Por el trato inequitativo que impondría a las empresas sujetas al nuevo gravamen —al no respetar la proporcionalidad en relación con sus ingresos—, todo indica que el legislador, al aprobar la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20 (aún pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo), olvidó una verdad esencial: cuando la ley se aleja de la justicia, se convierte en filo sin balanza, en sombra sin alma.
Y es que, según las tarifas establecidas, mientras más pequeña es la empresa, mayor es la carga proporcional que debe asumir. Como bien señala Fernando Pinales, presidente de Codopyme, es como si la ley castigara a las micro, pequeñas y medianas empresas, únicamente por serlo.
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De acuerdo con cifras ofrecidas por el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, las distorsiones son evidentes: empresas con ingresos anuales entre 8 y 10 millones de pesos pasarán de pagar 5,000 a 20,000 pesos.
Aquellas cuyos ingresos van de 20 a 50 millones de pesos verán su tarifa aumentar de 30,000 a 155,000 pesos. Las que facturan entre 50 y 100 millones de pesos anuales, pagarán ahora 260,000 pesos, en lugar de 90,000.
Por último, las empresas con ingresos superiores a los 100 millones de pesos deberán pagar 275,000 pesos.
Esto implica que una empresa que factura 100 millones de pesos, pagará exactamente lo mismo que una que factura 10,000 millones, sin que en ningún caso las tarifas guarden relación con la cantidad ni con la toxicidad de los residuos generados.
Frente a esta evidente desproporción, la esperanza de las mipymes —al menos así lo expresan dos de sus más destacados representantes, Iván de Jesús García y Fernando Pinales— es que el presidente de la República, Luis Abinader, se abstenga de promulgar una ley que, al no haber nacido del corazón de la justicia, sólo florecería como espina en el jardín del pueblo.
Fuente: Hoy