Las cuatro pruebas que todo proyecto político debe superar para gobernar con éxito
Escrito Por: Nelson Espinal Báez
Todo proyecto político debe superar cuatro pruebas para gobernar con éxito. La primera es ganar la confianza de los ciudadanos. La segunda, llegar al poder. La tercera, aprender a ejercerlo. La cuarta, quizás la más difícil de todas, conservar la humildad suficiente para seguir aprendiendo una vez que se lo ha conquistado.
Colombia nos recuerda que muchas fuerzas políticas superan con éxito las dos primeras pruebas. Algunas incluso la tercera. Pero es en la cuarta donde empiezan a aparecer las dificultades.
¿Por qué?
Porque conquistar el poder y gobernar bien son dos desafíos completamente distintos.
Existe una diferencia profunda entre un movimiento político y un gobierno.
Un movimiento moviliza voluntades. Un gobierno organiza capacidades.
Un movimiento inspira. Un gobierno coordina.
Un movimiento convence. Un gobierno ejecuta.
Un movimiento despierta expectativas. Un gobierno produce resultados.
Un movimiento puede transformar la conversación pública.
Solo un gobierno puede transformar la realidad.
Ese es el momento en que cambian las reglas del juego.
Mientras la oposición vive de la fuerza de sus diagnósticos, el gobierno comienza a ser evaluado por la calidad de su ejecución.
La oposición identifica problemas. El gobierno tiene la obligación de resolverlos.
La oposición denuncia. El gobierno administra.
La oposición exige. El gobierno prioriza.
La oposición administra expectativas. El gobierno administra dilemas.
Porque gobernar no consiste en escoger entre el bien y el mal. Consiste, la mayoría de las veces, en escoger entre alternativas imperfectas, recursos limitados y prioridades igualmente legítimas.
La oposición puede permitirse el lujo de tener razón.
En el gobierno, tener la razón es insuficiente. Lo que los ciudadanos esperan son soluciones.
Ese es el verdadero examen de madurez del poder.
Gobernar exige abandonar la comodidad del diagnóstico para asumir la responsabilidad de la implementación. Exige convertir convicciones en instituciones, ideas en políticas públicas y promesas en resultados verificables.
Existe una confusión que atraviesa buena parte de la política latinoamericana: creer que la legitimidad moral sustituye la capacidad de gestión.
No la sustituye.
La legitimidad moral explica por qué una sociedad decide entregar el poder a un proyecto político.
La capacidad institucional explica por qué esa misma sociedad decide renovarle su confianza.
Son dos legitimidades diferentes.
La primera inspira esperanza. La segunda construye confianza.
Durante décadas, la política latinoamericana ha sobrevalorado la conquista del poder y ha subestimado el arte de ejercerlo. El gran desafío ya no consiste únicamente en producir mejores diagnósticos. Consiste en desarrollar una verdadera cultura de la implementación: gobiernos capaces de convertir principios en instituciones, programas en resultados y promesas en mejoras verificables para la vida de los ciudadanos.
La implementación convierte las promesas en resultados.
Eso exige liderazgo, capacidad institucional, medición, corrección y rendición de cuentas.
La democracia no administra intenciones. Administra resultados.
La integridad continúa siendo una condición indispensable para gobernar. Pero, por sí sola, no coordina instituciones, no ejecuta políticas públicas, no mejora los servicios públicos, no crea capacidades ni transforma la realidad. Nunca es suficiente.
Ese cambio de lógica transforma también el papel del Estado.
Gobernar implica resolver problemas públicos respetando la ley.
La autoridad moral facilita. La arrogancia moral entorpece.
La primera busca cómo hacer posible una solución. La segunda encuentra razones para impedirla.
La primera entiende que los procedimientos son instrumentos al servicio del ciudadano. La segunda termina convirtiendo los procedimientos en un fin en sí mismos.
La primera fortalece la confianza. La segunda fortalece la burocracia.
En esa diferencia se juega buena parte de la calidad de un Estado moderno.
Vista desde esta perspectiva, la reciente elección colombiana adquiere un significado diferente.
No se trata únicamente de una victoria de la derecha o de una derrota de la izquierda.
Se trata del momento en que una parte importante del electorado decidió evaluar un proyecto político con los criterios propios del gobierno y no con los de la oposición.
Sería injusto desconocer los aportes del gobierno de Gustavo Petro. Su llegada al poder representó un hecho histórico para Colombia y, durante sus primeros dos años, impulsó reformas y gobernó con un sentido institucional mayor del que muchos anticipaban.
Pero precisamente porque gobernó, dejó de ser una esperanza para convertirse en una experiencia.
Y las democracias juzgan de manera distinta las promesas que las experiencias.
Las campañas premian las intenciones. Los gobiernos son juzgados por sus consecuencias.
Los ciudadanos pueden compartir los ideales de un gobierno y, al mismo tiempo, retirar su confianza si perciben que esos ideales no logran traducirse en una mejor calidad de vida, mayor seguridad, mejores oportunidades o instituciones más eficaces.
Cuando los resultados no acompañan las expectativas, algunos gobiernos dejan de revisar sus decisiones y comienzan a revisar a los ciudadanos.
La pregunta deja de ser:
¿Qué debemos corregir?
Y pasa a ser:
¿Por qué la sociedad no entiende lo que estamos haciendo?
Es ahí donde la autoridad moral comienza a transformarse en arrogancia moral.
No porque la causa haya dejado de ser justa.
Sino porque la convicción de tener razón sustituye la obligación de producir resultados.
La autoridad moral escucha. La arrogancia moral descalifica.
La autoridad moral aprende. La arrogancia moral se justifica.
La autoridad moral corrige. La arrogancia moral persevera en el error.
Quizás esa sea la lección más profunda que deja Colombia. Las democracias no fracasan porque desaparezcan las buenas causas. Fracasan cuando los gobiernos confunden la legitimidad de esas causas con la eficacia de su gestión.
Ninguna causa, por legítima que sea, puede sustituir la disciplina de la implementación, el rigor de la gestión, la medición de resultados y la rendición de cuentas. Ese es el verdadero examen de madurez del poder democrático.
Fuente: Diario Libre