Escrito Por: Margarita Cedeño@Margaritacdf
Hay momentos en la vida de los países en los que gobernar no consiste en administrar popularidad, sino en asumir el costo político de decir verdades incómodas. República Dominicana se acerca nuevamente a uno de esos momentos. La discusión sobre una reforma tributaria volverá tarde o temprano, porque las presiones fiscales, el subsidio creciente de sectores sensibles, el aumento del gasto corriente y las demandas sociales hacen inevitable replantear cómo se recauda, cómo se gasta y quién carga realmente con el peso del Estado.
Pero esta vez hay una diferencia importante. Probablemente sea la última oportunidad política del gobierno para abrir esa conversación, dado el contexto internacional y la necesidad de que el país esté en mejores condiciones para enfrentar la situación actual y otras futuras que puedan presentarse. Después, cualquier intento encontrará más resistencia, menos credibilidad y un ambiente político mucho más contaminado por el calendario electoral.
Por eso, si la conversación va a darse, debe hacerse bien. Y hacerlo bien implica comprender que una reforma tributaria no puede presentarse únicamente como un mecanismo para recaudar más. Tiene que ser percibida como un pacto de equidad, eficiencia y sacrificio compartido.
Ese es precisamente el valor de algunas reflexiones recientes de tributaristas que han planteado la necesidad de eliminar impuestos distorsionantes, de baja recaudación o económicamente ineficientes. La relevancia de esa discusión no está solamente en los aspectos técnicos, sino en el mensaje político que contiene, dado que una reforma seria no puede limitarse a crear o aumentar tributos; también debe desmontar cargas absurdas, eliminar distorsiones y reconocer cuándo el propio sistema fiscal castiga la inversión, la formalidad y la productividad.
Claro está, ninguna conversación tendrá legitimidad si el gobierno no demuestra primero que está dispuesto a sacrificarse también. Ese es el punto central que muchas veces fracasa en América Latina. Los ciudadanos aceptan con dificultad mayores cargas tributarias cuando perciben desperdicio, privilegios, duplicidades institucionales o gastos públicos desconectados de sus propias realidades.
La población puede entender que el Estado necesita recursos. Lo que no acepta fácilmente es que se le pidan más sacrificios mientras no exista una señal clara de austeridad, racionalización y eficiencia desde el propio aparato gubernamental.
Por eso, una inevitable reforma tributaria debería venir acompañada de medidas visibles y contundentes, de reducción de gastos superfluos, eliminación de estructuras redundantes, revisión de privilegios, límites al crecimiento del gasto corriente y metas claras de eficiencia institucional.
La discusión fiscal no puede separarse de la discusión sobre calidad del gasto público. Mientras más tiempo se posponga el debate, más traumática será la solución futura. Los países rara vez corrigen sus problemas fiscales en momentos cómodos; normalmente lo hacen cuando la presión ya se volvió insostenible.
La política existe precisamente para enfrentar conversaciones difíciles antes de que se conviertan en crisis inevitables. República Dominicana todavía tiene margen para discutir una reforma tributaria desde la racionalidad y no desde la desesperación. Pero para lograrlo se necesita liderazgo político, honestidad intelectual y disposición al sacrificio compartido.
Fuente: Listin Diario