Varios migrantes han sido detenidos por la policía migratoria mientras construían viviendas o se dirigían a trabajar en obras en Altadena, una zona afectada por el incendio Eaton
El sonido de los martillazos y las canciones de música regional mexicana anuncian que Altadena está renaciendo. Donde hace poco más de un año solo quedaban cenizas tras el incendio Eaton, hoy se multiplican los esqueletos de madera de las casas que poco a poco recuperan su forma. El fuego, uno de los más devastadores de la historia reciente de California, cobró 19 vidas, arrasó miles de viviendas y dejó un barrio entero reducido a escombros. En una de las nuevas obras, Ian Hernández, el encargado, tiene una tarea que va más allá de supervisar a los trabajadores. Antes de llegar, revisa las redes sociales para cerciorarse de que no haya agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los alrededores. Esa mañana, asegura, comprobó que el terreno estaba despejado.
Las redadas del ICE, explica Hernández, mantienen en alerta a las cuadrillas y ahuyentan a quienes están en situación migratoria irregular. Este temor no es infundado: agentes migratorios se han presentado en algunas construcciones en Altadena y han detenido a varios albañiles. Otros fueron capturados cuando se dirigían a trabajar a esos sitios. Según organizaciones que defienden a los migrantes, desde que se inició el retiro de los escombros y hasta ahora continúan patrullando la comunidad en busca de migrantes indocumentados.
“En febrero, en la calle Mendocina pasó un coche para avisarnos que el ICE estaba a la vuelta de la esquina. Algunos trabajadores se escondieron y otros nos quedamos. No pasó nada. Era viernes. El sábado nadie vino a trabajar”, cuenta Hernández, un capataz oaxaqueño que supervisa la construcción de diez casas. La calle Mendocina fue una de las últimas en quedar calcinadas por el incendio Eaton, en enero de 2025. Ahora forma parte de un cuadrante salpicado de lotes baldíos donde antes se extendía un vecindario de clase media, con un ingreso familiar promedio de 65.000 dólares al año, en las faldas del Bosque Nacional Ángeles. Los fuegos anteriores nunca habían llegado tan lejos, tan al sur.
Casi todas las viviendas que se levantan en Altadena tienen una particularidad poco común: los cercos de malla ciclónica que las rodean, de unos dos metros de altura, permanecen cerrados con cadenas y candados incluso durante la jornada laboral. “Es para que no entre el ICE”, explica el encargado de una de las obras, mientras los trabajadores colocan el concreto de lo que será un patio. “Dios quiera que nunca vengan para acá, que no pase nada”, implora el hombre, protegido del intenso sol por un sombrero de ala ancha. En otras vallas cuelgan letreros con una advertencia tajante: “No entre sin autorización. Propiedad privada”.
El temor a la presencia del ICE se suma a otros factores que, según activistas y dueños de propiedades, han contribuido al lento avance de la reconstrucción: los cuellos de botella en la tramitación de permisos ante el Gobierno local, un proceso que puede prolongarse hasta 125 días hábiles; indemnizaciones de las aseguradoras que no alcanzan para cubrir el costo total de edificación; y el encarecimiento de los materiales y de la mano de obra.
“Los agentes del ICE estuvieron durante cinco días consecutivos en Altadena y Pasadena (ciudad vecina)”, asegura José Madera, director del Centro Comunitario Laboral de Pasadena, una organización que funciona como punto seguro de encuentro entre empleadores y jornaleros, así como trabajadoras de limpieza. “Los dueños de las casas nos han dicho que los constructores ya no han querido ir a trabajar. Eso afecta a las familias porque no pueden regresar a sus hogares”.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que las redadas del ICE en los lugares de trabajo son “un pilar fundamental” de su estrategia para proteger al público y la economía del país. La agencia también asegura que estas acciones buscan rescatar a posibles víctimas de trata laboral y explotación. “Estas operaciones tienen como objetivo desmantelar redes de empleo ilegal que perjudican a los trabajadores estadounidenses, desestabilizan los mercados laborales y amenazan a las comunidades”, señaló el DHS en una declaración escrita enviada a EL PAÍS.
“Rezo para que los dejen en paz”
La nueva casa del afroestadounidense Damon Blount está a medio construir. Las obras comenzaron en abril y ahora una cuadrilla de albañiles trabaja a marchas forzadas para colocar el techo. Completarla tomará entre ocho y diez meses, pero Blount confía en que su familia pueda instalarse allí antes de Navidad. Si es que el ICE no se presenta antes y arruina sus planes, aclara.
“Hay muchos trabajadores hispanos en la comunidad ahora mismo, mientras reconstruimos, y solo rezo para que dejen a la gente en paz, que les permitan reconstruir y nos dejen volver a casa”, dice. Algunos de sus vecinos, asegura, ya se han enfrentado a ese problema y han pagado los platos rotos. “Han dicho que los agentes del ICE se han llevado a tres o cuatro trabajadores de las obras, y eso ha provocado retrasos”.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes, medios de comunicación y políticos han reportado operativos del ICE en obras de construcción, paradas de autobús, cafeterías de la zona y durante controles de tráfico. En enero pasado, el mismo día en que Altadena conmemoraba el primer aniversario del incendio Eaton, los agentes de inmigración volvieron a recorrer las calles de la ciudad.
“Estas redadas caóticas nunca están justificadas, pero resultan especialmente crueles cuando tienen como objetivo a nuestros amigos y seres queridos, incluidas algunas de las personas que precisamente realizan el trabajo físico y especializado para ayudar a recuperarnos tras este desastre”, reprochó entonces la senadora estatal Sasha Renée Pérez, demócrata que representa a la zona.
Voluntarios también han salido a las calles para patrullar y detectar vehículos sospechosos, pero sus esfuerzos no han sido suficientes. “La migra se aparece por aquí muy seguido. Andan en carros particulares y es difícil identificarlos”, explica Andrés Rivas, un salvadoreño de 70 años que aún busca que lo contraten como albañil en alguna de las propiedades de Altadena. Rivas es ciudadano estadounidense, pero aun así teme que pueda ser detenido y pasar algún tiempo bajo custodia de inmigración. “Vienen muy temprano. El riesgo existe”, dice.
Una reconstrucción lenta
El resurgir de Altadena, donde el incendio Eaton destruyó 6.746 viviendas, ha sido, sobre todo, parsimonioso. Hasta el pasado 19 de junio, el Gobierno del condado de Los Ángeles había emitido 2.845 permisos de construcción, pero apenas 89 viviendas estaban listas para ser habitadas. Más de 1.600 casas seguían en obras, desde la colocación de los cimientos hasta los acabados finales.
Marialyce Pedersen espera ser la próxima en sumarse a esa lista. Ahora, donde estuvo su hogar, solo queda un solar de tierra. Durante dos décadas vivió en una casa de Altadena que le compró a una amiga y que, con los años, llenó de recuerdos. Entre los más preciados estaban el piano de su abuela, fallecida en 1965, y decenas de libros infantiles que soñaba con leer algún día a sus nietos. Todo desapareció entre las llamas. “Fue horrible, es lo peor que me ha pasado”, cuenta Pedersen, de 62 años, quien ha trabajado como consultora ambiental y asesora de la empresa Walt Disney.
Pedersen ya se puso en contacto con su constructor de confianza, un migrante salvadoreño que lleva 25 años en Estados Unidos. Pero teme que él o alguno de sus trabajadores pueda ser detenido por el ICE, ya sea en su propiedad o en alguna de las tiendas de Home Depot donde compran materiales.
“Algunos creen que albañiles blancos van a venir a reconstruir mi casa. Pues buena suerte con eso. No va a pasar. Los migrantes hispanos son los que están trabajando duro en la reconstrucción y los que están aquí, en nuestra comunidad”, sostiene Pedersen. “Ellos están dispuestos a trabajar, incluso bajo este calor”, comentó mientras buscaba resguardo en medio de una temperatura altísima.
Los jornaleros que no llegaron a Altadena
De la nada, cuatro camionetas irrumpieron frente a una parada de autobús situada junto a una cafetería en Pasadena. En cuestión de segundos, varios agentes enmascarados descendieron de los vehículos. Ocurrió la mañana del 18 de junio de 2025, en medio del recrudecimiento de las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles, como parte de la ofensiva de deportaciones masivas de la Administración de Donald Trump. Entre los detenidos había tres jornaleros que se dirigían a trabajar en una vivienda de Altadena devastada por el incendio: Pedro Vázquez Perdomo, Isaac Antonio Villegas Molina y Carlos Alexander Osorto. Los tres fueron esposados en el lugar. A uno de ellos, que intentó escapar a pie, un oficial llegó a apuntarle a la cabeza con una pistola Taser. “Detente o la voy a usar”, le gritó el policía, según consta en documentos judiciales.
En lugar de llegar a Altadena, los tres jornaleros terminaron en el estacionamiento de una farmacia CVS. Allí, por primera vez, fueron sometidos a una verificación de su estatus migratorio y, días después, trasladados al centro de detención del ICE en Adelanto, a unos 100 kilómetros de Los Ángeles. Pero ellos no se quedaron callados. Los tres encabezan ahora una demanda contra el Gobierno federal que ha sacado a la luz presuntas expresiones racistas de los agentes que participaron en su detención.
Pablo Alvarado, dirigente de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), afirma que este es uno de los ejemplos más claros de cómo las operaciones del ICE están afectando a una ciudad que intenta resurgir de las cenizas y, con ella, al avance de todo el país. “Los contratistas no encuentran suficiente mano de obra. Aunque dijeron que ahí no harían redadas, la migra ha andado en los alrededores y sí ha detenido a trabajadores”, reclama el activista. “Es bien claro que, en el sentido literal, los migrantes están construyendo comunidades y el ICE lo interrumpe a través de operativos inmorales, inhumanos, crueles e ilegales”.
Fuente: EL PAIS