Los Gobiernos del istmo se pliegan a la estrategia de Washington contra el crimen organizado entre el temor a las represalias y la búsqueda de supervivencia política
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace 17 meses ha reconfigurado por completo el tablero de la seguridad en Centroamérica. Con una retórica agresiva y la puesta en marcha del llamado Escudo de las Américas —una feroz estrategia que coquetea con la intervención militar contra los cárteles de la droga—, Washington ha sometido a los Gobiernos de la región a una presión asfixiante. Tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas, el istmo ha vuelto a quedar en el centro de la diana geopolítica de Estados Unidos. Esta asimetría de poder ha forzado una mutación drástica en la logística del crimen organizado.
Ante el incremento de la vigilancia costera auspiciada por las agencias estadounidenses, las rutas del narcotráfico se han visto obligadas a alejarse de las costas centroamericanas, adentrándose en aguas internacionales para evadir los controles. Bajo este nuevo paradigma, los países centroamericanos responden de formas dispares. Mientras Gobiernos aliados de EE UU como los de Guatemala, El Salvador y Costa Rica ensayan discursos de mano dura y demandan asistencia técnica a Washington, regímenes como el de Daniel Ortega en Nicaragua se hunden en la opacidad para ocultar las grietas de sus supuestos muros de contención.
Ya sea por temor a represalias o por supervivencia política, Centroamérica se pone de rodillas frente a la agresiva política contra el crimen organizado de Trump.
Guatemala y el auxilio desesperado a Washington
Los enfrentamientos armados vinculados al narcotráfico se han intensificado en Guatemala. A finales de mayo, un convoy de unos 20 vehículos con placas guatemaltecas y hondureñas incursionó desde Honduras en una aldea de Chiquimula, en el oriente del país. El choque entre el Ejército y el grupo armado no identificado dejó un civil muerto. Según fuentes policiales y militares, estas incursiones del crimen organizado son cada vez más recurrentes.
Ante este panorama, el presidente Bernardo Arévalo envió una carta al Gobierno de Estados Unidos para solicitar más apoyo en capacitación, entrenamiento, asesoría y planificación operativa estratégica, así como un mayor intercambio de inteligencia para combatir las redes criminales.
La petición coincide con una ofensiva significativa de las autoridades guatemaltecas. Entre 2024 y 2026, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y el Ejército lograron decomisar más de 33 toneladas de cocaína, erradicar 3,6 millones de plantas de marihuana y 11,1 millones de arbustos de coca. Estas operaciones permitieron desmantelar 16 narcolaboratorios y 18 pistas de aterrizaje clandestinas, además de capturar a 2,154 personas y reclamar a 64 presuntos capos elegibles para extradición.
En respuesta a la solicitud de cooperación, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, se reunió esta semana con funcionarios guatemaltecos para fortalecer la colaboración bilateral frente a los cárteles. Para Mario Mérida, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Centroamérica atraviesa un punto crucial en su relación con las agencias estadounidenses: “Se ha logrado un mayor flujo de información que ha permitido adelantarse a algunas situaciones, lo que se refleja en incautaciones exitosas”.
El esfuerzo contra el crimen organizado también avanzó en el frente legislativo. El pasado 2 de junio, el Congreso aprobó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo. Arévalo celebró la normativa como una herramienta fundamental para ahogar las estructuras financieras ilícitas, un avance que también fue aplaudido por la embajada de Estados Unidos.
Bukele, el guardián de Trump en las aguas profundas del Pacífico
La diferencia fundamental entre El Salvador y otros aliados de Washington en el combate al narcotráfico radica en la distancia. Mientras Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá concentran sus esfuerzos en tierra, puertos o aguas jurisdiccionales cercanas, las operaciones salvadoreñas se desplazan cada vez más hacia el mar abierto.
El 14 de febrero de 2026, la Marina Nacional salvadoreña interceptó al FMS Eagle, un buque de bandera tanzana que navegaba a 380 millas náuticas (704 kilómetros) de la costa. En compartimentos sellados bajo el agua ocultaba 6.6 toneladas de cocaína valoradas en 165 millones de dólares, la mayor incautación en la historia del país. El presidente Nayib Bukele ironizó en su cuenta de X: “Gracias por el nuevo barco”, desatando la narrativa oficialista que catalogó a su Gobierno como “el muro del Pacífico”.
Sin embargo, los datos matizan la propaganda. Con cerca de 76 toneladas incautadas en siete años de mandato, El Salvador ocupa el séptimo lugar entre las nueve naciones con costa en el Pacífico de la ruta Ecuador-México, superando solo a Guatemala y Nicaragua.
Un análisis del Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra el Narcotráfico Marítimo (CMCON) de Colombia confirma este giro operativo: de 53 incautaciones registradas entre 2019 y 2026, 38 ocurrieron en el mar y solo 15 en tierra. Las incursiones son cada año más profundas, llegando a alcanzar las 570 millas náuticas —más de mil kilómetros mar adentro—, como la tonelada decomisada a un pesquero industrial en mayo de 2025.
Esta estrategia responde a factores geográficos y estructurales. El Salvador es un territorio pequeño (21,000 kilómetros cuadrados) ubicado en el centro de las rutas de tránsito. Además, junto con Nicaragua, carece de grandes cárteles tradicionales en tierra, lo que le permite volcar sus capacidades al océano ante las exigencias de la administración Trump.
Según el CMCON, esta presión en aguas profundas evidencia que el crimen organizado prefiere la “Ruta del Desierto”, un aislamiento oceánico bautizado así por marinos colombianos. En este espacio sin dunas ni arena, compuesto por miles de kilómetros de agua abierta, lanchas rápidas y buques pesqueros navegan durante días evadiendo las costas vigiladas.
Honduras: de corredor a productor en el esquema del narco
La ubicación geográfica de Honduras entre Sudamérica y Estados Unidos, sumada al histórico abandono estatal de su costa caribeña, la convirtió en un corredor clave de la droga desde 1970. En la década pasada, el Departamento de Estado estadounidense estimaba que el 75% de los narcovuelos hacían escala en su territorio; para 2020, calculó que unas 120 toneladas de cocaína —el 75% del consumo anual de Estados Unidos— pasaban por el país.
En el último lustro, el panorama se ha complejizado. Honduras dejó de ser solo un lugar de tránsito para convertirse en productor de hoja de coca. Desde 2017, organizaciones criminales contratan a agricultores locales para cultivar la planta en departamentos costeros y del norte como Colón, Olancho, Atlántida, Gracias a Dios y Yoro.
Solo en 2025, las autoridades destruyeron más de un millón de plantas. Además, recientemente el Gobierno localizó una plantación de 16,500 arbustos en una zona montañosa de Bonito Oriental, Colón. Las plantas estaban distribuidas en apenas tres manzanas de terreno (unos 21,000 metros cuadrados), una densidad que anticipa una producción exorbitantemente mayor.
Aunque históricamente los esfuerzos conjuntos con agencias de Estados Unidos fracasaron por la colusión de las estructuras criminales con agentes del Estado, el presidente Nasry Asfura ha buscado un viraje político. Desde su llegada al poder, se ha acercado a Washington prometiendo restituir el tratado de extradición e integrarse a la Alianza Anticárteles y Escudo de las Américas, impulsada por la administración Trump.
A finales de mayo de 2026, el mandatario aseguró que su Administración se está equipando tecnológicamente para enfrentar el flagelo. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos centroamericanos, Honduras no ha reportado golpes de impacto contra el narcotráfico en lo que va del año.
En contraste, el crimen organizado sí ha exhibido su fuerza durante los primeros cien días de gestión de Asfura. A finales de mayo se registraron tres masacres que dejaron un saldo de 24 muertos, entre ellos cinco policías. La continuidad de los ataques en los días posteriores obligó al Ejecutivo a sacar al Ejército a las calles.
El “muro de contención” de los Ortega-Murillo: una estrategia llena de grietas
La noche del 18 de marzo de 2026, las autoridades del Reino Unido incautaron 943 kilos de cocaína, valorados en 100 millones de dólares, ocultos en un contenedor de plátanos despachado desde Nicaragua. Un mes antes, la Marina de El Salvador había interceptado en el Pacífico el buque MS Eagle con 6.6 toneladas de la misma droga; entre los detenidos había tres nicaragüenses.
Ambos decomisos ponen en entredicho la principal bandera del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: el supuesto “muro de contención” contra el narcotráfico. Con este argumento, Managua busca esquivar las presiones de la Administración de Donald Trump, que ha priorizado la lucha antinarcóticos en la región, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Analistas consultados coinciden en que dicho muro está lleno de grietas. Investigadores bajo anonimato señalan que Nicaragua ha evolucionado de ser un corredor de tránsito a consolidarse como una plataforma logística de acopio y exportación transcontinental. Prueba de ello fue la tonelada de cocaína procedente de Nicaragua requisada en San Petersburgo, Rusia, en 2024.
El régimen niega sistemáticamente que estos cargamentos crucen sus fronteras y atribuye las alertas a campañas de desprestigio. Sin embargo, evaluar la efectividad oficial es casi imposible debido a la opacidad institucional. Tania Molina Rojas, consultora costarricense en seguridad, califica de “tabú” la eficiencia sandinista y destaca la complejidad de analizar el fenómeno criminal en un entorno autoritario que restringe la información.
Esta opacidad fue refrendada por el Departamento de Estado en su informe INCSR, que advierte sobre la nula cooperación bilateral y detalla que las incautaciones oficiales muestran una tendencia a la baja desde 2008. Además, una investigación del medio Divergentes reveló que la Policía simula operativos y que algunos decomisos de droga “abandonada” son, en realidad, pagos del crimen organizado a cambio de protección. Debido a esta falta de colaboración, Washington retiró a la DEA del país en 2025.
El panorama se complicó tras la caída de Maduro: la acusación de la Fiscalía de Nueva York identificó a Nicaragua como punto clave de tránsito del Cártel de los Soles. Ante la presión, el régimen cambió de táctica y en abril de 2026 anunció tres modestos golpes al narcotráfico, subrayando de forma deliberada que la droga provenía de Costa Rica, un giro con el que busca limpiar su imagen ante Washington.
Costa Rica: El dilema pacifista frente a la “mano dura”
Costa Rica, el histórico oasis de paz de la región, transita por sus años más sangrientos. Con una tasa de homicidios que duplica las cifras de hace una década, la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas es el principal temor de la ciudadanía. La nueva presidenta, Laura Fernández —quien asumió el cargo el 8 de mayo prometiendo continuidad a las políticas de su mentor y actual superministro Rodrigo Chaves—, enfrenta una encrucijada fiscal y judicial.
Fernández ha evitado criticar el violento cuatrienio precedente (2022-2026), pero fulminó al anterior ministro de Seguridad y ha dado un viraje hacia la doctrina bukelista: este año inaugurará una cárcel de máxima seguridad y presiona para implantar estados de excepción en las zonas más calientes del territorio.
Este giro se da en estrecha alianza con el Washington de Trump. En marzo, Chaves y Fernández viajaron a Miami para el lanzamiento del Escudo de las Américas, donde se llegó a plantear la posibilidad de operaciones militares conjuntas contra los cárteles. Para una sociedad orgullosa de no tener Fuerzas Armadas, el tema es altamente sensible.
Aunque el Ejecutivo ha descartado el ingreso de tropas extranjeras, la presencia de la DEA y los decomisos de la armada estadounidense en altamar son habituales. Asimismo, el Gobierno fía su narrativa de eficiencia a los escáneres de contenedores donados por EE. UU., si bien las exportaciones de cocaína hacia Europa siguen goteando. Aunque las incautaciones se recuperaron hasta las 46 toneladas entre 2024 y 2025, los expertos coinciden en que la cifra no habla del éxito policial, sino del inconmensurable volumen de droga que satura los puertos costarricenses.
Panamá: el Canal como el botín más codiciado
Por su posición geográfica, Panamá es el embudo natural del tráfico transnacional. El Departamento de Estado calcula que el 30% de la cocaína producida en Colombia cruza por suelo panameño. A pesar de que el presidente José Raúl Mulino mantiene una tensa relación con la administración de Donald Trump debido a las presiones de Washington sobre la vía interoceánica, el país lidera las estadísticas de incautación regional: interceptó 100 toneladas en 2023 y acumula más de 43 toneladas hasta mayo de 2026.
Las autoridades panameñas confirman que la presión militar en el norte está empujando el tráfico mar adentro. Luis de Gracia, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), señaló que las lanchas rápidas ahora navegan en rutas paralelas a unas 300 millas de la línea de costa.
Con las rutas marítimas bajo estricta vigilancia, el verdadero talón de Aquiles de Panamá se encuentra en sus muelles. Más de cuatro millones de contenedores pasan cada año por sus terminales, convirtiéndose en el blanco de las redes criminales. Agencias de inteligencia estadounidenses y el CMCON de Colombia señalan que la técnica del rip-on/rip-off (o “gancho ciego”) —consistente en contaminar un contenedor legítimo con droga y clonar sus sellos de seguridad con la complicidad de trabajadores portuarios— es la principal vía de salida hacia Europa y EE. UU.
Asimismo, el uso de zonas insulares deshabitadas funciona como macrocentros de acopio temporal. El hallazgo en julio de 2025 de 685 kilos de cocaína ocultos en la isla Pedro González, en el Archipiélago de Las Perlas, confirmó esta modalidad en el Pacífico oriental.
Mulino se ha sumado formalmente al frente político de Trump contra las mafias, pero mantiene una línea roja infranqueable ante las pretensiones de Washington de desplegar patrullas militares conjuntas en aguas soberanas: “El Canal es de Panamá y seguirá siendo de Panamá”, zanjó el mandatario, resumiendo el frágil equilibrio de la región frente al narcotráfico y su soberanía.
Fuente: EL PAIS