El Poder Ejecutivo, a través de la Consultoría Jurídica, firmó ayer un marco de cooperación con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), con el cual buscan consolidar la institucionalidad democrática y crear escenarios para el ejercicio pleno de la ciudadanía, en el marco de la promoción de una cultura de colaboración constructiva entre el Estado y la sociedad.
Dicho acuerdo fue firmado en el Palacio Nacional por el presidente de la República, Luis Abinader, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa y el presidente y vicepresidente de la Finjus, Rafael del Toro y Servio Tulio Castaños Guzmán, respectivamente.
Con una vigencia de dos años, a partir de la fecha de la firma, pero prorrogable por períodos iguales, el acuerdo establece un marco de cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.
Tras la rúbrica del convenio, el presidente Luis Abinader afirmó que este instrumento tiene un valor que trasciende lo administrativo porque expresa una voluntad compartida de fortalecer el Estado social y democrático de derecho como fundamento de la convivencia, de la libertad y la institucionalidad del país.
“En tiempos donde muchas sociedades enfrentan el debilitamiento de las instituciones, la desconfianza ciudadana y la polarización extrema, la República Dominicana debe seguir apostando justamente, por lo contrario: más institucionalidad, más transparencia, más diálogo y más democracia. Porque la democracia no es solamente un sistema político. La democracia es, sobre todo, un compromiso moral con la dignidad humana y con la igualdad de oportunidades”, expresó el mandatario.
Permitirá enriquecer asesoría de PE
Al hablar sobre los beneficios del acuerdo, el presidente Abinader mencionó que permitirá enriquecer la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo con visión institucional, con rigor técnico y con vocación de servicio público en momento en que la República Dominicana continúa avanzando en la actualización y modernización de su ordenamiento jurídico.
“Porque una nación moderna no puede construirse sobre normas desactualizadas ni sobre instituciones débiles. El desarrollo sostenible requiere seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es un concepto abstracto reservado para abogados o tribunales”, manifestó Abinader.
Finjus colaborará con espíritu autónomo
De su lado, el presidente de la Finjus, Rafael del Toro Gómez, consideró que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años, y especialmente ahora, con la presencia de Jorge Subero Isa, maestro de la institucionalidad democrática y su equipo.
“Finjus asume las responsabilidades que se derivan de este acuerdo, marco de colaboración, con el ánimo sereno y las mejores energías de contribuir al fortalecimiento institucional y de una perspectiva autónoma coherente con nuestros principios y limitaciones, pero siempre desde una posición de respeto y espíritu constructivo”, expresó.
Se puso a las órdenes de la Consultoría Jurídica para establecer conjuntamente un plan de trabajo que conduzca al logro de sus propósitos.
Finjus y compromiso con el orden democrático
El presidente de la Finjus afirmó que el equipo técnico de Finjus se esforzará por colocarse a la altura del compromiso asumido con la garantía de que recibirán la colaboración permanente de importantes expertos juristas, académicos, organizaciones similares y ciudadanos identificados con los altos objetivos que animan al acuerdo, para hacer realidad una nueva experiencia, para demostrar que la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado y sociedad, es posible y necesaria para la democracia.
Del Toro Gómez indicó que desde la Finjus han sido defensores de la modernización y ampliación de los marcos de seguridad ciudadana con la transformación de su ley orgánica y órganos operativos; la promoción de mecanismos de conciliación y mediación de disputas en las comunidades; la persecución inteligente y estratégica de la cibercriminalidad mediante iniciativas como la extinción de dominio y la formalización de mecanismos contra el lavado de capitales y similares y especialmente en el área de las contrataciones públicas. También con la reforma y modernización de códigos fundamentales del ordenamiento democrático.
Fuente: el Caribe