Escrito Por: Juan Ariel Jiménez
Cuando se negoció el DR-CAFTA, algunos productos agropecuarios considerados sensibles recibieron un período largo de desgravación, entre los cuales estaba el arroz. La idea era sencilla: dar tiempo a los productores dominicanos para aumentar su productividad antes de competir sin protección arancelaria con el arroz estadounidense.
Ese tiempo llegó a su fin, y la reciente derogación del decreto que limitaba las importaciones de arroz ha sido el cierre definitivo de la protección a los arroceros dominicanos.
Aunque nuestros productores no se quedaron de brazos cruzados —desde la firma del acuerdo la productividad del arroz dominicano ha aumentado alrededor de 20%, en buena medida por mejoras genéticas como las variedades Juma—, la competencia que enfrentan está lejos de producirse en igualdad de condiciones.
Por un lado, hay factores naturales que favorecen a los productores estadounidenses. Buena parte del arroz norteamericano se produce en zonas de clima templado o subtropical, mientras República Dominicana produce bajo condiciones tropicales, con temperaturas y condiciones productivas diferentes que disminuyen la productividad de los cultivos de arroz.
Pero existe una diferencia todavía más importante: los subsidios.
Solo mediante dos programas recientes, ECAP y Farmer Bridge Assistance, el Gobierno estadounidense estableció ayudas directas al arroz cercanas a 520 dólares por hectárea, equivalente a 32,170 pesos dominicanos por hectárea. Es difícil pedirle al productor dominicano que compita “libremente” contra un producto cuyo agricultor recibe importantes transferencias del Estado. Adicionalmente, los programas del Departamento de Agricultura destinan más de 300 millones de dólares anuales en apoyo a los productores de arroz.
Según cálculos preliminares, el arroz estadounidense podría llegar a ser entre 10% y 15% más barato que el producido localmente. La consecuencia podría ser la desaparición de miles de productores y empleos vinculados a las factorías.
Pensar que ese riesgo es exagerado sería ignorar la experiencia regional. En El Salvador, la producción de arroz ha caído 44%, en un contexto de crecientes importaciones y pérdida de competitividad de los productores locales. En Honduras, el arroz estadounidense entra a un precio 40% menor, por lo que la producción local ha disminuido un 30% en años recientes, llevando al país a depender fundamentalmente del arroz norteamericano para la satisfacción de la demanda interna.
Ante este reto, la pregunta obligada es: ¿qué podemos hacer?
En el corto plazo, el país puede fortalecer los controles legítimos de calidad, inocuidad y sanidad vegetal sobre las importaciones, con inspecciones rigurosas antes, durante y después del transporte. De igual forma, se puede incrementar el costo de la licencia o permiso de importación de arroz, algo necesario por los requerimientos fitosanitarios. Al respecto, los países asiáticos Japón, Corea del Sur y Filipinas pudieran servir de ejemplo en cuanto a estándares de calidad para las importaciones de arroz.
En el mediano plazo, necesitamos un plan nacional de productividad del arroz: nuevas variedades genéticas, nivelación de terrenos con láser, tecnologías para monitorear humedad y suelo, y créditos preferenciales para mecanizar la producción y la cosecha.
En definitiva, aunque la solución nunca ha sido ni debería ser proteger indefinidamente la ineficiencia, tampoco sería justo abandonar al productor dominicano a una competencia donde el otro juega con subsidios públicos. Y es que, sin lugar a dudas, competir es saludable, pero competir en condiciones justas para todas las partes.
Fuente: Listín Diario