Afecta a templos, colegios, residencias o viviendas, que abonarán las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
El Gobierno ha alcanzado este martes un acuerdo con la Iglesia católica en materia de fiscalidad para que todas sus propiedades no destinadas al culto paguen desde ahora las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El acuerdo ha sido sellado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal, con el asenso de la Santa Sede.
La Iglesia ha estado exenta hasta este momento de abonar las contribuciones especiales, que es un tributo que puede cobrar un ayuntamiento cuando pavimenta o mejora los servicios públicos de una vía al aumentar el valor del inmueble situado en la misma. Las propiedades eclesiásticas tampoco han tenido hasta ahora la obligación de liquidar el conocido como ICIO, que consiste en una tasa también municipal que los particulares tienen que liquidar cuando realizan una reforma en un inmueble. La cuota es del 4%.
Pagarán los impuestos
El cambio afecta a parroquias, colegios, residencias o viviendas de la Iglesia
El cambio afecta a parroquias, colegios, residencias o viviendas propiedad de la Iglesia católica si realizan alguna obra, indican fuentes de la Conferencia Episcopal.
Gobierno y Conferencia Episcopal tramitarán ante El Vaticano la renuncia a estas exenciones, que era una cuestión derivada de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. El Ejecutivo, además, derogará la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda, de la etapa de José María Aznar, donde se regula la inclusión del ICIO en los Acuerdos entre España y El Vaticano.
Sí es cierto que una sentencia del juzgado número 4 de Madrid ya estableció en 2018 que la Iglesia debía pagar el ICIO si reformaba un edificio destinado a actividades ajenas a las estrictamente de culto.
Cambio histórico
El objetivo es homologar el régimen de la Iglesia al del resto de fundaciones
“El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”, se puede leer en un comunicado conjunto.
Àlex Garcia
Fuente: La Vanguardia