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, designado por su hermana para entablar un “diálogo político”. Un comunicado oficial informó que se creó una “mesa técnica y política paritaria” con representantes de los diputados opositores de la Asamblea de 2015 a 2020, que el chavismo desconoció y boicoteó por años. El texto añade que hay una agenda con hitos y cronogramas concretos para el “fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad”. Figuera también se reunió con el encargado de negocios estadounidense John Barret.
Otros dos comunicados se han producido sobre este encuentro. La AN de 2015 explicó en siete párrafos que el objetivo central del proceso será “la construcción de una visión compartida de futuro”. El Departamento de Estado, por su parte, dio su beneplácito a la reunión y aseguró que se trata de “un primer paso” para asegurar una “Venezuela libre” y una “hoja de ruta de una transición democrática”. “La piedra angular de cualquier transición es el diálogo inclusivo”, señala el texto de Thomas Pigott, portavoz de Marco Rubio. “Esperemos que en la próximas semanas continúen las conversaciones entre los partidos políticos venezolanos y el Gobierno interino en Caracas para dar inicio a su labor”.
La llegada de Figuera ocurre dos meses después de que la dirigente del partido Primero Justicia se reuniera con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, para discutir “vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada” en Venezuela. Distintas fuentes en Caracas interpretan este retorno como una estrategia del chavismo —con el beneplácito de Washington— para impulsar un liderazgo opositor alternativo al de Machado y debilitar así su papel como negociadora.
Figuera también aterriza en Caracas pocas semanas después de que en Panamá la Plataforma Unitaria —que agrupa a los principales partidos de la oposición— decidiera que Machado, la figura opositora más popular del país, encabezaría las negociaciones con el chavismo para convocar a elecciones. El retorno ha tomado por sorpresa a miembros de esa plataforma, de la que Primero Justicia forma parte, y al entorno de Machado. El movimiento, ejecutado sin conocimiento de una parte de los aliados opositores, parece reforzar la maniobra de Washington y Caracas de iniciar una apertura política con otros sectores de la oposición sin contar con Machado.
Estados Unidos mantiene una negociación permanente con el Gobierno de Delcy Rodríguez que Donald Trump dejó en pie después de los ataques militares del 3 de enero —cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa—, unas conversaciones que Machado no controla. Figuera regresa como lo han hecho otros opositores en las últimas semanas, varios de su propio partido, acogiéndose a la ley de amnistía promovida por el chavismo.
Tanto la Plataforma Unitaria como Machado han exigido que se anuncie un cronograma electoral, asunto que el chavismo ha postergado mientras se concentra en abrir el país a las inversiones extranjeras y cumplir con las exigencias de Washington. El camino hacia unas elecciones libres, como reclama la oposición, pasa por renovar el árbitro electoral y legalizar los partidos políticos que el chavismo sacó del juego por la vía judicial. La propia Machado ha calculado que se necesitan 40 semanas para organizar unos comicios presidenciales que puedan desbloquear la crisis política.
Henry Alviárez, dirigente de Vente Venezuela, el partido de Machado, señaló a EL PAÍS que desconoce los términos de esas conversaciones con Figuera, pero mantiene que el proceso de negociación puede tener varias capas e interlocutores. “Ninguna de las partes —ni siquiera la propia María Corina Machado, con toda su legitimidad y el respeto que concita— está en condiciones de ir en contra de lo que quiere el pueblo venezolano: el entendimiento, la expresión democrática y la resolución del conflicto a través de las elecciones”, dijo. En ese sentido, apuntó que la aparición de un posible nuevo árbitro electoral contribuye a despejar la incertidumbre sobre si Venezuela puede lograr un cambio dentro de “un marco de paz y entendimiento”.
Figuera fue una de las diputadas elegidas en diciembre de 2015, cuando la oposición logró su primera victoria electoral frente al chavismo, con mayoría calificada en el Parlamento. Es parte de los residuos institucionales del Gobierno interino de Juan Guaidó, que en 2019 creó una estructura paralela de gestión apoyada en los poderes de esa Asamblea Nacional. Ante la ilegitimidad de Maduro —reelecto en comicios no reconocidos por la comunidad internacional—, ese Parlamento recibió el aval del primer Gobierno de Donald Trump para administrar parte de los activos venezolanos congelados en el exterior. Representaban la única autoridad considerada legítima —la última electa en comicios avalados por todas las partes— y firmaron en asuntos como la preservación de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, frente a la presión de los acreedores de un país en suspensión de pagos.
Aunque el Gobierno interino de Guaidó se desintegró al fracasar en su intento de sacar a Maduro del poder, la Asamblea Nacional de 2015 siguió celebrando sesiones por Zoom en el exilio a través de su comisión delegada, un comité reducido en el que actualmente solo están activas tres diputadas. En Venezuela, mientras tanto, el chavismo renovó dos veces el Parlamento para ponerlo bajo su control. En la actual coyuntura, en la que se trata la renegociación de la deuda y la recuperación de activos venezolanos, resulta crucial resolver el entuerto jurídico que dejaron esos años de doble administración.
Figuera sigue presidiendo la comisión delegada de esa Asamblea Nacional electa hace más de una década. Durante años, la Asamblea electa en 2015 fue objetivo de persecución del chavismo: el Tribunal Supremo bloqueó su funcionamiento al declararla en desacato, se abrieron investigaciones, se allanaron inmunidades parlamentarias y se giraron órdenes de captura contra varios de sus miembros, acusados de haberse apropiado del dinero venezolano en el exterior.
Figuera estaba en el exilio desde 2018. La muerte bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia de su compañero de partido Fernando Albán la tocó de cerca: era el padrino de su hija. Según la versión oficial, Albán “cayó” desde el piso 10 de la sede del organismo. En medio de las protestas por esa muerte, Figuera se refugió en la embajada de Francia y luego marchó a España, donde obtuvo asilo. La política trabajó en Valencia cuidando ancianos.
Figuera se fotografió con el equipo de Machado a finales del año pasado en Roma, durante la canonización de dos santos venezolanos, semanas antes de que Machado saliera de Venezuela —tras más de un año en la clandestinidad— para recoger el Premio Nobel de la Paz. Pero no estuvo en el encuentro de Panamá.
El episodio deja preguntas abiertas también sobre el calendario institucional. El Gobierno de Rodríguez tiene un escollo constitucional que cruzar en pocas semanas: el 5 de julio se cumplen los 180 días que la Constitución establece como duración máxima de un interinato. Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro hasta el 3 de enero, fue nombrada presidenta por el Tribunal Supremo de Justicia, que evitó declarar una falta absoluta —lo que habría obligado a convocar elecciones— y dictaminó la situación jurídica de Maduro como una “ausencia forzosa”.
Fuente: EL PAIS