El lawfare no se detiene: Jorge Glas suma 13 años más de cárcel

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El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a 13 años por presunto peculado. Su detención en la embajada de México en 2024 desató una crisis diplomática.

orge Glas, exvicepresidente de Ecuador y símbolo de la persecución judicial contra líderes progresistas en América Latina, fue condenado este lunes a 13 años de prisión por el delito de peculado, en un fallo que refuerza el patrón de lawfare en la región.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, también lo inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos. El caso está relacionado con el manejo de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí, zona gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7.8 en 2016.

El abogado de Jorge Glas, Andrés Villegas, calificó la condena como una decisión «política» que “sepulta el último resquicio de dignidad de la justicia penal ecuatoriana”. A la salida de la audiencia en Quito, Villegas aseguró que el tribunal reconoció que su defendido no administraba fondos públicos, pero que igualmente lo responsabilizó por impulsar contrataciones durante la emergencia por el terremoto de 2016. “Se ha intentado justificar un delito que no existe”, afirmó el abogado, anticipando que apelará la sentencia y que todavía quedan dos instancias más para intentar revertirla.

El expresidente Rafael Correa se pronunció con fuerza tras la nueva condena contra Jorge Glas, su exvicepresidente y uno de los rostros más visibles del correísmo. A través de redes sociales, calificó el fallo como una decisión desproporcionada y sin sustento legal, y sostuvo que se trata de una muestra más del uso político del sistema judicial. Según Correa, no solo no se cometió un delito, sino que tampoco se justificaba una pena tan elevada. Denunció que la justicia en Ecuador ha perdido toda imparcialidad y llamó a la sociedad a no normalizar lo que considera una barbaridad institucional.

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Además, cuestionó las sanciones complementarias, como la suspensión de sus derechos políticos y la multa millonaria, afirmando que todo responde a una persecución por las obras impulsadas durante su gobierno. Mencionó que detrás de la sentencia hay juicios de valor sobre proyectos de infraestructura, más que verdaderas pruebas de corrupción. Para Correa, lo ocurrido no es justicia sino revancha, y dejó entrever que se trata de un intento por desacreditar su legado político a través de sus colaboradores más cercanos.

Condena política y persecución judicial

Glas cumple actualmente otras dos condenas por casos relacionados con corrupción, incluido el de Odebrecht, por el cual también fue condenado el expresidente Rafael Correa, hoy asilado en Bélgica y perseguido por el aparato judicial ecuatoriano.

Durante el proceso, Glas se declaró inocente y negó haber manejado fondos o haberse beneficiado personalmente. Diversos sectores han señalado que este nuevo fallo refuerza el uso del poder judicial como herramienta de represión política contra exfuncionarios vinculados a gobiernos progresistas.

Ruptura con México tras violación a su embajada

El caso tomó relevancia internacional en abril de 2024, cuando Glas fue capturado dentro de la embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo político. La irrupción violenta de policías ecuatorianos en la sede diplomática provocó una ruptura de relaciones entre México y Ecuador.

El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó el operativo como una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía mexicana. El encargado de negocios, Roberto Canseco, confrontó directamente a los agentes:

“A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país”, declaró ante la prensa.

Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Noboa acusó a México de haber otorgado un asilo contrario al derecho internacional, aunque la comunidad internacional condenó de forma unánime el asalto a la embajada mexicana por considerarlo una violación grave a la Convención de Viena y al derecho al asilo.

El caso de Jorge Glas refleja no sólo la crisis institucional y el deterioro del Estado de derecho en Ecuador, sino también el avance de una estrategia regional de criminalización de líderes progresistas y uso político de la justicia.

Fuente: DIARIO RED