La isla rompe sus dogmas y adopta muchas de las medidas liberales que rechazó durante décadas
En un sistema tan hermético como el cubano, los detalles más discretos funcionan como códigos cifrados. Al dirigirse al Comité Central del Partido Comunista, el presidente, Miguel Díaz-Canel, justificó el paquete de reformas de mercado más ambicioso del que se tenga memoria bajo la premisa de que es la hora de “cambiar lo que haya que cambiar”. La frase no es casual. Evoca el discurso del año 2000, cuando la isla aún se lamía las heridas del colapso soviético. Fidel Castro definió entonces la Revolución como el “sentido del momento histórico” y la urgencia de “cambiar todo lo que debe ser cambiado”. Como ahora, hace 26 años el fin del régimen parecía inminente. Más de un cuarto de siglo después, la cúpula se ve obligada de nuevo a rasgar sus dogmas para sobrevivir, acechada esta vez por la asfixia económica y la presión de Washington. Pero ahora, Cuba busca oxígeno en unas reformas tardías que la población recibe con escepticismo.
El Gobierno ha dado un giro radical en el tablero económico. La velocidad ha reventado los cronómetros cubanos. El trámite de las reformas roza la herejía en un país acostumbrado a que los burócratas mastiquen los cambios profundos durante décadas antes de dar el paso definitivo. Por ejemplo, la gran reforma monetaria de 2021, calificada años después como un fracaso por el oficialismo, tardó una década en entrar en vigor. Pero la urgencia manda. En una sola semana, Díaz-Canel anunció el golpe de timón, el Comité Central dio el visto bueno y el Parlamento escenificó su tradicional coro unánime de aplausos para aprobar el paquete. Sin embargo, el grueso de las medidas llega con retardo. “Todos estamos de acuerdo en que si se hubiesen hecho 10 años atrás, Cuba literalmente sería ya otro país”, cuenta por teléfono Marta Deus, una empresaria cubana afincada en La Habana.
Para Deus, una de las figuras visibles del pequeño empresariado en el país socialista y cofundadora de la app de delivery Mandao, las medidas representan una oportunidad indiscutible, pero cargada de matices y de una profunda dosis de realismo cotidiano. “Muchas personas estamos discrepando sobre cuándo es que las van a poder implementar”, dice. La desconfianza ante el alcance real de lo aprobado el jueves por la Asamblea es un sentimiento arraigado. En el pasado, los amagos de apertura han sido frenados por la burocracia del Estado. La última andanada aperturista, en los tiempos del expresidente Raúl Castro (2008-2018), se disipó pese al corto acercamiento con Estados Unidos en los últimos compases de la era de Barack Obama.
Un cambio radical
El documento aprobado este viernes, un mamotreto de 176 disposiciones, traza una raya en el oxidado modelo de planificación centralizada al estilo soviético. El texto legaliza lo que hasta hace unas semanas se consideraba un sacrilegio capitalista. Entre otras muchas cosas, abre la rendija a la banca privada, permite la inversión extranjera directa en el turismo, acaba con el monopolio estatal del comercio exterior y estira el corsé de las plantillas privadas más allá del límite de los 100 empleados. Miradas desde la inmovilidad de La Habana, las reformas son un terremoto radical.
Pero observadas con un poco de distancia, no son más que el viejo pliego de peticiones que los economistas críticos —muchos de ellos en el exilio— llevaban décadas exigiendo a gritos. “Es la historia de siempre: hacen reformas cuando no les queda de otra. En los noventa fue igual. Y es que, al final, ha pasado nuevamente: [los cambios] se introducen cuando el país no tiene condiciones sociales para asimilarlos”, lamenta Tamarys Bahamonde, doctora en Urbanismo y Políticas Públicas por la Universidad de Delaware y economista de la Universidad de La Habana.
Una reforma de mercado al estilo chino o vietnamita, pero en el peor momento posible. Así lo resume Manuel Cuesta Morúa, director de la plataforma Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), una de las principales organizaciones disidentes dentro de la isla. La comparación asiática no es nueva. Durante décadas, las delegaciones chinas y vietnamitas han mostrado, al menos tras bambalinas, su frustración ante la intransigencia de sus socios ideológicos. Es una de las revelaciones de corrillos que han escuchado hasta el cansancio no pocos corresponsales de la prensa occidental en Cuba.
Una de las voces que predicó en el desierto es el prestigioso economista cubano Carmelo Mesa-Lago, autor del libro Comparación de enfoques socialistas: economía y seguridad social en Cuba, China y Vietnam. Para el experto, incluso con la presión máxima de Washington, que ha impuesto un bloqueo petrolero de facto desde inicios de año y ha amenazado con congelar los activos en su territorio de toda persona o empresa que quiera asociarse con Cuba, una reforma al estilo de estas dos naciones puede mejorar aunque sea un poco la golpeada economía cubana. “Vietnam hizo su reforma agrícola cuando todavía Estados Unidos le tenía impuesto un embargo y lo logró”, cuenta por teléfono.
Un momento crítico
La flexibilidad legal, sin embargo, choca con la cruda realidad de un país sin liquidez, combustible ni ingresos. El contexto en el que se producen estos anuncios es crítico. La escasez crónica de combustible, la crisis energética y la inflación han erosionado la base operativa de cualquier negocio independiente. Sin mencionar el alto riesgo que implica invertir en un país sancionado fuertemente por Washington. “Está todo tan rígido por las sanciones, la caída del turismo… o sea, no hay apenas vuelos, no hay gente, no hay movimiento, no hay inversión extranjera, no hay movimiento de dinero, entonces, bueno, ¿a quién le vendes?”, se lamenta la empresaria Marta Deus. Al final del día, para la emprendedora, el éxito final de la reforma no dependerá exclusivamente de la letra pequeña de la Gaceta Oficial cubana. “Hay cosas que dependen de las sanciones de Estados Unidos, como todo lo que es inversión extranjera”, reconoce Deus.
También hay otro melón por abrir: cuánto más puede profundizarse la desigualdad. En la Cuba de hoy, los contrastes son brutales y cotidianos. En una misma cuadra conviven el jubilado que revuelve en los contenedores de basura y el nuevo rico, con acceso a divisas, que acelera un coche de alta gama camino a su casa blindada contra los apagones con paneles solares, mientras el resto del barrio acumula más de 24 horas a oscuras.
El sociólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas, en la órbita del oficialismo, cree que sí existe el riesgo de que este fenómeno se extienda, pero hace un matiz. “La desigualdad ha ido aumentando desde las primeras medidas para enfrentar la crisis, en 1993 y 1994, y las actuales van a continuar haciéndolo. Habrá más gente que concentre riqueza, pero ese es el costo ahora de reducir el nivel de pobreza. La diferencia es que va a haber más desigualdad hacia arriba pero menos hacia abajo. Y reducir la pobreza es vital en cualquier socialismo”, analiza.
Uno de los puntos más críticos será la desaparición de los subsidios universales a los productos de la cartilla de racionamiento de los cubanos para pasar a un sistema en el que se subvencione a personas que las autoridades consideren vulnerables. “Hay que ver qué se va a hacer en paralelo para salvar a esa gente, que no va a poder invertir en nada, que no tiene a nadie que le mande dinero del extranjero, que no va a poder pedir un crédito y que no tiene acceso a absolutamente nada”, concluye Bahamonde.
Fuente: EL PAIS