A pesar que Luis Abinader cuenta con mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, no ha hecho uso de ella con estas iniciativas.
En el uso de la iniciativa de ley, el presidente Luis Abinader ha sometido al Congreso Nacional decenas de proyectos legislativos desde su primera gestión de gobierno, dirigidos a transformar el aparato estatal, fortalecer la institucionalidad y la transparencia, entre otros aspectos relevantes.
A pesar de que el mandatario y líder perremeísta cuenta con una mayoría “aplastante” en el Senado y la Cámara de Diputados, no ha hecho uso de ella con al menos 10 piezas legislativas de impacto, estancadas en el órgano bicameral desde hace uno hasta casi cinco años.
A diferencia de otras iniciativas del Ejecutivo que lograron ser ley “sin inconvenientes”, las que se verán a continuación le pasó el tiempo constitucional establecido (dos legislaturas ordinarias) luego de ser remitidas a las respectivas comisiones para su estudio y posterior aprobación.
Uno de los más “frescos” de los proyectos, por ser sometido hace 16 meses, es el que busca modificar la Ley 16-92, del Código de Trabajo.
El 10 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, depositó la legislación ante el Senado, la cual, de acuerdo al anuncio del Gobierno, procura ampliar los derechos y mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Desde entonces, el marco legislativo ha sido centro de debates entre el tripartismo, en especial los sindicalistas y empresarios, por el tema de la cesantía, que no se incluyó en la propuesta original. Al no haber consenso con el espinoso tema, la pieza perimió en la Cámara de Diputados la noche del 26 de julio de 2025 tras ser aprobada por el Senado.
La norma fue reintroducida, sancionada en la Cámara Alta y en la actualidad está estancada en la Cámara Baja por el mismo tema, aunque diputados aseguran que existen otros puntos de desacuerdo que superan los 10.
Modificación a la Ley 112-02
El proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana cumplirá cuatro años “durmiendo” en el Congreso Nacional el próximo 28 de febrero.
La iniciativa establece un modelo de reorganización integral del sector de los combustibles en el país, mediante modificaciones a la Ley 112-00, que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo.
La legislación fue presentada en el Senado el 28 de febrero de 2022 ante el reclamo nacional por el alza constante de los precios del petróleo y frente a la promesa del entonces ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, de la “fórmula” de los combustibles.
El Ejecutivo introdujo la pieza en la Cámara Alta un año después de haberlo prometido en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero de 2021. La iniciativa perimió en el seno de la comisión senatorial de Industria, Comercio y Zonas Francas sin ningún avance.
El marco legal establece ajustes quincenales a los precios de los combustibles, en vez de semanales; crea mecanismos para fondos en tiempos de inestabilidad; busca automatizar las estructuras y procesos; y desmonta las exoneraciones de combustibles para sistemas de energía que no estén interconectados.
El referendo
Otro proyecto de ley del Gobierno con mucho tiempo en el Congreso es el de referendo, que se acerca a los cinco años. La pieza fue sometida en la Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2021, luego de que una comisión de juristas trabajó en la redacción del documento bajo la supervisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
El pliego de ley mandato de la Carta Magna proclamada en 2010 se enmarca en el referendo consultivo y constitucional aprobatorio.
La iniciativa detalla quiénes pueden iniciar el trámite de referendo y cómo conoce el Congreso Nacional dicha solicitud en los diferentes supuestos. También aborda cuál procedimiento se sigue para la materialización de las consultas, entre otros aspectos de interés.
A pesar de su importancia, el proyecto de ley perimió, siendo rescatado por otros congresistas y reintroducido en las legislaturas posteriores. La pieza vuelve a caducar cada dos legislaturas al no lograr ser sancionada por ambas cámaras.
El proyecto de ley integral para erradicar violencia contra la mujer
En diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo sometió en el Senado un proyecto de ley integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, elaborado y consensuado por el Ministerio de la Mujer junto al Sistema de Protección y sociedad civil.
Al igual que las iniciativas anteriores, el pliego de ley perimió sin que se conozcan avances significativos sobre el estudio del mismo. El marco jurídico ha sido rescatado por otros legisladores y vuelve a “morir”.
Modificación a la Ley 41-08, de Función Pública
El Gobierno sometió en la Cámara de Diputados, hace más de tres años, el proyecto de modificación de la Ley 41-08, de Función Pública. Fue en noviembre de 2022.
La iniciativa tiene por objeto regular los subsistemas de Gestión de Recursos Humanos, las relaciones de trabajo, los derechos y deberes del personal designado en la administración pública. También elimina el tope de 55 años para ingresar a la carrera administrativa, propone el salario catorce para todos los servidores públicos, entre otros detalles.
Similar a los pliegos de ley ya vistos, la pieza perimió y no ha logrado ser ley, pese a los intentos de otros legisladores.
Jurisdicción contenciosa administrativa
Se suma a los proyectos de ley del Ejecutivo estancados en el Congreso, el de la jurisdicción contenciosa administrativa, presentado en el Senado el 22 de agosto de 2022; hace más de tres años.
La legislación busca garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los tribunales superiores administrativos, como también de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, consagrados en la Constitución.
La norma legislativa regula todo lo relativo al procedimiento contencioso administrativo, incluidos objeto, fases, plazos, capacidad y legitimación procesal, representación y defensa de la Administración Pública y medidas cautelares, así como lo relativo a la sentencia y su ejecución, entre otras formas de terminación del proceso, y los respectivos recursos habilitados.
Regula juegos de azar
Otro proyecto del presidente Luis Abinader “en la misma ruta” es el que busca regular, supervisar y enfrentar el lavado de activos en el sector de los juegos de azar en la República Dominicana, sometido al Senado en junio de 2025.
El pliego de ley, que persigue la formalización de uno de los sectores económicos con mayor grado de informalidad en el país, establece la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como nueva entidad reguladora.
Eliminación del Condex
En febrero de 2025, el presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional, vía el Senado de la República, el proyecto de ley que elimina el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex).
La iniciativa forma parte de las medidas del Gobierno que buscan la eliminación de algunas entidades y la fusión de otras, con duplicidad de funciones, como forma de ahorrar recursos al Estado.
La pieza “murió” en la Comisión Dominicanos Residentes en el Exterior, sin rendir informe, y fue reintroducida con modificaciones el pasado 7 de enero por la senadora María Mercedes Ortiz (PRM-Hermanas Mirabal).
El Condex fue creado con el propósito de ejecutar procesos participativos para la concertación de políticas, programas, proyectos y acciones que vinculen e integren la población emigrante nacional a la gestión del Estado.
Contra la ciberdelincuencia
Se destaca en el listado el controversial proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual el presidente de la República depositó y retiró de la Cámara de Diputados en junio 2022 ante la crítica de sectores a artículos relacionados con la discriminación, difamación e injuria.
También, el 22 de junio, el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo acusó al gobierno de plagiarle el proyecto de ley que crea el Sistema de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia de la República Dominicana, el cual dijo fue el producto de varios años de investigaciones y arduo trabajo sobre el tema.
Al retirar el documento legislativo, el Gobierno informó que lo hizo con el propósito de que fuera estudiado por la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre la libertad de expresión, que aún no había sido sometida.
En mayo de 2023, los representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reintrodujeron ante la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto de ley, cuyo objeto es lograr la prevención, persecución y sanción de los delitos cometidos en detrimento de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como los cometidos mediante el uso de tales tecnologías en contra de personas físicas o jurídicas.
Libertad de expresión
Aunque el presidente Luis Abinader no puso “ni una coma” en la elaboración del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, que perimió en una comisión especial del Senado en la pasada legislatura, la iniciativa se le suma, ya el mandatario la sometió al Congreso el 2 de mayo de 2025.
La controversial reforma legislativa caducó en el Senado la noche del pasado 12 de enero sin un informe favorable. La legislación, elaborada por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (CCLEX), fue rechazada por la “concentración de poder” del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom).
El proyecto tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información. También crear al Inacom como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales.
Establece el plazo de vigencia de los proyectos
La Constitución y reglamentos de las cámaras congresuales establecen que los proyectos caducan cuando, una vez iniciado su trámite, le pasan dos legislaturas ordinarias sin ser convertidos en ley.
La Carta Magna consigna, en su artículo 104, que los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100 -que trata sobre los efectos de las convocatorias extraordinarias-, seguirán los trámites constitucionales “en la legislatura siguiente”, hasta ser convertidos en ley o rechazados. Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como “no iniciado”.
En la parte in fine del artículo, el término no iniciado significa que la pieza legislativa perime o caduca (que es lo mismo). Al perimir, el proyecto de ley se considera no iniciado, por lo que debe ser introducido nuevamente desde cero.
Los artículos 103 y 107 de la Ley Sustantiva refuerzan la interpretación de que el Congreso Nacional cuenta con dos legislaturas ordinarias para convertir en ley un proyecto, una vez haya iniciado su trámite.
De acuerdo con el artículo 96 del Texto Supremo, el presidente de la República es uno de los entes del Estado que tiene derecho a iniciativa en la formación de leyes. El mandatario puede presentar su propuesta de ley en ambas cámaras personalmente o mediante un representante.
Cuatro
años se cumplirán el próximo 28 de febrero desde que el PE sometió al Congreso la modificación a la Ley 112-02.
Legisladores
Rescatan los proyectos de ley que caducan del Poder Ejecutivo, tras no ser aprobados en dos legislaturas ordinarias.
Ito Bisonó
Se va a transparentar la estructura de costo (en modificación a Ley 112-02). Ya no habrá ese otro costo que suponía algunas dudas”, dijo el 28/2/2022
Luis Abinader
«Quien les habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley (de libertad de expresión), una coma”, aseguró el 12 de mayo de 2025.
Fuente: el Caribe