Los gobiernos progresistas de la región, con procesos electorales inminentes o en marcha, abrazan las denuncias de injerencia ante la escalada de presión desde la Casa Blanca
El “respaldo total” brindado el martes pasado por Donald Trump a Abelardo de la Espriella, quien, además de aspirante de la ultraderecha en las presidenciales de Colombia, es ciudadano estadounidense desde 2023, fue denunciado por su rival a la izquierda, Iván Cepeda, como “la intervención de un Gobierno extranjero” en una campaña electoral que se resolverá el próximo 21 de junio.
Más allá de la anomalía que supone la doble nacionalidad de Espriella, el apoyo de Trump a candidatos afines a Washington se ha convertido en una costumbre desde su regreso al poder, pese a que la diplomacia estadounidense evitó tradicionalmente, por más intervencionista que se mostrara durante décadas por otras vías, tomar partido de forma tan explícita como lo que la Casa Blanca ha hecho por Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Nasry Tito Asfura (Honduras) o Laura Fernández Delgado (Costa Rica).
Todo forma parte de una estrategia que pasa, como casi todo en las relaciones exteriores de Trump, por contemplar América Latina en clave de problema interno. Desde esa óptica, el presidente de Estados Unidos y sus ideólogos, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el estrecho aliado de Trump Stephen Miller, no ven reparos en empujar para lograr que las fichas de la izquierda del dominó político de la región caigan bajo la presión de Washington. El objetivo es dibujar un tablero de gobiernos exclusivamente de derechas, alineados ideológicamente con los intereses del vecino del norte. Y en ese plan maestro, los siguientes objetivos, sin paciencia para esperar a que el péndulo ideológico natural culmine su trabajo, son Colombia, Brasil y el premio gordo: México.
La resurrección de la vieja “guerra contra las drogas”, lanzada en los años 70 por el presidente Richard Nixon, y la reactivación de la polvorienta Doctrina Monroe, que desde hace dos siglos proclama que América (el continente) es para los americanos (entendido como los estadounidenses solamente) son los andamiajes teóricos para esa campaña de dominación del que, de nuevo, Washington contempla como su “patio trasero”. Esas ideas quedaron claras en dos documentos esenciales para entender el presente y el futuro de una relación siempre convulsa.
Por una parte, está la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense. Hecha pública en diciembre, fijaba la prioridad de “restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental” (que es como en Washington acostumbran a llamar al continente americano). Venía además con una adenda, el “corolario Trump”, resumido en una “restauración sensata y contundente” del “poder y las prioridades” de Estados Unidos, que, como se ha podido comprobar desde entonces pasa, si hace falta, por el apoyo a candidatos afines, por la captura militar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, o por la asfixia de Cuba para doblegarla a los intereses de Estados Unidos.
El otro papel es la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Publicado en mayo, plantea un enfoque más agresivo sobre la cadena global de producción y tráfico de narcóticos, ignora, como es habitual, el problema de la demanda estadounidense y pone el foco sobre Colombia y México. El documento sirve de justificación a acciones de la Administración de Trump como la campaña de ejecuciones extrajudiciales de tripulantes (más de 200, hasta la fecha) de supuestas narcolanchas, presuntos culpables de delitos que no están castigados por la pena de muerte en Estados Unidos, las operaciones conjuntas contra los carteles ya en funcionamiento en Ecuador, y bajo presión de ponerlas en marcha en Guatemala, o la promoción de la etiqueta de “narcoterrorismo” como justificación semántica para todo lo anterior.
En este contexto, los tres gobiernos de países no explícitamente alineados, México, Brasil y Colombia, han elevado el tono a medida que crecía también la presión. En las últimas semanas, la tesis de la erosión de la soberanía por la injerencia estadounidense, con mayor o menor intensidad, está ya sobre la mesa en un momento decisivo para los tres países. Colombia aguarda la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Brasil celebra sus comicios generales en octubre y México tiene el año que viene cita con las urnas para renovar el parlamento.
México, la narcopolítica en la diana judicial
Desde el primer día de su mandato, México ha estado en la diana de Trump. La clasificación como organizaciones terroristas a seis mafias mexicanas del narco —el mayor número de la lista— fue un salto mucho más que retórico, la Casa Blanca abría la puerta a intervenciones militares en el territorio del vecino del sur. Con esa presión constante sobre los hombros, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha ido negociando el resto de demandas de Washington —del comercio a la migración— en una intensa relación bilateral. Rara era la semana en que algún senador republicano, algún miembro del Gabinete o incluso el propio Trump, deslizaban su intención de encargarse del problema ellos mismos, con o sin colaboración de México.
La presidenta Sheinbaum defendía con insistencia el límite de la soberanía nacional y trataba de colocar en la agenda la tesis de la “responsabilidad compartida” ante el problema de la droga y la violencia. Pero algo cambió el 19 de abril. Un accidente en la sierra de Chihuahua reveló que dos agentes de la CIA estaban realizando operaciones conjuntas con la fiscalía estatal. La presidenta reaccionó con firmeza denunciando que no tenían autorización y, a partir ahí, todo se precipitó a toda velocidad. Menos de dos semanas después llegó la explosiva imputación del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve altos funcionarios estatales, por vínculos con una de las facciones del Cartel de Sinaloa.
La relación bilateral escaló a una nueva fase, más crítica y con cada vez con menos espacio de maniobra para México. El Gobierno exigió más pruebas y anunció una investigación propia, mientras desde el otro lado de la frontera se suceden las señales de que hay más denuncias a punto de salir contra gobernadores de Morena. En paralelo, se activaron también las palancas políticas y parlamentarias. La semana pasada, la mayoría oficialista aprobó una reforma a la Constitución para permitir que las elecciones se puedan anular invocando una “injerencia extranjera”. Hasta abrazar explícitamente la tesis de la intervención detrás de los golpes judiciales. “¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”, se preguntó retóricamente la presidenta este domingo durante un acto masivo.
Como colofón, el expresidente y tótem de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este miércoles en la escena pública para apuntalar la misma estrategia, cerrando filas con la presidenta al denunciar “prácticas intervencionistas con el pretexto del combate al narcotráfico”. Una tesis en la que profundizó al asegurar que “algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”.
Brasil, terrorismo de la droga y posible nuevo tarifazo
La primera injerencia en las elecciones de Brasil —el intento explícito de sabotear el juicio contra Bolsonaro padre en 2025— dejó al Gobierno de Lula y a los propios instigadores, los Bolsonaro, boquiabiertos, en estado de shock. Las nuevas maniobras emprendidas ahora por Washington ya no han sorprendido a nadie. Al incluir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho en la lista estadounidense de terroristas a partir de este viernes, junto a Al Qaeda, el ISIS, la palestina Hamás o la libanesa Hezbolá, la Administración Trump entra de lleno en el debate brasileño sobre la seguridad pública, una de las principales preocupaciones del electorado.
El Gobierno de Lula, que hábilmente y con paciencia logró neutralizar el grueso de los aranceles de 2025, no ha conseguido en esta ocasión persuadir a Trump de que se frenara en su plan de militarizar la lucha contra la delincuencia que reclamaban los Bolsonaro. Estados Unidos anunció la noticia al día siguiente de que Flávio Bolsonaro, que pretende disputar las elecciones contra Lula, se lo pidiera a Trump durante una visita al Despacho Oval. Lula prefiere atacar al PCC y al CV por el flanco del dinero, no con fuego grueso.
El presidente Lula puso el grito en el cielo porque considera que etiquetar como terroristas a ambas bandas —de manera unilateral y al margen de la ONU— supone un ataque frontal a la soberanía nacional y abre la puerta a una intervención militar.
Washington tiene más artillería en la recámara. El Gobierno de Trump sopesa seriamente imponer un nuevo tarifazo del 25% Brasil por prácticas comerciales desleales, incluido el superpopular sistema de pagos instantáneo Pix, que compite con las tarjetas de crédito estadounidenses. La decisión final atañe a Trump. Estados Unidos prepara un segundo arancel extra contra Brasil, China y buena parte del planeta por usar trabajo forzado. Mientras, Lula y Bolsonaro hijo han entrado de lleno en una guerra dialéctica de calibre grueso. El presidente acusa a su rival de ser un traidor, mientras este le acusa de proteger a narcoterroristas mientras asegura que le ha pedido a Trump que no apruebe los nuevos aranceles.
Y como esto va de geopolítica, Irán se ha colado en la bronca entre Estados Unidos y Brasil con un vídeo de inteligencia artificial en el que la Estatua de la Libertad agrede al Cristo Redentor, que devuelve el golpe y vence. Fue difundido tras la amenaza de aranceles por la embajada iraní en Túnez, el brazo de la propaganda animada de Teherán en la guerra contra EEUU e Israel. FIN
Colombia: Trump irrumpe en plenas elecciones
Trump esperó a que ocurriera la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas para intervenir directamente en la campaña. Tras acercamientos de varios de sus cercanos con la campaña del ultra, encabezadas por el senador norteamericano de origen colombiano Bernie Moreno, la noticia no sorprendió. En un post publicado el 2 de junio en Truth Social, el presidente estadounidense respaldó al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, un penalista caribeño que ha construido su campaña sobre las críticas a la burocracia, el llamado a la mano dura y el rechazo a unas élites a las que llama corruptas —valores que resuenan con los del propio Trump. De la Espriella agradeció de inmediato y prometió construir la mayor red de alianzas y tratados con Estados Unidos de la historia del país.
Gustavo Petro, que lleva semanas haciendo campaña abierta contra De la Espriella y en favor de su candidato, el senador Iván Cepeda, respondió repudiando la injerencia y llamando a Colombia a seguir adelante con su proceso más allá de las opiniones del mandatario norteamericano. La declaración llega en un momento particular de la relación entre los dos presidentes: tras una serie de crisis en el primer año de Trump —que incluyó el anuncio de una guerra comercial que nunca se concretó y la suspensión de la visa de Petro para entrar a Estados Unidos—, una visita del colombiano a la Casa Blanca en febrero pasado había limado las asperezas. Petro llegó a decir que tenía una buena relación con Trump.
Fuente: EL PAIS