El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido la paciencia de recordarnos que el caso de los líderes independentistas refugiados en Bélgica no es blanco ni negro. Como dice el compañero Josep M. Calvet, que publica en nuestro diario un magnífico resumen de la sentencia, el Alto Tribunal europeo ha dado la razón al juez Pablo Llarena en dos aspectos fundamentales: ha recordado que los estados no pueden negarse a extraditar aduciendo disparidades legales entre el país emisor y el país receptor de la euroorden. También precisa que el tribunal receptor de esta euroorden no es quién para evaluar la pertinencia o impertinencia del juzgado emisor. El tribunal viene a recordar que la euroorden es parte esencial de la UE.
Ahora bien, el Alto Tribunal protege al exconseller Lluís Puig (y, de rebote, a los demás refugiados) cuando subraya la importancia del derecho fundamental. No basta con que un Estado sea democrático, viene a decir refiriéndose al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre los condenados por el procés . Este informe –sostiene– no justifica la denegación de la euroorden contra Lluís Puig. Pero puede ser tenido en cuenta a efectos de apreciar “deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial” español. Deficiencias que afecten a la “tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas”.
El TJUE nos recuerda que el caso independentista no es blanco ni negro
La oscura claridad de la sentencia (un verdadero oxímoron) permite argumentar que el tribunal da la razón a las tesis del magistrado Llarena, cuya actividad ha sido glosada durante años por los comentaristas de la inmensa mayoría de la prensa de Madrid. Pero también permite argumentar que el independentismo ha logrado “blindar la lucha independentista”, como afirma Carles Puigdemont. En efecto, el Alto Tribunal ha señalado “un grupo identificable” de personas que podrían estar siendo perseguidas desaforadamente (es decir: más allá de los fueros, de la ley).
Durante meses, ambos bandos interpretativos seguirán pensando que han ganado, pero el hecho es que esta sentencia necesita, para cristalizar, otras dos sentencias más: la que llegará hacia el verano sobre la inmunidad de Puigdemont y la que tendrá que redactar, de nuevo, la justicia belga en cuanto Llarena vuelva a emitir una orden de detención.
Nada acaba, todo recomienza. La justicia de Europa parece haber repartido caricias a ambos lados. Pero se ha limitado a ser coherente con los dos elementos fundacionales de nuestra, ay, precaria Unión Europea: la unión es entre estados, que se deben lealtad, sí, pero la unión defiende los valores democráticos y, por tanto, hila muy fino a la hora de evaluar si unos presos han sido correctamente juzgados (y si los que han huido lo serán). Mientras tanto, cada parte exhibe el trozo de sentencia que le conviene. Sin derecho no existiría la civilización, pero nuestros partidos necesitan simplificarlo para reconvertirlo en herramienta paleolítica.
Por: Antoni Puigverd