Escrito Por: Josué Fiallo
Mientras me recupero de una caída que me ha causado afectaciones físicas considerables, escuché en la radio nacional un comentario que me movió a escribir este artículo. No fue un episodio aislado. Desde hace bastante tiempo me preocupa cómo ciertos espacios convierten la legítima inquietud por la migración en un repertorio de insultos, amenazas, burlas homófobas y deshumanización.
En pocos minutos, un foro con participación de representantes religiosos fue comparado con un recipiente de laboratorio clínico; la orientación sexual de adversarios sirvió de materia para la burla; una esquina de la ciudad apareció como lugar para resolver diferencias; y el antihaitianismo fue presentado como un derecho colectivo. El problema no es solo quien pronuncia esas palabras. También concierne al propietario que factura, al anunciante que paga, al colega que celebra, al político que visita la cabina y al público que convierte el agravio en contenido viral.
Una mecha necesita combustible y tolerancia.
República Dominicana enfrenta una presión migratoria extraordinaria, agravada por el colapso del Estado haitiano y por una comunidad internacional que promete mucho y asume poco. Tenemos derecho a controlar la frontera, ordenar el mercado laboral, exigir documentación, combatir la trata de personas y determinar cuánta mano de obra extranjera necesita la economía. Un censo laboral, permisos temporales, contratos registrados y cuotas por sectores son propuestas discutibles y, en muchos casos, necesarias. Eso es política pública.
Lo inadmisible es presentar la xenofobia como patriotismo, degradar a religiosos y defensores de derechos humanos o sugerir que quien discrepa actúa contra el país. La soberanía no necesita humillación. Cuando una causa legítima se defiende con un vocabulario indigno, pierde autoridad moral, debilita su defensa jurídica y entrega argumentos a quienes pretenden retratar toda política migratoria dominicana como producto del desprecio.
Cada grabación en la que se reivindica el antihaitianismo, se ridiculiza la dignidad humana o se insinúa la violencia puede circular fuera de nuestras fronteras. Allí no será recibida como una gracia de cabina, sino como indicio del ambiente en que se aplican las decisiones del Estado. El abogado que insulta al juez debilita incluso el caso que tenía ganado.
Las palabras alteran los límites de lo tolerable. La violencia colectiva rara vez comienza con la agresión física. Antes se degrada a un grupo, se le convierte en amenaza uniforme y se reduce el costo moral de maltratarlo. Ruanda mostró hasta dónde puede llegar una radio cuando abandona el periodismo y organiza el odio. En 1937, nuestra propia historia dejó una advertencia más cercana. Evocar la administración migratoria de aquella dictadura como modelo de orden exige recordar la violencia estatal que acompañó ese régimen. No equiparo un comentario radial con esos crímenes. Señalo el mecanismo por el cual una sociedad aprende a aceptar hoy lo que ayer habría rechazado.
El daño alcanza también a quienes quieren debatir seriamente. El médico que cuestiona un protocolo, el empresario que necesita trabajadores regularizados, el sacerdote que cita la doctrina social de la Iglesia, el académico que ofrece datos y el ciudadano que defiende controles estrictos sin odiar a nadie aprenden que el matiz tiene un costo. La amenaza, la burla y la jauría digital expulsan del debate a las voces responsables. Queda una conversación dominada por quienes gritan más, no por quienes saben más.
Los jóvenes reciben otra lección peligrosa: que la vulgaridad equivale a franqueza, la intimidación a carácter y el índice de audiencia a razón. Ese aprendizaje erosiona la democracia porque convierte el desacuerdo en enemistad y el prejuicio en identidad.
Los dueños de medios y programadores deben asumir su responsabilidad. La libertad de expresión protege al ciudadano frente al Estado, pero no obliga a una empresa privada a financiar, amplificar o convertir en entretenimiento la degradación de personas. Establecer códigos editoriales, exigir evidencia, impedir ataques por nacionalidad u orientación sexual y retirar espacio a quien persiste en cruzar esas líneas no es censura. Es responsabilidad profesional. Hablar es un derecho; disponer de una plataforma permanente pagada por otros no lo es.
Los anunciantes tampoco son neutrales. Su dinero sostiene programas, premia conductas y extiende audiencias. Una marca que examina su impacto ambiental debe revisar también su impacto cívico. El Colegio Dominicano de Periodistas y las escuelas de comunicación tienen que recuperar la frontera entre el periodismo de opinión y el espectáculo de la intimidación. Los partidos y funcionarios deben dejar de cortejar cabinas que convierten el miedo en capital electoral. Ninguna ventaja momentánea justifica degradar la convivencia ni perjudicar la posición internacional del país.
A los ciudadanos nos corresponde abandonar la fascinación por el escándalo. No debemos reenviar el insulto como entretenimiento, premiarlo con atención ni convertirlo en mercancía viral. Cuando un clip deba circular para ser denunciado, debe hacerlo con contexto y propósito.
La alternativa no es una conversación domesticada. Es una discusión exigente, con datos verificables, separación entre hechos y opiniones, derecho de respuesta y responsabilidades compartidas. Deben examinarse la conducta del migrante, la del empleador que contrata fuera de la ley, la del funcionario que no fiscaliza, la de los sectores que se benefician de la informalidad y la de la comunidad internacional que ha dejado a República Dominicana enfrentando casi sola las consecuencias de la crisis haitiana.
Defender la frontera no exige degradar al extranjero; proteger el trabajo dominicano no requiere explotar al trabajador haitiano; exigir orden no autoriza a convertir el odio en doctrina nacional.
La conversación pública es un bien común. Administrar un micrófono implica responder por lo que se difunde; financiarlo también. El público conserva el poder de premiar o rechazar.
El dial también es una urna. Votemos bien.